El pasado 2 de junio fue publicado en el diario El Caribazo una notificación del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en la que declaraba a 521 mil hectáreas de los municipios Arismendi y Maneiro del estado Nueva Esparta, ociosas e incultas.
Del decreto no se salva ni Dios, pues se incluyen las iglesias, las canchas deportivas, casas, terrenos, bombas de gasolina y una parte del colegio Guayamurí (uno de los colegios privados más grandes de la isla).
Miguel Clemente vive en Atamo Sur (Arismendi), su hija Victoria es abogada y es la que ha llevado adelante los trámites ante el organismo de tierras.
"Nosotros ante el INTI somos ocupantes y no propietarios de los terrenos", afirma Victoria Clemente.
Asegura que todos tienen prohibición de remodelar, vender o alquilar las propiedades. La indicación fue que, de vender alguna propiedad, debía quedar especificado que estaba en litigio el terreno. "¿Pueden imaginar cuánto se deprecia la casa?". El INTI sólo les ha dicho que no va a haber desalojo, "pero nos tienen en condición de invasores cuando tenemos todos los permisos necesarios para vivir aquí".
Por su parte, la directora regional del Ministerio de Agricultura y Tierras, Zulay Moreno, informó que el decreto sólo intenta dar orden a las tierras que son de vocación agrícola y aquellas que ya están urbanizadas. Moreno manifestó que no "pretende quitarle las propiedades o casas a nadie sino rescatar y regularizar dichos terrenos", reflejó el diario local Sol de Margarita.
Las zonas afectadas son La Ceiba, Atamo Norte y Sur, Catalán, Chinguirito, Sabana de Guacuco, El Hato, Agua de Vaca y Los Cerritos.
Los terrenos de la Isla de Margarita pertenecían a las comunidades indígenas que habitaban la isla.
Clemente cuenta que ellos decidieron venderla y todos esos documentos están en los registros del estado Nueva Esparta.
SON MÁS DE DOS MIL A pesar de que la prensa ha reseñado que son 2.000 familias afectadas este número podría ser mayor, pues en la cifra sólo están incluidos los afectados de Atamo Norte. La abogada y afectada explicó que han tenido varias reuniones entre los vecinos porque van a introducir un recurso de amparo ante el TSJ para anular esa decisión.
Clemente indicó que el INTI no les ha dado el mejor de los tratos. "Nos pidieron que lleváramos los documentos de propiedad.
Creemos que piensan afectar a los que tienen más de 1.000 metros de terreno".
Lo que las comunidades no entienden de la medida es que fue el propio gobierno nacional el encargado de llevar todos los servicios de luz, aguas blancas, negras, asfaltado e inclusive la construcción de autopistas en los sectores afectados por el decreto.
Los afectados aseguran que hay mucha desinformación. La notificación fue publicada en el diario El Caribazo que no es el de mayor circulación en la isla. "Un funcionario del INTI, al reclamarle la falta de información, nos dijo que corriéramos la voz. Que si nosotros no teníamos Twitter y Pin de Blackberry", comentó Victoria Clemente.
Por su parte, en una nota de prensa el Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta, informó que se hará una investigación de estos hechos y se iniciarán las acciones necesarias para garantizarles a los ciudadanos el respeto a sus derechos. JESSICA CARRILLO MAZZALI / Tal Cual digital
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