Bomba de tiempo / Luisa Benavides

Mientras se espera el dictamen sobre la demarcación en la Sierra de Perijá, los productores de la zona enfrentan cada día más problemas para subsistir A unque el último anuncio de la Comisión Regional de Demarcación del Zulia es que para principios de noviembre ya tendrían el resultado sobre las tierras que serán entregadas a las comunidades indígenas Yucpa y Barí, los productores del municipio Machiques de Perijá encuentran nuevos obstáculos cada día para mantenerse operativos.

Armando Chacín, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), explicó que la falta de notificación de la comisión demarcadora para que los productores presentaran su defensa, es uno de los problemas que el sector enfrenta en la actualidad.

"La Comisión de Demarcación realizó las notificaciones en marzo a solamente un poco más de 20 predios de los 600 que cayeron en la demarcación. Según la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas se debió notificar a todos los afectados de la zona", denunció.

Chacín señaló que Gadema, por cuenta propia, empezó a notificar a los productores afectados por la demarcación para que presentaran el expediente de defensa de las tierras. Sin embargo, no todos lograron ser notificados a tiempo, por lo que solamente 400 consignaron sus alegatos ante la Comisión.

El dirigente ganadero indicó que otro problema que enfrentaron fue la negativa de la Comisión de dar acceso a los expediente para que los productores pudieran preparar la defensa. "No nos dieron los documentos hasta el noveno día, de los 15 que otorgaron para presentar los alegatos. ¿Cómo presentábamos la defensa si no sabíamos de qué se no estaba acusando?", cuestionó.

DEMARCACIÓN DESMEDIDA La directiva de Gadema denunció que la poligonal original de la demarcación ­que contemplaba 220 mil hectáreas en 1961 cuando se determinaron las coordenadas­ ahora alcanza las 280 mil hectáreas por decisión arbitraria de la comisión demarcadora, por lo que la producción agropecuaria de la región va a sufrir más bajas.

"En la franja demarcada se producen 200 mil litros de leche diarios, lo que representa el 40% del total de producción láctea de la Sierra de Perijá. En el sector cárnico, las pérdidas se traducen en 129 mil cabezas de ganado que dejarían de ir al matadero anualmente. Son 14 mil empleos que se verían afectados directa e indirectamente", precisó Chacín.

Otra de las preocupaciones de los productores es que el Gobierno no les garantiza el pago de las bienhechurías después de realizada la demarcación.

La zona de las 280 mil hectá reas que van a ser demarcadas fue denominada como ZP4, lo que significa que los productores que están dentro de este perímetro no tienen derecho a que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) les facilite algún tipo de documento sobre registro o propiedad para que realicen gestiones de créditos ante la banca o venta de los predios.

Neuro Chacín, propietario de la finca Paja Chiquita (afectada por la demarcación), denunció que el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, declaró en una visita realizada al Zulia que ya se había cancelado por los títulos de propiedad de su hacienda, cuando en realidad aún no ha percibido ninguna paga por parte del Estado.

COBRAN PEAJE

Ana Sanz, propietaria del fundo La Lucha, ubicado en el Municipio Machiques de Perijá, denunció que el domingo 26 de marzo un grupo perteneciente a la etnia Yucpa, liderizado por el cacique Trino Romero, tomó un puente que comunica a su hacienda y a otras unidades productivas con el resto del municipio. La excusa: cobrar dinero para iniciar reparaciones de la carretera de la zona. El monto a pagar: 500, 200 ó 50 bolívares fuertes según la actividad a la que se dedique el productor que hace uso del puente.

"Ese domingo traté de acceder a mi finca para inyectar el ganado Ecotero que tengo en mis tierras y me detuvo esta especie de alcabala para exigirme 500 bolívares o un animal para iniciar las reparaciones de la carretera. Como me negué, no me dejaron pasar. El martes me trasladé a Santa Bárbara a realizar unas diligencias y el encargado de mi finca me llamó para informarme que los Yucpas lo secuestraron y no lo iban a liberar hasta que yo entregara el dinero. Yo coloqué una demanda en el Cicpc y abrieron un expediente. Luego fue al puente una comisión de la Guardia Nacional y los tomistas los recibieron a pedradas y los funcionarios se devolvieron. No me quedó más remedio que pagar los 500 bolívares para que lo soltaran", narró Sanz.

No sólo la propietaria de La Lucha tuvo que cancelar el peaje para acceder a su finca. Antes que ella, Carlos Sánchez, dueño de la finca Campo Libre, tuvo que cancelar 200 bolívares para que el encargado de su predio, Marcos Martínez, pudiera acceder a la hacienda.

Sanz recordó que a un sembrador de ají de la zona le exigieron 50 bolívares y al no tenerlos, tampoco pudo llegar a sus cultivos.

El presidente del Frente Campesino y miembro de la etnia Wayúu, Óscar Carrillo, trató de mediar con los tomistas Yucpas pero fue golpeado por los indígenas, lo que le ocasionó lesiones de intensidad. El problema fue resuelto la semana pasada en el Ministerio del Ambiente donde los productores y las etnias se comprometieron a no causar problemas de convivencia. Tal Cual digital.com