La Comisión Central de Planificación deja sin vigencia lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el carácter federal y descentralizado del EstadoEl gobierno del presidente Chávez está ansioso por centralizar. La semana pasada aprobó la creación de la Comisión Central de Planificación.
La concepción prevaleciente al crear esta Comisión simplemente deja sin vigencia lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el carácter federal y descentralizado del Estado.
Esta Comisión deberá integrar todos los planes que desarrollan las alcaldías, gobernaciones y otros entes gubernamentales a un "solo proyecto". Se trata simple y llanamente de la "transición hacia un modelo centralizado". El propio presidente Chávez expresó la idea fundamental: "Nadie puede ser capaz de alterar el proyecto nacional, éste debe estar por encima del poder local". Más claro no canta un gallo. También queda bastante claro quién define ese llamado proyecto nacional.
Esta arremetida contra los principios descentralizadores de la Constitución de 1999, se produce casualmente una semana antes del inicio en Brasilia de la XII Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a través de su Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes).
Este foro intergubernamental fue creado con el propósito de facilitar el intercambio sobre planificación estratégica y gestión de las políticas públicas. El tema de esta reunión es justamente la revisión de las experiencias nacionales en competitividad territorial, desarrollo regional, y ordenamiento político e institucional para el desarrollo territorial.
Aunque todavía no se encuentra disponible el documento central de esta conferencia, algunos de los aspectos que probablemente se analicen ya se encuentran destacados en publicaciones recientes de Cepal. Entre ellas cabe destacar la elaborada por Oscar Cetrángolo, de la División de Desarrollo Social, titulado "Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal en los procesos de descentralización".
En este documento se revisa la experiencia de descentralización en América Latina, no sin antes señalar las razones que justifican esta política. Se trata de promover el mayor nivel de bienestar en cada localidad combinando el reconocimiento de las aspiraciones individuales, así como la prestación de servicios en cada jurisdicción. De manera que acercar la prestación de servicios lo más posible a cada ciudadano favorece la mejor detección de sus exigencias. Es evidente, sin embargo, que en muchos casos los servicios locales requieren la participación de los gobiernos subnacionales y/o nacionales.
También el documento señala cuatro de los requerimientos para una descentralización adecuada.
El primero es garantizar la autonomía de los gobiernos subnacionales o locales, en caso contrario la preponderancia del gobierno nacional limitará el proceso descentralizador.
El segundo requerimiento es la capacidad del gobierno nacional para coordinar con los otros niveles de gobierno, especialmente para establecer las compensaciones que impidan la desigualdad territorial. El tercer requerimiento es el consenso entre todos los niveles de gobierno para el desarrollo de las políticas sectoriales. El cuarto requerimiento es que la cohesión social y la coherencia fiscal sean consistentes con los acuerdos sobre políticas sectoriales.
Es evidente que en el caso de Venezuela poco podría esperarse para una adecuada descentralización bajo la conducción de un gobierno que ha reducido los espacios democráticos. Los gobiernos subnacionales (estados) y los locales (municipios) prácticamente están anulados por el creciente control de la gestión pública por el gobierno nacional.
También es claro que la capacidad de coordinación se puede ejercer solamente cuando hay voluntad para sumar, y no para dividir. Nada más lejano de la actual práctica gubernamental. Mucho menos esperar la generación de consenso de políticas sectoriales, de cohesión social o de coherencia fiscal.
Descentralizar es cada vez más sinónimo de promoción de la democracia, de apertura y capacidad de llegar a consensos. Centralizar, por el contrario, es favorecer las visiones personalistas, sectarias y autoritarias. Centralizar es, definitivamente, anular la democracia. Nada menos.
La concepción prevaleciente al crear esta Comisión simplemente deja sin vigencia lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el carácter federal y descentralizado del Estado.
Esta Comisión deberá integrar todos los planes que desarrollan las alcaldías, gobernaciones y otros entes gubernamentales a un "solo proyecto". Se trata simple y llanamente de la "transición hacia un modelo centralizado". El propio presidente Chávez expresó la idea fundamental: "Nadie puede ser capaz de alterar el proyecto nacional, éste debe estar por encima del poder local". Más claro no canta un gallo. También queda bastante claro quién define ese llamado proyecto nacional.
Esta arremetida contra los principios descentralizadores de la Constitución de 1999, se produce casualmente una semana antes del inicio en Brasilia de la XII Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a través de su Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes).
Este foro intergubernamental fue creado con el propósito de facilitar el intercambio sobre planificación estratégica y gestión de las políticas públicas. El tema de esta reunión es justamente la revisión de las experiencias nacionales en competitividad territorial, desarrollo regional, y ordenamiento político e institucional para el desarrollo territorial.
Aunque todavía no se encuentra disponible el documento central de esta conferencia, algunos de los aspectos que probablemente se analicen ya se encuentran destacados en publicaciones recientes de Cepal. Entre ellas cabe destacar la elaborada por Oscar Cetrángolo, de la División de Desarrollo Social, titulado "Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal en los procesos de descentralización".
En este documento se revisa la experiencia de descentralización en América Latina, no sin antes señalar las razones que justifican esta política. Se trata de promover el mayor nivel de bienestar en cada localidad combinando el reconocimiento de las aspiraciones individuales, así como la prestación de servicios en cada jurisdicción. De manera que acercar la prestación de servicios lo más posible a cada ciudadano favorece la mejor detección de sus exigencias. Es evidente, sin embargo, que en muchos casos los servicios locales requieren la participación de los gobiernos subnacionales y/o nacionales.
También el documento señala cuatro de los requerimientos para una descentralización adecuada.
El primero es garantizar la autonomía de los gobiernos subnacionales o locales, en caso contrario la preponderancia del gobierno nacional limitará el proceso descentralizador.
El segundo requerimiento es la capacidad del gobierno nacional para coordinar con los otros niveles de gobierno, especialmente para establecer las compensaciones que impidan la desigualdad territorial. El tercer requerimiento es el consenso entre todos los niveles de gobierno para el desarrollo de las políticas sectoriales. El cuarto requerimiento es que la cohesión social y la coherencia fiscal sean consistentes con los acuerdos sobre políticas sectoriales.
Es evidente que en el caso de Venezuela poco podría esperarse para una adecuada descentralización bajo la conducción de un gobierno que ha reducido los espacios democráticos. Los gobiernos subnacionales (estados) y los locales (municipios) prácticamente están anulados por el creciente control de la gestión pública por el gobierno nacional.
También es claro que la capacidad de coordinación se puede ejercer solamente cuando hay voluntad para sumar, y no para dividir. Nada más lejano de la actual práctica gubernamental. Mucho menos esperar la generación de consenso de políticas sectoriales, de cohesión social o de coherencia fiscal.
Descentralizar es cada vez más sinónimo de promoción de la democracia, de apertura y capacidad de llegar a consensos. Centralizar, por el contrario, es favorecer las visiones personalistas, sectarias y autoritarias. Centralizar es, definitivamente, anular la democracia. Nada menos.
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