La “Operación Tun Tun”, un símbolo navideño utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para reprimir a disidentes y opositores

El informe de la Misión de la ONU detalla cómo el chavismo han resignificado una expresión cultural para justificar detenciones arbitrarias, violencia y control social tras las elecciones de 2024. El componente GNB ha actuado como órgano represor del régimen venezolano.

Sebastiana Barráez – Infobae

“Operación Tun Tun”: un símbolo navideño utilizado por el régimen venezolano para reprimir a disidentes y opositores.

La “operación Tun Tun”, originalmente una expresión asociada a la paz y la bienvenida en la cultura venezolana ha sido resignificada por el régimen, como símbolo de la represión política y la impunidad en Venezuela, con el uso sistemático de la fuerza estatal, entre ellas la GNB, para silenciar voces críticas con un patrón de detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas de “terrorismo” y “odio” contra opositores y críticos del régimen. Los testimonios recogidos por la Misión de la ONU revelan graves actos de violencia sexual y de género. Durante las protestas de 2017, el entonces diputado y actual ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón introdujo por primera vez el término “operación Tun Tun” para referirse a las acciones represivas ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

La expresión “Tun Tun” adquiere especial relevancia en el contexto venezolano, ya que su origen se vincula a una conocida canción navideña que evoca el sonido de un golpe en la puerta, símbolo de una invitación para que personas de paz entren al hogar durante las festividades. Sin embargo, el régimen venezolano, ha utilizado el término reaccionándole un significado distinto al utilizarlo para nombrar operativos de seguridad que contrastan con el mensaje original, de paz y bienvenida, que transmite de la canción.

El ministro del Interior Diosdado Cabello junto a los jefes del SEBIN y la policía científica Cicpc.

La Misión de la ONU destaca que, en el 2024, Nicolás Maduro retomó públicamente la expresión, advirtiendo: “la justicia les va a llegar… operación Tun Tun a todos los terroristas, violentos, conspiradores y complotados… cuando te toquen tun tun no te pongas a llorar en las redes sociales”. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se registró una nueva ola de detenciones postelectorales. Mensajes en redes sociales como Instagram y TikTok evidenciaron la reactivación de la operación Tun Tun, según testimonios recogidos en el informe de la Misión.

Los relatos describen cómo agentes de seguridad, incluyendo la GNB, irrumpían en domicilios, golpeaban puertas y, si no recibían respuesta, las derribaban para llevarse a las personas sin explicación. En otros casos, los funcionarios recorrían casa por casa, golpeando con armas para forzar la apertura. Entre lo ocurrido y documentado en el informe, varias personas fueron detenidas “únicamente por expresar su rechazo a los resultados electorales mediante videos, publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería”. Las autoridades las acusaron de “terrorismo” y “odio”, en una estrategia que evidencia el uso de la operación Tun Tun como mecanismo de represión política y control social.

La GNB, la protagonista

En el informe elaborado por la Misión, se detalla el papel desempeñado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la operación Tun Tun, un despliegue que, según declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, involucró a diez organismos de seguridad, entre ellos la propia GNB, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La participación de la Guardia Nacional se registró tanto en comisiones mixtas como de manera individual, siendo esta última especialmente relevante en zonas apartadas de los principales centros urbanos y en áreas fronterizas con Colombia.

El documento señala que la mayoría de las detenciones se efectuaron en domicilios de personas previamente identificadas como objetivo de los operativos, aunque también se reportaron arrestos en espacios públicos. Se destaca la declaración pública del Mayor General (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, quien afirmó: Hemos logrado llegar a la casa de estos traidores una vez que han cometido hechos vandálicos.

La GNB ejecutó numerosas violaciones de DDHH según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela. 

El informe recoge múltiples testimonios que apuntan a labores de inteligencia previas a las detenciones, en las que los organismos analizaban vídeos, fotografías y mensajes en redes sociales o WhatsApp para identificar a los sospechosos. Posteriormente, los funcionarios elaboraban imputaciones que, en ocasiones, contenían elementos falsos o manipulados. Varias personas entrevistadas, para el informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, indicaron que algunas detenciones se originaron por simples denuncias realizadas a través de la aplicación VenApp, por individuos afines al régimen venezolano.

Violencia sexual

En el marco de los planes de represión política selectiva implementados en 2024 y 2025, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado activamente en la detención de personas extranjeras. Según la Misión de Naciones Unidas, estos procedimientos se han concentrado principalmente en localidades fronterizas con Colombia y en el Distrito Capital. La Misión ha documentado, en el contexto de la Operación Tun Tun de 2024, graves actos de violencia sexual y de género contra personas detenidas, especialmente mujeres. Testimonios recabados por el organismo internacional revelan que, en algunos destacamentos de la GNB, mujeres detenidas fueron obligadas por sargentos a mantener relaciones sexuales a cambio de poder comunicarse telefónicamente con sus familiares.

Además, se reportó que una detenida fue testigo de violencia sexual contra otra mujer en la misma celda. El informe subraya que estos actos de violencia sexual, en general, fueron cometidos por funcionarios estatales en entornos coercitivos, destacando la implicación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la GNB y custodios penitenciarios. Por su parte, el SEBIN y la DGCIM habrían perpetrado formas específicas de violencia sexual y de género contra personas entregadas a su custodia por la GNB u otras fuerzas armadas, en el contexto de la represión selectiva.

No obstante, la Misión aclara que, en los casos investigados dentro de este contexto específico, no recibió información que vincule directamente a funcionarios de la GNB con la perpetración de violencia sexual durante la detención. La participación militar se habría limitado a la detención selectiva de personas opositoras o percibidas como tales, generalmente en coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el informe no descarta que, en otros contextos operacionales, se haya documentado la participación de la GNB en distintas formas de violencia sexual o basada en género.

Muertes en custodia

La Misión menciona el caso de una persona detenida después de las elecciones que “moriría tres meses y medio después bajo custodia del Estado al no haber sido atendida su salud oportuna y efectivamente”, afirmando que la Misión confirmó que la alcaldesa Cruz Torrealba “fue quien ordenó a funcionarios de la GNB su detención”. Ese caso es el del testigo electoral de la organización Vente Venezuela, Jesús Manuel Martínez Medina, quien fue detenido el 29 de julio y falleció, el 14 de noviembre 2024, en el hospital Luis Razetti del estado Anzoátegui.

Jesús Manuel Martínez Medina fue testigo electoral el 28J, detenido el 29J y murió bajo custodia en el hospital Razetti de Anzoátegui.

La Guardia Nacional lo detiene por orden de la alcaldesa Municipio Aragua, estado Anzoátegui, Cruz de los Ángeles Torrealba Milano alias Nany, quien pertenece al Movimiento Tupamaro, y fue postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La Misión de la ONU documenta que la detención de Martínez fue instruida en represalia porque había conservado el acta de sufragio de su mesa de votación y, supuestamente, también había expresado vía WhatsApp críticas contra el Gobierno a raíz de los resultados electorales.

Cruz de los Ángeles Torrealba Milano alias Nany, del Movimiento Tupamaro, alcaldesa del municipio Aragua, estado Anzoátegui.

Otro hecho relevante fue el de una pareja detenida la madrugada del 2 de agosto 2024 en el estado Bolívar por una comisión integrada por funcionarios armados y encapuchados de la GNB y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar). El esposo fue inmovilizado por un funcionario de la GNB que lo amarró, encapuchó y sacó de la vivienda por la fuerza. Luego de ser subido a un vehículo, fue golpeado en el trayecto hacia el Destacamento de Comandos Rurales 628 de la GNB en El Callao, relata el Informe.

Luego de la audiencia de presentación, lo trasladaron al Destacamento de la GNB en Puerto Ordaz donde permaneció hasta el 30 de agosto, cuando fue transferido al centro penitenciario de Tocuyito, en el estado de Carabobo. Estuvo detenido en la prisión de Tocuyito hasta el 13 de diciembre, cuando apareció ahorcado en su celda.

SebastianaB@

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La PNB le allanó el apartamento y detuvo al secretario general de la CTV José Elías Torres

La noche de este sábado 29 de noviembre, se denunció la detención del sindicalista y secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres.

Según publicación del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el hecho ocurrió en Bello Monte, Caracas.

«Hoy lo detuvo la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y allanaron su apartamento», suscribe.

Destacó que Torres es delegado de los trabajadores ante la OIT y forma parte del Diálogo Social, además de un destacado dirigente sindical.

«Defender a la clase trabajadora no es un delito. Ya van quince dirigentes sindicales presos», fustigó.

Hasta el momento de finalizar este reporte, no hay más información al respecto.

José Elías Torres, es delegado de los trabajadores ante OIT, forma parte del Foro de Dialogo Social y es un destacado dirigente sindical. Hoy lo detuvo en su apto la PNB y allanaron su apto. Defender a la clase trabajadora no es un delito. Ya van 15 dirigentes sindicales presos — Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (@ObservatorioVLS) November 30, 2025.

Anaisa Rodríguez – Noticiero Digital

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Familiares de presos políticos denunciaron ante la Fiscalía el aislamiento de los detenidos: «No reciben paquetería ni medicinas»

Un grupo de familiares y activistas se congregó este martes frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para denunciar malos tratos contra los presos políticos.

«En el Rodeo I hay cuatro detenidos aislados… las condiciones de este aislamiento es 24 horas esposados, desnudos con poca alimentación y poca agua… Nos toca la visita los domingos y no nos reciben las medicinas. Mi hermano tiene una situación de diarrea y es bastante preocupante y angustioso», comentó una de las hermanas de los afectados.

De acuerdo con la activista, aún hay cuatro adolescentes tras las rejas en el recinto mirandino, además de 10 personas mayores de 60 años con patologías.

«Es lo que hemos venido denunciando y no tenemos respuesta. Ha habido liberaciones y no han tomado en consideración a las mujeres ni a las personas con enfermedades graves».

Alberto News

Vigilancia y persecución, realidad de la disidencia en Trujillo

Para activistas y defensores de los derechos fundamentales, el estado andino es un reflejo del aumento de la represión política en Venezuela

Las plazas de la ciudad de Valera ya no son lugares de conversación, sino de vigilancia. Si antes de las elecciones del 28 de julio de 2024 la gente discutía libremente sobre cambios y política, ahora el ambiente opresivo impone el silencio con cámaras de vigilancia, que lejos de brindar seguridad, transforman estos sitios de esparcimiento en áreas de control.

En el estado Trujillo, centro de una nueva ola de represión, las autoridades prohibieron la exhibición de cualquier pancarta o símbolo de apoyo a la líder opositora María Corina Machado, y las detenciones de activistas y dirigentes se dispararon.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la ONG Justicia Encuentro y Perdón, después del Distrito Capital y el estado Zulia, Trujillo figura como la tercera entidad con más detenciones en lo que va de 2025, con 21 arrestos registrados. 

El 12 de septiembre, el Tribunal Tercero de Control de esa entidad, emitió una orden de aprehensión por terrorismo e incitación al odio contra 18 trujillanos, medida que agudizó la persecución. Hasta el 13 de octubre, las autoridades detuvieron al menos a siete personas incluidas en esa lista, mientras otros activistas siguen desaparecidos o bajo hostigamiento constante.

Para activistas y defensores de los derechos fundamentales, el estado andino es un reflejo del aumento de la represión política en Venezuela. La persecución, que apunta directamente a la disidencia política, infundió el miedo en la población que ahora manifiesta vivir en un clima opresivo, debido a las detenciones de figuras prominentes, sumado a la vigilancia constante de espacios públicos en Valera, capital de la entidad. 

“Las detenciones de líderes reconocidos en el estado Trujillo constituyen la manifestación más grave de la represión”, señala un activista estudiantil entrevistado por Efecto Cocuyo, que por medidas de seguridad pidió omitir su nombre para la publicación. 

El estudiante advierte que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro no solo intimidan a la población, también demuestran que incluso personas con trayectoria y reconocimiento son vulnerables ante ellos. 

El patrón de arrestos, documentado en Trujillo, se centra en la disidencia política: afecta a dirigentes, empresarios y activistas. «Trujillo es un reflejo de lo que se vive en el país», señaló el dirigente universitario, debido a la represión y la persecución en todo el territorio nacional después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón documenta 250 detenciones arbitrarias en lo que va de 2025 en Venezuela. 

Los casos más conocidos de detenciones en esa región incluyen al economista Ricardo Berríos, expresidente de Fedecámaras Trujillo; al  secretario general de Acción Democrática, Carlos Andrés González, y  su esposa, Ana María Palomares. Además, de la detención del médico Juan Torres, con su esposa, y el exconcejal Jorvin García. 

Los arrestos ocurren incluso en fechas de gran significado para la comunidad, como lo fue la canonización de San José Gregorio Hernández, en su natal Isnotú, celebrada el 19 de octubre de este año. Ese día detuvieron a Jorvin García, de Un Nuevo Tiempo, y a Araceli Balsa, de Vente Venezuela, ambos dirigentes en el municipio Rafael Rangel. 

Se pudo conocer que García está encarcelado en Yare II, en el estado Miranda, y Araceli Balsa en un centro de detención en Caracas, a más de 500 kilómetros de la ciudad de residencia. 

De manera extraoficial, una fuente vinculada a la política estatal, cuya identidad se reserva, agregó  que conocieron la detención de Deyvis Marín, un joven que realizaba grabaciones audiovisuales en las celebraciones religiosas.

“El mes que debía ser de alegría y devoción se transformó en semanas de miedo, persecución y angustia”, dijo el dirigente político.

El ojo del Estado

La ciudad de Valera, principal centro comercial y demográfico de Trujillo, se convirtió en el foco de una vigilancia permanente, que genera entre sus ciudadanos la sensación de vivir en una «cárcel», como describió un periodista de la entidad entrevistado mediante la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp.

El reportero, que también prefiere declarar bajo anonimato por temor a represalias, señala que la vigilancia se ejerce a través de un despliegue de tecnología y efectivos de seguridad en puntos estratégicos de la capital trujillana.

En las principales entradas, calles, avenidas, plazas, parques y sitios de esparcimiento de Valera instalaron cámaras y dispositivos de seguridad en nombre de la protección de sus habitantes.  “La ciudad es objeto de una vigilancia permanente, donde sus ciudadanos tienen distintos temores, de ser oídos, escuchados», asegura. 

El periodista declaró que el estado de vigilancia opera bajo un disfraz y señaló que la instalación de cámaras con audio en Valera se presenta como una medida para controlar los desechos sólidos, usándolo como «mampara» o pretexto.

La delación, dice el reportero, está presente en el día a día. “Es difícil sentarse en una tasca, en un restaurante, a conversar algo distinto al tema de la línea política regional, porque ya es objeto de una amenaza (…) hay situaciones donde ‘los censores’ llámese un mesonero, llámese alguna persona… escucha algo e inmediatamente reporta», agregó. 

Sobre la alta presencia de seguridad estatal, un dirigente estudiantil relató la situación durante la canonización de San Gregorio Hernández en Isnotú: «Creo, no estoy seguro, que había alrededor de 3.000 efectivos». Agregó que este gran despliegue policial y militar (alcabalas) en puntos estratégicos impactó fuertemente en el espacio público y eliminó las protestas por la crisis de servicios básicos, que siguen afectando a la población.

Criminalización de la disidencia

La represión en Trujillo tuvo un impacto directo en la libertad de expresión y convirtió los espacios públicos en lugares donde se evita hablar de política. Para el dirigente estudiantil, se creó  un clima de temor que silencia tanto a la población en general como a los activistas y periodistas. 

«Hoy la gente se alarma si escucha a alguien hablando de política y voltean la mirada», relata el universitario. 

Asegura que estos temores contrastan con el período preelectoral, cuando se escuchaba a la gente «hablando sobre la necesidad de un cambio» en el mercado, en los centros comerciales o en el transporte público.

Para los defensores de los derechos humanos, la situación es doblemente compleja. Un defensor comentó que al haber vivido la criminalización de la protesta, ahora se enfrenta a la criminalización en la defensa de los derechos humanos a través de las nuevas leyes contra las ONG promovidas por la Asamblea Nacional. 

El activista señaló que su preocupación radica en que, anteriormente, el gobierno reprimía las manifestaciones en la calle, pero ahora utiliza leyes para perseguir y limitar la labor legal y de documentación de las organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos.

Esta situación lo obliga a priorizar la integridad personal, lo que ha llevado incluso a que algunos activistas se alejan de su trabajo. «Me he tenido que dedicar a otra cosa y alejarme de ese activismo», puntualizó.

El periodismo maniatado

El ejercicio del periodismo en el estado Trujillo se encuentra «demasiado golpeado y restringido», según un periodista de la región que tuvo que salir del país por amenazas en su contra. 

Datos del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicados en su informe anual sobre libertad de prensa, llamado “La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio”, destacan a Trujillo, detrás del Área Metropolitana de Caracas y el estado Bolívar, como la tercera región donde se docuemntaron más casos de autocensura, durante 2024, con 16 incidencias documentadas.

El comunicador explicó que la censura y la autocensura son la norma en ese estado, debido a que la difusión de información crítica o denuncias de la comunidad los pone en la mira de las autoridades. 

El acceso a fuentes de información sobre política, comunidades o denuncias es sumamente restringido porque los contenidos son vigilados de inmediato.

Según el periodista, la vigilancia opera a través de «censores», quienes revisan las publicaciones en redes sociales y la información crítica. Si un periodista es detectado, lo identifican y reportan a las autoridades del gobierno estatal, representado por el gobernador chavista, Gerardo Márquez o a la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Esta situación de hostigamiento obliga a los profesionales a ejercer su trabajo con «mucho miedo, con mucho temor». “Estamos totalmente maniatados y con unas gríngolas en nuestra visión», añadió. 

En Trujillo, dijo, son varios los comunicadores sociales detenidos, y algunos optaron por salir del estado o del país. También fueron cerrados programas de opinión radial.

Amenazas y hostigamientos

Las amenazas y el hostigamiento no se limitan a la esfera pública o digital, también penetran en el ámbito familiar de los disidentes, lo que los obliga a mantener un perfil bajo para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos. 

Una fuente entrevistada por Efecto Cocuyo relató que las amenazas son «directas, así como también a través de intermediarios”. Ellos les indican que se queden “tranquilos”, para evitar que sean detenidos: “ si no te van a llevar porque estás en una lista».  

Esta táctica no solo se dirige al activista. “También juegan con tu familia», dijo.

La fuente explicó que a través de intermediarios se les llega a decir indirectamente a los familiares que «supuestamente tu hijo o tu familiar está en una lista, que tenga precaución». 

Todo esto genera que el entorno decida mantener al activista «al margen» para proteger su integridad y la de su familia. Una decisión que tambien han tenido que tomar opositores y ciudadanos que ahora evitan hablar de temas políticos de forma cotidiana por temor a las represalias.

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Congresista de EEUU, Carlos Giménez, exige libertad para Juan Pablo Guanipa: «Su único delito ha sido luchar por Venezuela»

 

El congresista republicano, Carlos Giménez, exigió libertad para el dirigente venezolano, Juan Pablo Guanipa, detenido por el Gobierno de Maduro el pasado 23 de mayo

Giménez afirmó que este caso es una muestra más del «carácter represivo de la dictadura» en Venezuela.

«Su único delito ha sido luchar por la libertad de Venezuela. Exigimos su liberación inmediata y la de todos los presos políticos»

Funcionarios del Estado acusaron a Guanipa de intentar sabotear las elecciones regionales a finales de mayo.

Alberto News

Pescadores de Falcón le temen más a la persecución del gobierno de Maduro que a los bombardeos de Trump

Mientras Estados Unidos mantiene una potente flota de embarcaciones de guerra en el Caribe y ha bombardeado casi una decena de lanchas –en su mayoría venezolanas–, en las costas del estado Falcón, al occidente de Venezuela, los pescadores no sólo enfrentan la amenaza de un eventual ataque extranjero. Desde septiembre han sido víctimas de persecuciones, robos de equipos de trabajo y detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano, que los intentan presentar como narcotraficantes

La Hora de Venezuela 

“La amenaza está aquí. A los gringos no los vemos. Pero policías y militares andan por ahí haciendo ejercicios de combate, armando a la comunidad y ejecutando procedimientos donde terminamos los pescadores  involucrados. Y sin tener nada que ver”, dijo Francisco, un pescador de la población El Cayude en el municipio Carirubana del estado Falcón, al occidente de Venezuela.

El hombre, que pidió no colocar su nombre real por temor a represalias oficiales, contó que el pasado 7 de septiembre –apenas cinco días después del estallido de la primera lancha venezolana por un ataque de Estados Unidos– funcionarios del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se llevaron de la localidad cuatro de los motores fuera de borda que tenían las lanchas que usan los pescadores para salir a la faena diaria.

Un pescador se dio cuenta del operativo y llamó a la comunidad. La gente acudió en masa, con documentos en la mano,  para pedir a los funcionarios que les entregaran los motores. Sin embargo, estos les informaron que se trataba de una revisión de rutina y que, para recuperar sus motores, debían ir al Destacamento 131 de la GNB Bolivariana, ubicado en Judibana, municipio Los Taques.

“Todos nos lamentamos solo de pensar en el gasto que generaría un camión para recuperar los motores”, señaló uno de los pescadores afectados de El Cayude. 

Al día siguiente un camión llegó con los cuatro motores en la parte trasera. Para llegar a la playa, los vehículos tienen que atravesar la localidad, así que la gente los vio pasar.

De nuevo, la comunidad de El Cayude intentó recuperar los motores. Dos de lo dueños llegaron, uno en su silla de ruedas y el otro en su andadera, hasta donde estaban los funcionarios. 

Todo fue en vano. “Si todo sale bien”, les dijeron los militares, “les dejamos los motores de una vez en la comunidad”. No fue así.  

Al día siguiente, el 9 de septiembre, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Falcón), publicó un video de un “procedimiento” realizado por los organismos de seguridad para reforzar la seguridad en la Península de Paraguaná. 

Según la publicación, a través de la “Operación Cacique Manaure”, el gobierno nacional avanza para erradicar a cualquier grupo estructurado de delincuencia organizada “que pretenda usar nuestro territorio para el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”. 

“La URRA (Unidad de Reacción Rápida) mixta, en perfecta fusión militar – policial, logró la incautación de una pista clandestina de aterrizaje”, anunciaba el mensaje del ZODI Falcón en las redes sociales.

Afirmaba que, además de la pista, habían desmantelado un muelle improvisado, con cuatro embarcaciones, cuatro motores fuera de borda, así como 25 contenedores llenos de 640 litros de combustible. 

Todo lo “encontrado” había sido puesto a orden del Ministerio Público para dar continuidad con las investigaciones referentes del caso. 

Los propietarios de los motores han acudido al Destacamento 131 de la GNB donde les informaron que, ahora, deben pedir los motores en el Ministerio Público. 

Por su parte, en la Fiscalía les indicaron que no les pueden dar ni una copia del expediente, porque se trata de objetos confiscados y no de personas detenidas.

Estas acciones también coincidieron con una presunta incautación de 3.600 kilos de drogas en Falcón, en el marco del operativo Cacique Manaure, según la publicación del 16 de septiembre en el Instagram @zodimainoc de la Zodi Occidental. 

No son narcos, son falsos positivos

Pero el desvalijamiento de embarcaciones y el robo de motores no es la única preocupación de los habitantes de Paraguaná, ni la única amenaza a su vida, sustento y tranquilidad. 

En las últimas semanas cinco pescadores fueron sacados de sus casas en comunidades de Paraguaná, en medio de la noche y, posteriormente, presentados ante el Ministerio Público por presunto tráfico de drogas. Sus familiares denuncian que se trata de falsos positivos y que no tienen nada que ver con el narcotráfico.

A lo largo de la península, distintas localidades de pescadores denuncian que desde que empezó la amenaza de Estados Unidos, funcionarios de organismos de seguridad, han visitado varios pueblos pesqueros y les desvalijan sus lanchas para presentar pruebas de supuesto comercio de estupefacientes.

Por un lado está el despliegue de la flota de naves estadounidenses en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas. Y por otro lado, la presencia de estas embarcaciones ha generado, en tierra, procedimientos policiales y de seguridad ficticios, con allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, así como pérdidas, al incautar los implementos de trabajo en el mar.

Para las comunidades de la costa falconiana, la persecución más grave no es la del gobierno estadounidense: el venezolano busca culpables en suelo falconiano. Para ello, hay efectivos desplegados por toda la costa en lo que denominan la Operación Cacique Manaure. 

«El pueblo de Las Cumaraguas está cansado de tanto abuso ya. Vienen uniformados de noche a llevarse a las personas humildes y pescadores. Personas que viven del día a día, de la pesca, solo con el objetivo de quitarles plata», afirmó Endrina, familiar y vecina de los afectados. 

A lo largo de la península de Paraguaná, los incidentes se multiplican, victimizando a las comunidades de pescadores. 

En Las Cumaraguas, donde ya han detenido a cinco personas, el primer incidente se registró el 29 de agosto, cuando un pescador fue sacado de su casa en el sector Tiraya. 

La detención ocurrió frente a sus tres hijos menores de edad, a quienes los funcionarios amenazaron con sus armas. 

“Él vivía solo con sus hijos. Ahora están al cuidado de familiares y vecinos cerca de su casa”, resaltó un habitante de la localidad.

Recordó que los niños grabaron un vídeo denunciando lo sucedido. Aunque el mayor de los chicos corrió en busca de los familiares más cercanos, cuando llegó ya se había llevado a su papá y maltratado a sus hermanos.

De nuevo, el 18 de octubre, la Policía Nacional Bolivariana irrumpió en otra casa de pescadores, llevándose a dos personas, sin ningún motivo. 

A los dos días, los detenidos fueron reseñados en la prensa regional como narcotraficantes. 

En respuesta, el 21 de octubre la comunidad de Las Cumaraguas se cerró la vía principal de la población como protesta para denunciar estos hechos. 

«No nos estamos negando a que se hagan los procedimientos, pero bajo el fundamento de la ley. Necesitamos que todos los cuerpos de seguridad que vengan a Las Cumaraguas traigan órdenes de allanamiento y un fiscal presente”, demandó la jueza de paz de la localidad, Carolina Urbina. 

La funcionaria comunal hizo un llamado al gobernador de Falcón, Víctor Clark, recordando que ya se han llevado de la misma manera a cinco pescadores. 

“Ellos actúan de noche para poder extorsionar y poder llegar a su objetivo, que es sacarnos plata y por eso es que les siembran a personas inocentes que viven el día a día de la pesca. Pedimos justicia”, decía una de las pancartas de los manifestantes, hechas con cartulina y escrita con marcadores. Erán en su mayoría adultos mayores. 

Los cinco pescadores que, según familiares y habitantes de los pueblos, han sido detenidos arbitrariamente son: José Ramón Primera, Jean Carlos Primera, Alexander Córdoba, Johannys Urbina y Valentín Garcés. Y los habitantes del pueblo piden justicia para ellos: “Queremos ley, no abuso. Queremos orden, no miedo”, decía otra de las pancartas. 

El miedo ahora vive en Tiguadare 

Más conocido por el vertedero de basura que recibe los desechos de los tres municipios de la Península de Paraguaná, Tiguadare es una localidad que vive, principalmente, del reciclaje. 

Sin embargo, también cuenta con una pequeña comunidad pesquera. Allí todavía capturan especies con chinchorro, que lanzan de día desde las dos embarcaciones que quedan operativas. 

Los habitantes de la zona, han dejado de dormir en los ranchos a orilla de la playa y prefieren esperar que amanezca para salir de sus casas. Porque de noche les da miedo caer en los procedimientos que ejecutan los organismos de seguridad. Eso equivale a ser señalados como narcotraficantes cuando, en realidad, lo que ganan trabajando como pescadores apenas les alcanza para medio vivir. 

En Tiguadare la pobreza es extrema. Viven muy alejados de la ciudad de Punto Fijo, la más cercana. No tienen agua por tuberías, servicio eléctrico, ni aguas servidas. Están ubicados a pocos metros de la playa y son escasamente siete casas. 

Al menos cuatro generaciones han crecido en el lugar. Algunas personas llegan a instalarse desde otras comunidades para vivir del reciclaje y la cría de cerdos. Insisten: viven de la pesca. 

“Después del revuelo de Estados Unidos cerca de Venezuela, ahora nos tildan de delincuentes. Somos pescadores. Pero ahora vemos pasar camionetas de noche, con esas luces radiantes y, a los tres días, consiguen drogas en los manglares. Ahí no llegan las lanchas”, dijo un habitante de la zona, que prefirió no ser identificado. 

Pescadores revictimizados 

El habitante de Tiguadare señala que, frente a estos operativos, han pedido ayuda tanto al gobierno municipal como al regional. 

Pero todo siempre queda en palabras. Sus condiciones de vida no mejoran. Ahora, además, sienten mucho miedo de salir de noche. 

“Nosotros estamos aquí porque vivimos en paz y estamos tranquilos. Lo que menos queremos es que nos involucren. Por ahí agarraron a un pescador. Casi se muere infartado cuando le mostraron la droga que, supuestamente, consiguieron. Afortunadamente lo soltaron”, refirió el habitante de la localidad de artesanos, criadores de cerdos y pescadores. 

Tanto El Cayude como Tiguadare forman parte de los pueblos pesqueros que han sido severamente afectados por los derrames ocurridos en las tuberías submarinas de PDVSA. Los entrevistados relataron que para compensar los daños desde hace un par de meses, el Gobierno les entrega una bonificación a través del sistema Patria y una bolsa de alimentos con productos de Empresas Polar. 

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Venezuela, otro año de represión

Editorial El País

El aniversario de las elecciones presidenciales cuya victoria se atribuyó sin pruebas Maduro debe servir para unir de nuevo a la oposición

Este lunes hace un año Venezuela celebró unas elecciones presidenciales que para millones de ciudadanos representaban una oportunidad sin precedentes de cambio político. La oposición concurría unida por primera vez en años bajo el liderazgo de María Corina Machado, quien no pudo presentarse debido a una inhabilitación impuesta por el chavismo, pero promovió como candidato al diplomático Edmundo González Urrutia. Según las actas electorales difundidas por su equipo, la votación se resolvió con su triunfo rotundo: más del 70% de los votos. Sin embargo, Nicolás Maduro se proclamó ganador sin presentar ninguna prueba del escrutinio. La indignación popular y el repudio de la inmensa mayoría de la comunidad internacional no movieron ni un ápice su posición y el chavismo sigue, un año después, atrincherado en el poder.

Los comicios del 28 de julio de 2024 marcaron un antes y un después en la disputa entre el Gobierno bolivariano y la oposición. El sucesor de Hugo Chávez ha logrado imponer con puño de hierro su control absoluto en todos los resquicios del Estado. Al mismo tiempo, la oposición que hace un año dio su mayor muestra de unidad y fortaleza está acorralada por el régimen. La persecución de la policía política obligó a González Urrutia a exiliarse en Madrid mientras Machado tuvo que buscar refugio en un lugar secreto, desde donde mantiene las riendas de la organización en condiciones de clandestinidad. La represión no ha cesado desde la oleada de movilizaciones opositoras convocadas tras las presidenciales. Al menos 1.900 personas fueron apresadas en esas protestas (de las cuales solo 900 han sido liberadas en los últimos meses). Activistas, periodistas, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos y políticos relevantes como Pablo Guanipa o Enrique Márquez han seguido corriendo el mismo destino.

Los presos políticos son, desde hace años, la moneda de cambio favorita del régimen y su principal activo en las negociaciones. El último canje de prisioneros acordado a tres bandas entre Venezuela, Estados Unidos y El Salvador permitió la salida de prisión de un grupo de opositores. Sin embargo, al mismo tiempo las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas acusadas, como siempre, de conspirar contra Maduro. A eso se añaden las maniobras internacionales del chavismo. Caracas tiene hoy, a pesar de su aislamiento en el tablero global, mayor interlocución con Washington de la que tuvo en el pasado. Lo demuestra la reciente devolución a EE UU de 10 presos, entre los que se coló el autor de un triple asesinato perpetrado en Madrid en 2016.

También ha habido otros gestos, a primera vista contradictorios, que muestran el doble rasero de la Administración de Donald Trump. Así, la semana pasada volvió a abrir, aunque parcialmente, la puerta a las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, lo que supondría un balón de oxígeno para Maduro. A la vez, declaró al llamado Cartel de los Soles, a cuya cabeza sitúa al propio mandatario, como organización terrorista internacional.

En este aciago panorama, la oposición trata de resistir y sigue apelando al espíritu de las elecciones presidenciales del 28 de julio y a su mandato popular. En la práctica, no obstante, la coalición de fuerzas democráticas sufrió algunas bajas en mayo cuando un sector, representado entre otros por Henrique Capriles, decidió concurrir a las elecciones legislativas y regionales. Entre tanto, el chavismo busca atornillarse en todos los ámbitos de poder con convocatorias electorales como los comicios municipales de este domingo, una contienda sin competencia ni adversarios reales. Con estas premisas, la reivindicación de las presidenciales es probablemente insuficiente para desbloquear la situación. Los dirigentes opositores están llamados a elaborar un plan unitario que vuelva a ilusionar a millones de personas, como hace un año. Con todo, el responsable de la deriva de Venezuela es Nicolás Maduro, que debe cesar de inmediato en su estrategia represora para no degradar todavía más la vida de los venezolanos.

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