La persecución de petroleros por parte de Estados Unidos en Venezuela forma parte de una nueva estrategia legal de la administración Trump para incautar buques que transportan petróleo del mercado negro alrededor del mundo, según funcionarios del Departamento de Justicia.
Este nuevo enfoque se ha visto en los últimos días con la persecución por parte de la Guardia Costera del Bella 1, un petrolero sancionado cuya tripulación se negó a ser abordada el domingo. El Bella 1 es el tercer petrolero en ser atacado después de que Estados Unidos tomara el control de otros dos grandes petroleros de crudo, el Skipper y el Centuries.
A diferencia del Skipper y el Centuries, que estaban llenos con casi 2 millones de barriles de petróleo venezolano cuando Estados Unidos los abordó, los analistas de Kpler, proveedor de datos y análisis de transporte marítimo, afirman que el Bella 1 probablemente estaba vacío cuando Estados Unidos comenzó a perseguirlo. Unos días después de que Estados Unidos incautara el Skipper, el Bella 1 inicialmente dio media vuelta alejándose de Venezuela antes de regresar al país, según los analistas.
Si bien Estados Unidos ha tenido como objetivo anteriormente el petróleo sancionado, ahora se centra cada vez más en la incautación de buques que conforman la llamada «flota fantasma» y abastecen el mercado negro mundial de petróleo, según informaron los funcionarios.
Venezuela ha calificado las acciones estadounidenses de robo flagrante y un acto internacional de piratería. Acusó al presidente Trump de intentar confiscar el petróleo venezolano y saquear los recursos energéticos del país.
Tras la búsqueda de petroleros se encuentra un grupo especializado conocido como la Unidad de Financiamiento de Amenazas, adscrita a la Sección de Seguridad Nacional de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
“Estas incautaciones de petróleo provienen de la Fiscalía de Estados Unidos en Washington D. C. debido a la experiencia de la Unidad de Financiamiento de Amenazas de mi Sección de Seguridad Nacional y por razones jurisdiccionales”, declaró la fiscal de Estados Unidos en Washington D. C., Jeanine Pirro, en una declaración a The Wall Street Journal. “Bajo el firme liderazgo del presidente Trump, hemos incrementado drásticamente el ritmo y el volumen de estas operaciones para hacer del mundo un lugar más seguro”.
La unidad ha investigado casos similares durante años, pero su trabajo se ha incrementado drásticamente este año, según informaron las autoridades. Dados los recursos actuales dedicados a los petroleros, el grupo puede recopilar la información necesaria para presentar una orden de incautación ante el tribunal en cuestión de semanas.
Con el procesamiento de más órdenes de incautación en Estados Unidos, las incautaciones amenazan con reducir drásticamente el flujo de crudo venezolano. También podrían causar interrupciones y escasez para otros países que utilizan la oscura red de petroleros para comprar y vender petróleo, como Cuba, Irán, Rusia y China.
Trump declaró a la prensa el lunes que Estados Unidos planeaba conservar el petróleo y los barcos. «Hemos formado una armada masiva, la más grande que hemos tenido, y por mucho la más grande que hemos tenido en Sudamérica», afirmó.
La Guardia Costera ha liderado las incautaciones hasta el momento, lo que indica que se trata de una operación policial y no de un bloqueo militar. En videos publicados por la Fiscal General Pam Bondi y la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, se puede ver a personas desplazándose rápidamente desde helicópteros hacia las cubiertas de los petroleros.
“La Guardia Costera cuenta con equipos especialmente entrenados para intervenir y tomar el control de embarcaciones como esta”, declaró William Baumgartner, ex fiscal general y asesor principal de la Guardia Costera. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, estos equipos tienen derecho a detener, abordar, examinar y registrar un buque para determinar si infringe la legislación estadounidense.
Si los buques son «apátridas» o enarbolan la bandera falsa de una nación, pueden estar sujetos a la jurisdicción estadounidense, afirman Baumgartner y otros expertos legales.
En el caso del Skipper, abordado el 10 de diciembre, Estados Unidos ejecutó una orden de incautación y está en proceso legal para retener el petróleo, según funcionarios de la administración. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar si Estados Unidos estaba buscando o había obtenido órdenes de captura relacionadas con el Centuries y el Bella 1. Las órdenes de captura suelen permanecer bajo secreto hasta que se toman medidas. El caso del Centuries se realizó el sábado.
Las medidas contra los petroleros atacan la esencia del poder del líder venezolano Nicolás Maduro, al amenazar los ingresos petroleros, vitales para el régimen. Alrededor del 70% de las exportaciones petroleras del país dependen de una flota de buques sancionados que ahora está en la mira del gobierno estadounidense.
Trump ha ordenado el bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que marca una importante escalada en la campaña de presión del gobierno contra Maduro.
