El regreso frustrado de María Corina Machado a Venezuela llegará la próxima semana al Senado de Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores ha convocado para el jueves 1 de octubre una sesión a puerta cerrada sobre Venezuela con dos altos responsables del Departamento de Estado, y los demócratas preparan preguntas sobre los obstáculos que ha encontrado la Nobel de la Paz para volver a su país, según una fuente legislativa conocedora de los preparativos.
La sesión, titulada simplemente «Actualización sobre Venezuela», se celebrará a las 10.30 de la mañana en el Capitolio y no será retransmitida ni se permitirá el acceso de la prensa. Comparecerán Juan Segura, secretario adjunto para Asuntos del Continente Americano, y Jeremy Lewin, director de Planificación Política del Departamento de Estado. Los dos ocupan puestos directamente relacionados con el diseño y la ejecución de la política estadounidense hacia Venezuela.
La comparecencia llega en un momento especialmente delicado para la Administración. Machado ha intentado regresar siete veces a Venezuela y continúa fuera del país, mientras Washington ha consolidado su relación con el régimen de Delcy Rodríguez. Al mismo tiempo, Donald Trump acaba de plantear directamente a Rodríguez la necesidad de celebrar elecciones. «Al final tendrá que haber elecciones», le dijo durante su encuentro en Nueva York, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio Axios. Horas después, Rodríguez utilizó la tribuna de Naciones Unidas para comprometerse públicamente a convocarlas.
Ese giro devuelve al centro del debate una cuestión que durante meses había quedado relegada por otras prioridades de Washington, como el petróleo, inversiones, seguridad y estabilidad. Y ofrece a los críticos en el Senado la posibilidad de hacer una pregunta evidente: cómo puede Estados Unidos defender una transición hacia elecciones libres mientras Machado, principal dirigente de la oposición y Premio Nobel de la Paz, sigue sin conseguir regresar.
Según la fuente legislativa consultada, los demócratas quieren plantear precisamente esa cuestión a los representantes del Departamento de Estado. Quieren saber qué conoce Washington de los últimos intentos de Machado, cuál es la posición de la Administración sobre su regreso y qué está haciendo para garantizar que pueda participar libremente en el proceso político venezolano.
La presión no parte de cero. La principal demócrata del Comité de Exteriores, Jeanne Shaheen, lleva meses reclamando a la Administración un calendario más claro para la transición. Junto con Gregory Meeks, principal demócrata de Exteriores en la Cámara de Representantes, ya había exigido a Marco Rubio explicaciones sobre la ausencia de avances suficientes hacia unas elecciones y sobre la continuidad de buena parte del aparato chavista bajo Rodríguez.
El asunto de Machado tiene además un componente bipartidista. Shaheen y el republicano Ted Cruz impulsaron una resolución respaldada por senadores de ambos partidos para reclamar elecciones libres, liberación de presos políticos y garantías para que todos los dirigentes políticos pudieran regresar a Venezuela y participar libremente en la vida pública. Entre ellos estaba expresamente Machado.
Por eso, la situación de la Nobel plantea ahora una contradicción difícil de esquivar. El Congreso ha reclamado que pueda regresar y la Administración asegura que quiere unas elecciones con garantías. Trump acaba de hablar de ellas personalmente con Rodríguez. Pero Machado continúa fuera después de sucesivos intentos fallidos de entrada.
La importancia de gestionar los plazos
La sesión del jueves permitirá también preguntar por los tiempos. Washington no quiere unas elecciones inmediatas. La hoja de ruta que maneja la Administración pasa primero por modificar la composición del Tribunal Supremo, después reformar el Consejo Nacional Electoral con participación de la oposición y sólo entonces fijar una fecha. Funcionarios estadounidenses temen además que un Gobierno democrático elegido demasiado pronto herede una economía todavía devastada y una deuda que sitúan alrededor de los 300.000 millones de dólares, y que ese deterioro termine poniendo en peligro la propia transición.
El senador republicano Bernie Moreno ha planteado el 24 de julio de 2027 como posible fecha electoral. Dentro de la Administración, sin embargo, hay quienes consideran más realista esperar hasta 2028. Esa diferencia de tiempos empieza a importar porque cuanto más se prolongue la transición, mayor será también la capacidad de Rodríguez para consolidar el poder que heredó después de la captura de Nicolás Maduro.
Siguiendo el rastro del dinero
A esa discusión se suma otra ofensiva demócrata, esta vez sobre el dinero y los acuerdos alcanzados con Caracas. Los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse han exigido a Rubio y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, información sobre al menos 13.000 millones de dólares procedentes de recursos naturales venezolanos gestionados bajo el sistema establecido por Estados Unidos. Quieren conocer el recorrido del dinero, los controles sobre los desembolsos y las auditorías realizadas.
En la Cámara de Representantes, Robert Garcia, Gregory Meeks y Jared Huffman han abierto otro frente sobre el acuerdo petrolero con North American Blue Energy Partners y Alejandro Betancourt. Han solicitado información sobre las negociaciones, sobre el papel desempeñado por intermediarios externos y sobre posibles gestiones de los departamentos de Estado y Justicia ante gobiernos extranjeros relacionadas con investigaciones sobre el empresario venezolano.
