Las fuertes lluvias registradas en el sur de Venezuela durante julio provocaron el desbordamiento del río Orinoco, dejando más de 1.500 personas damnificadas en los estados Amazonas y Bolívar.
Las inundaciones han arrasado viviendas, cultivos y vías de acceso, generando una emergencia humanitaria en zonas ya vulnerables.
En el estado Amazonas los municipios más afectados son Atabapo y Atures, donde cerca de 250 familias fueron trasladadas a refugios improvisados, según informó el gobernador Miguel Rodríguez. La crecida también amenaza la planta eléctrica de Atabapo, fuera de servicio desde una emergencia similar ocurrida en 2018.
De acuerdo con medios locales, en el estado Bolívar, el municipio Cedeño enfrentó el desalojo total de la localidad de Puerto Nuevo El Burro, donde el agua cubrió todas las viviendas.
En Ciudad Bolívar, sectores como La Toma, El Edén y El Almacén permanecen anegados, sin soluciones de reubicación a la vista.
Nos han dado algo de comida, pero más allá de eso, nada”, lamentó Lucas Ramos, residente de La Toma.
Vecinos han tenido que trasladarse a zonas elevadas para proteger sus pertenencias. Otros, como Manuel Ramos, de 75 años, temen abandonar sus hogares por dejar atrás a sus animales.
La situación se repite año tras año, sin que se implementen soluciones estructurales. Aunque el alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, aseguró que no se ha considerado habilitar refugios en Ciudad Bolívar, los habitantes insisten en que urge una reubicación definitiva. “Hay casas vacías por migración que podrían usarse para nuevos asentamientos”, sugirió un residente.
Riesgos sanitarios y pérdidas económicas
Las consecuencias también se sienten en la salud pública. En comunidades como El Almacén, vecinos reportaron proliferación de mosquitos, diarrea, vómitos y casos de malaria.
Solo vinieron una vez con un operativo de salud. No han regresado más”, denunció Andrea, residente de la zona.
La emergencia impactó la economía local, con pérdidas importantes en cultivos de auyama, patilla y más de 5 mil hectáreas de caña de azúcar en el estado Portuguesa. Vendedores informales que dependen del río para comercializar cachapas o pescado también ven comprometido su sustento diario.
Las comunidades exigen atención integral, acciones preventivas y políticas de reubicación que eviten que esta situación siga repitiéndose cada temporada de lluvias.
