Desde este blog, compartiremos los temas mas importantes, en esta era globalizada.
Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón (c). EFE/ Ronald Peña R
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, comentó que hasta los momentos existen más de 60 portales informativos que están bloqueadas y al menos 70 % de los medios de comunicación radiales no cuentan con las concesiones para poder operar.
“Todavía las condiciones que limitan a la libertad de expresión se mantienen. Al 3 de enero teníamos 42 periodistas que estaban judicializados, casi 30 periodistas presos. Al día de hoy se mantienen 7 con medidas cautelares y eso no es libertad plena. Hoy ningún detenido. Tenemos 62 portales de noticias que están bloqueados en Venezuela”, aseveró en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa “Entre Líneas” de Unión Radio.
Asimismo, notificó que al menos el 70 % de los medios radiales no cuentan con las concesiones requeridas para poder operar con normalidad en el país.
Por otra parte, Canelón precisó que el trabajo que realizan los influencer en redes sociales no debe estar por encima del trabajo riguroso de los periodistas, puesto que existe “mucho intrusismo”.
Personas se manifiestan para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela, este 5 de marzo de 2026, frente al Palacio Federal Legislativo, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Amnistía Internacional exigió al régimen chavista, adoptar medidas humanitarias urgentes para garantizar la vida y la salud de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, ante el deterioro de las condiciones médicas de decenas de presos.
Por: lapatilla.com
La organización recordó que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud y pidió permitir evaluaciones médicas independientes y traslados hospitalarios cuando sean necesarios.
Denunció la situación de 37 personas, entre civiles y militares, que presentan enfermedades como cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, patologías neurológicas e infecciosas, problemas de salud mental y lesiones presuntamente vinculadas con malos tratos o las condiciones de reclusión.
Amnistía Internacional señaló que el Estado tiene una responsabilidad reforzada sobre las personas bajo su custodia, por lo que debe garantizar su derecho a la vida, integridad personal y salud.
En ese sentido, pidió evaluaciones médicas independientes, traslados hospitalarios oportunos, continuidad de tratamientos y medicamentos, así como acceso a procedimientos diagnósticos pendientes. También exigió garantizar el contacto de los detenidos con sus familiares y abogados y comunicar de forma inmediata cualquier traslado médico.
La organización reiteró su llamado a la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos y advirtió que la falta o demora injustificada de atención médica puede constituir una violación de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela.
Decenas de familiares de presos políticos sostuvieron una nueva vigilia frente a Internado Judicial El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda. Foto: @clippve / X
Decenas de familiares de presos políticos sostuvieron en la madrugada de este jueves una nueva vigilia frente a Internado Judicial El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda.
lapatilla.com
“Frente a las puertas de El Rodeo I, los familiares de los presos políticos continúan en vigilia. Cada día sin respuesta es una prueba de fortaleza, pero la esperanza se mantiene intacta: no habrá descanso hasta ver a cada uno de ellos de regreso en casa, sanos, salvos y en plena libertad”, indicó en redes sociales el Comité por la libertad de los presos políticos (Clippve).
Decenas de familiares de presos políticos sostuvieron una nueva vigilia frente a Internado Judicial El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda. Foto: @clippve / X
“Exigir libertad es defender la humanidad. Detrás de cada celda hay vidas en pausa, una familia quebrada y un reclamo que la historia no podrá ignorar”, subrayó Clippve.
“Hoy más que nunca, alzamos la voz para exigir justicia real, reparación integral para las víctimas y garantías absolutas de no repetición. Que la fe nos sostenga y que la dignidad los traiga de vuelta”, sentenció el comité de víctimas.
Pie de foto, Keiko Fujimori tiene varias semejanzas y diferencias importantes con su padre, el fallecido expresidente peruano Alberto Fujimori.Autor, Gerardo LissardyBBC News Mundo
La toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú supone el retorno a la cima del poder de un apellido que marcó época, aún divide el país y conserva adeptos pese a estar ligado a graves abusos.
La derechista asume el cargo este martes tras imponerse en las elecciones por un estrechísimo margen a su adversario de izquierda, Roberto Sánchez.
Fue el cuarto balotaje presidencial que Fujimori disputó en 15 años y lo ganó tras reivindicar más que nunca el polémico gobierno de su padre, fallecido en 2024.
Alberto Fujimori presidió Perú de 1990 a 2000, una década en la que se le atribuye estabilizar la economía peruana y acabar con insurgencias armadas de izquierda, pero también actos de corrupción y violaciones de derechos humanos que lo llevaron a la cárcel.
Su hija fue primera dama durante buena parte de ese período y, ahora con 51 años, promete respetar la ley pero recuperar "el orden" y aplicar una política de seguridad de "mano dura" contra el crimen, una inquietud prioritaria de los peruanos.
"Como tengo la sangre de Alberto Fujimori, lo haremos con los pantalones bien puestos para derrotar a la delincuencia", dijo durante la campaña.
Que haya logrado con mensajes de ese estilo superar por mínima diferencia al movimiento antifujimorista que le impidió ganar en las tres elecciones pasadas marca un cambio político, sostienen expertos.
"Los recuerdos de Alberto se desvanecieron un poco y por eso ella se sale con la suya", le dice a BBC Mundo Cynthia McClintock, una profesora de ciencia política en la Universidad George Washington que ha estudiado Perú durante décadas.
Pero hay semejanzas y diferencias importantes a considerar entre los dos Fujimori.
Ayer y hoy
Hijo de inmigrantes japoneses e ingeniero agrónomo, Alberto Fujimori venció en las elecciones peruanas de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa y se volvió en varios sentidos el prototipo de un líder político que luego se vería (y aún se ve) en otras partes de América Latina.
La historia es conocida: un outsider de la política es electo por el desgaste de los partidos tradicionales, concentra poder a costa de la democracia, polariza el país e impulsa una política de seguridad que atropella derechos fundamentales, pero tiene apoyo popular y sigue en el cargo más allá del límite previsto para su mandato.
Fuente de la imagen, AFP via Getty Images
Pie de foto, Siendo presidente de Perú, Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial en el denominado autogolpe de 1992.
El "autogolpe" que Fujimori dio en 1992, al disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial con apoyo de los militares, mostró cómo la democracia podía ser asfixiada por alguien electo gracias a ella, en vez de quebrarse apenas con golpes de Estado a la vieja usanza, señalan expertos.
Fujimori también fue el primer expresidente elegido en democracia en América Latina que resultó condenado por violar los derechos humanos en su país, como responsable de masacres cometidas por una unidad militar que asesinó a 25 personas al inicio de su gobierno.
A diferencia de su padre, Keiko Fujimori llega a la presidencia con décadas de experiencia política.
Como hija mayor del presidente, en 1994 se volvió primera dama peruana a los 19 años cuando sus padres se divorciaron.
Luego de estudiar administración de empresas en Estados Unidos, entró al Congreso peruano en 2006 con la mayor votación y en 2010 fundó Fuerza Popular, el partido fujimorista por el que fue electa ahora tras disputar la presidencia en 2011, 2016 y 2021.
Keiko Fujimori buscó durante años desmarcarse del perfil antidemocrático de su padre.
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Pie de foto, El antifujimorismo congregó a personas de diferentes perfiles que se oponían al retorno de un Fujimori al poder en Perú.
En 2016 dijo que nunca daría un "autogolpe". Y en la última campaña sostuvo que sería "implacable" contra la corrupción y de ninguna manera permitiría los "horrendos crímenes" del grupo militar por los que fue condenado su padre.
Pero también negó que hubiera pruebas contra su padre en ese proceso judicial, pese a que la sentencia se mantuvo firme en distintas instancias.
Organizaciones de derechos humanos anunciaron protestas por el inicio del gobierno de Fujimori, cuyo partido logró aprobar este mes en el Congreso una ley para evitar que policías y militares sean juzgados por la justicia civil en casos de abusos: pasarán, en cambio, a tribunales castrenses.
Las circunstancias son distintas y es poco probable que en Perú se repitan atropellos a los derechos humanos como hubo en el gobierno de Fujimori, dice McClintock.
Pero advierte que "son muy similares las preocupaciones por cierto autoritarismo latente, por que incumpla las normas (y) por la corrupción".
En nombre del padre
La campaña con la que Fujimori fue elegida presidenta estuvo cargada de referencias más o menos directas al gobierno de su padre.
Su eslogan de "vuelve el orden" y su promesa de "pacificar Perú" evocaron lo que para muchos simpatizantes fueron éxitos de Alberto Fujimori en encauzar con ortodoxia neoliberal una economía descarrilada y derrotar las insurgencias de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
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Pie de foto, La campaña de Keiko Fujimori para las elecciones de este año reivindicó de forma abierta la figura del expresidente Alberto Fujimori.
El politólogo José Incio, profesor de ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, observa que "la Keiko que hizo campaña en 2011, donde lo que estaba fresco de su papá eran los temas de corrupción y de violación de derechos humanos, evitaba ser tan evocativa de ese periodo".
"Pero ahora estamos en otra situación en la cual, por lo menos para un sector de la clase media, la amenaza más grande no es esa sino una izquierda que venga a generar desorden económico, y comparan la delincuencia con los tiempos del terrorismo", le dice Incio a BBC Mundo.
Además de "mano dura" contra el crimen en un país donde han aumentado la extorsión y los homicidios, Fujimori propuso que magistrados anónimos juzguen a presuntos delincuentes aunque esto vaya contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el gobierno de su padre, jueces sin identificar procesaron supuestos casos de terrorismo que luego acabaron en numerosos indultos por falta de garantías.
Fujimori también ha planteado instalar en Perú megacárceles como la que construyó el presidente Nayib Bukele en El Salvador para expandilleros, pese a los señalamientos de abusos que la misma recibe.
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Pie de foto, Durante el gobierno de su padre, Keiko Fujimori fue primera dama de Perú a partir de los 19 años.
Por otro lado, ha dicho que mantendrá el orden macroeconómico pero repetirá medidas de su padre que muchos consideraron populistas, como la entrega masiva de títulos de propiedad de tierras.
"Puedes ser populista y ortodoxo al mismo tiempo, es lo que demostró Fujimori", dice Incio.
"(Keiko) no va a hacer un populismo económico de izquierda, porque lo que menos va a querer es tocar cosas macro que afecten a esa clase media, como el tipo de cambio, pero sí va a hacer un uso del Estado populista".
Él y otros analistas atribuyen su triunfo en parte al cansancio de los peruanos con la inestabilidad política que los llevó a tener ocho presidentes en la última década.
Pero responsabilizan en parte de eso a la propia Fujimori, por usar su mayoría en el Congreso para forzar la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018 mediante un mecanismo constitucional para casos excepcionales de "incapacidad moral" que pasó a activarse con frecuencia desde entonces.
Ahora los expertos consideran difícil que la nueva presidenta sea víctima del mismo mecanismo, dado que tendrá más apoyo en un Congreso fragmentado, aunque sin mayorías propias.
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Pie de foto, Keiko Fujimori asistió al funeral de su padre en septiembre 2024.
Sánchez, el adversario de Fujimori en el balotaje, fue visto por muchos como una opción más riesgosa por estar asociado al expresidente Pedro Castillo, quien intentó dar otro "autogolpe" en 2022 pero fracasó y terminó preso.
La prisión de expresidentes en Perú por distintos procesos se ha vuelto frecuente desde que Alberto Fujimori pasó 16 años encarcelado y recuperó la libertad en 2023, sin completar su condena de 25 años, gracias a un indulto.
Keiko también cumplió cerca de un año y medio de prisión preventiva entre 2018 y 2020, en una causa por presuntas aportaciones ilegales para sus campañas que fue desestimada el año pasado.
La presidenta ha asegurado que estará en el cargo solamente durante los cinco años de su mandato.
Esa fue otra diferencia que marcó públicamente con su padre, quien tras dar su golpe y reformar la Constitución fue reelecto en dos oportunidades hasta que renunció durante un viaje al exterior en medio de varios escándalos.
Lo que falta saber ahora es cuánto se parecerá o distinguirá en los hechos el gobierno de Keiko con el de Alberto Fujimori: este martes comienza a develarse esa historia.
Familiares de presos políticos esperan en un campamento frente a la embajada de los Estados Unidos este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña
Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron este viernes a Estados Unidos que exija la liberación de estos detenidos, luego de cinco días pernoctando en carpas a las afueras de la embajada norteamericana en Caracas, esperando a ser recibidos por la misión diplomática.
Los parientes, que se instalaron en una caminería cercana a la legación diplomática, aseguran que no se moverán del sitio hasta ser recibidos por el encargado de negocios, John Barrett.
“Para nadie es un secreto que los representantes de este Gobierno, después de lo sucedido el 3 de enero, están recibiendo órdenes del Gobierno de los Estados Unidos”, indicó a EFE Francis Quiñones, familiar del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Jonathan Rafael Franco Quiñones, en referencia a la captura ese día de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
“Entonces es la embajada quien nos debe de ayudar a nosotros, ya que le está dando directrices al Gobierno de Venezuela y le debe exigir que los termine de liberar”, continuó.
Quiñones pasó, antes del domingo, 150 días protestando por la libertad de los presos políticos frente a la sede de la cárcel de El Helicoide, señalada como centro de torturas por opositores y aparentemente cerrada el miércoles de la semana pasada, cuando fueron trasladados a otros centros penitenciarios los detenidos que estaban allí recluidos.
El traslado se llevó a cabo luego de denuncias de ONG de que en el centro todavía quedaban presos políticos, pese a que en enero Delcy Rodríguez ordenó su clausura y posterior “transformación” en un “centro deportivo” en el marco de una serie de anuncios de excarcelaciones.
Recientemente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró que El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, había sido cerrado.
“Aquí nos vamos a quedar para que nos puedan escuchar y, por fin, ellos puedan mediar con el Gobierno (…) para que, por favor, ya ejecuten esas liberaciones”, remarcó Quiñones.
El miércoles un grupo de familiares de más de 80 detenidos por un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se sumaron a esta protesta cerca de la embajada.
Los familiares señalan que la Policía Municipal de Baruta les ha ofrecido seguridad, pese a que un carro sin placas ha pasado varias veces vigilándolos.
Según la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, en el país hay 389 de estos detenidos.
El pasado mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los presos políticos en Venezuela.
El coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, aseguró este miércoles, en un acto de celebración por el 80 aniversario de la organización, que con el respeto a los derechos humanos, políticos, civiles, sociales y económicos, el país suramericano se va a recuperar.
“Hay una fuerza más grande que cualquier dificultad, la profunda humanidad de este país, su índole pacífica, su gente, ustedes, capaces de gestos de solidaridad y amor que no tiene comparación”, señaló Rampolla en el acto que sirvió para su despedida como coordinador residente en el país tras cinco años.
Rampolla agradeció al Gobierno venezolano, a las autoridades locales, a los actores políticos de todas las ideologías, por el diálogo y el espacio que le han brindado a la ONU, así como a los socios nacionales e internacionales, a ONG, empresarios y academias, por su compromiso, valentía y colaboración constante.
Igualmente, expresó su aprecio por las comunidades que los recibieron con confianza y que permitieron hacer el trabajo de la organización internacional.
“Un trabajo guiado por principios claros, humanidad, imparcialidad, neutralidad, buscando en todo momento soluciones en el interés de todos y todas”, añadió.
Rampolla sostuvo que en sus cinco años en el país suramericano trató de reflejar constantemente el “potencial real” que existe y no solo las dificultades.
Asimismo, afirmó que Venezuela le ha recordado que el multilateralismo importa, que el diálogo es necesario y que es posible incluso en los contextos más complejos.
En mayo pasado, el Gobierno de Venezuela acusó al secretario general de la ONU António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano “impropias de su alta investidura”, luego de que dijera que cree que hubo “grandes complicidades” en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.
Guterres afirmó entonces que piensa que “no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar” a la operación militar lanzada por EE.UU. en enero contra Venezuela, donde tiene “la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político”.
El régimen venezolano dijo que estas declaraciones “reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad”.
El director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Ignacio Da Costa (d), habla con periodistas frente a Massiel Cordones (i), familiar del preso político José Ángel Barreno, este lunes, en Caracas (Venezuela). «Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando. En dos semanas tenemos más de doscientos casos que estamos atendiendo», señaló Da Costa. EFE/ Miguel Gutiérrez
La Defensoría del Pueblo recibió este lunes 4 de mayo a un grupo de familiares de presos políticos y se comprometió a recibir sus denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos contra sus parientes en diferentes cárceles del país suramericano, incluidos casos de detenidos de nacionalidad colombiana.
«Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando. En dos semanas tenemos más de doscientos casos que estamos atendiendo», señaló el director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Ignacio da Costa, a las afueras de la institución, en el centro de Caracas, a donde concurrieron los familiares.
Los manifestantes desplegaron una tela en la que se leía «liberen a los presos políticos» y cada uno sostenía una hoja con distintos nombres de estos detenidos.
Da Costa indicó que cada caso tendrá designado un defensor delegado; pues, según dijo, cada causa tiene sus particularidades que no pueden ser trabajadas desde lo colectivo.
Asimismo, el funcionario sostuvo que en los «próximos días» la Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario se reunirán para tratar estos temas y hacer «las investigaciones concernientes».
«En varios de los casos, hemos logrado entrar a algunas de las prisiones y estamos coordinando hacer una estrategia global en todo el país», señaló Da Costa sin ofrecer mayores detalles sobre lo que encontraron en esos centros penitenciarios.
El director ejecutivo de la Defensoría también se ofreció a coordinar reuniones de trabajo con cada familiar de un preso político «para que tengan una respuesta acertada con cada uno de ellos».
Por su parte, Massiel Cordones, familiar del preso político José Ángel Barreno, denunció que se mantiene el trato inhumano contra estos detenidos y que no han recibido respuesta por parte de las autoridades sobre estas denuncias que hicieron hace más de dos semanas.
Igualmente, Cordones aseguró que a los detenidos los han rociado con gas pimienta por querer hablar o porque piden salir al patio de la cárcel a tomar el sol, lo que calificó de trato cruel.
El pasado 15 de abril, decenas de familiares y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunciaron, ante el Ministerio Público (MP), las torturas que, aseguraron, han recibido estos detenidos en varias cárceles del país.
Andreina Baduel, activista y hermana del preso político Josnars Baduel, dijo entonces a la prensa que no habían recibido respuesta de la represión registrada una semana antes dentro de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron familiares.
Ese mismo día, la Fiscalía informó que recibió esta denuncia y reiteró que se mantendrá vigilante para asegurar que se cumplan las garantías y el debido proceso.
Fotografía de archivo de una persona con billetes de bolívares y dólares, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.
La ONG Provea reclamó este viernes un salario mínimo digno para los venezolanos, que equivale 27 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial, una cifra que consideró como «pobreza extrema».
A través de X, la ONG subrayó que el Banco Mundial establece como umbral de pobreza internacional que una persona perciba tres dólares al día en países de bajos ingresos, y en Venezuela el sueldo mínimo está por debajo de este monto al mes.
Además, recordó que el salario mínimo -base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales- permanece estancado en 130 bolívares desde hace cuatro años, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes, pero la inflación crónica lo devaluó.
En los últimos años, el chavismo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 190 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 150 dólares, denominado «ingreso de guerra económica», ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.
En Venezuela, una familia necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que este viernes divulgó su estimación de la canasta alimentaria.
De acuerdo con la organización, que estima el monto con base en una familia de cinco miembros, el costo de la canasta básica en dólares registró un aumento de 7,24 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.
Organizaciones sindicales y trabajadores han marchado en las últimas semanas en Caracas para exigir aumentos salariales y mejoras laborales ante la crisis económica del país.
Delcy Rodríguez anunció la semana pasada que hará un aumento «responsable» el próximo 1 de mayo, sin especificar el monto ni tampoco si se trata de un incremento del sueldo mínimo o de la bonificación de los trabajadores públicos.
El informe, elaborado por la ONG Equalia, documenta las estrategias de supervivencia de las defensoras venezolanas. Siendo uno de los principales su capacidad de mantener redes de documentación y apoyo bajo el radar estatal
“Voces que resisten: Una aproximación a las estrategias de supervivencia y resiliencia de las defensoras venezolanas ante el cierre del espacio cívico» es el nuevo informe de la organización de derechos humanos Equalia, un documento que revela cómo las mujeres defensoras de derechos humanos han transformado su labor para sobrevivir y proteger la verdad bajo un entorno de asedio extremo.
A través de una investigación cualitativa, centrada en el área metropolitana de Caracas y el estado Miranda, el informe documenta el tránsito de las activistas hacia una «clandestinidad estratégica».
Ante leyes restrictivas y el riesgo de criminalización, las defensoras han redefinido la resistencia civil, priorizando la seguridad digital, el uso del silencio como escudo y la creación de redes de cuidado colectivo o «familias elegidas» para prevenir el colapso emocional y operativo.
«El cierre del espacio cívico en Venezuela no es solo un fenómeno político, es una crisis que se instala en el cuerpo de las defensoras», señala el informe.
La investigación destaca un hallazgo fundamental: el rol de «ancla» de las mujeres, quienes, al asumir las cargas de cuidado de sus familias en una economía colapsada, enfrentan una vulnerabilidad aumentada que el sistema de protección internacional suele ignorar.
La publicación subraya que, a pesar de la vigilancia y el hostigamiento, la labor de documentación persiste con un enfoque histórico.
Para el equipo de Equalia: «Mientras estas defensoras persistan en proteger y documentar la verdad, la esperanza de una vida más digna no será una idea abstracta, sino una realidad custodiada por las manos de quienes, con una terquedad admirable, se niegan a entregar el futuro al olvido».
«Voces que resisten» es un llamado urgente a la sociedad civil global para reconocer que la resiliencia de las defensoras venezolanas no es un recurso infinito, sino un ejercicio diario de valentía que requiere un apoyo diferencial y urgente.
El informe completo está disponible en la página web de la organización: www.equalia.ong.
Sobre Equalia:
Equalia es una plataforma independiente con sede en Caracas dedicada a la promoción de iniciativas de derechos humanos, con un enfoque interseccional y de género, que trabaja por el fortalecimiento de la sociedad civil en entornos restrictivos.
Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, exigió este sábado una reforma al sistema de justicia en Venezuela más allá de la ley de amnistía decretada para la liberación de cientos de presos políticos.
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«Quiero recordar que aquí no todo se relaciona con la amnistía. Es decir, la amnistía no puede ser tampoco el todo o el nada. Es un problema del sistema de justicia. Cada vez que vamos a un lugar, cada vez que conversamos con un familiar, encontramos casos de detenciones arbitrarias y del uso del sistema de justicia. No para el beneficio del ciudadano, sino para perseguir, para restringir el derecho a la defensa, para restringir y vulnerar el debido proceso», subrayó Romero en un video publicado en sus redes sociales.
«La gran mayoría de los casos, todos estos casos que ustedes ven aquí, no se les ha permitido el derecho a la defensa, no se les ha permitido a los detenidos la visita de un abogado de su escogencia. Se ha violado el debido proceso, retardo procesal y, obviamente, una privación de libertad de carácter preventivo que nunca culmina. Ya no es preventiva, sino se hace pues eterna con el sufrimiento de cada uno de ellos, pero además de los familiares», lamentó desde las afueras de la Cárcel de Yare, estado Miranda.
«Hay personas con enfermedades, como ustedes han oído varios de los testimonios que no han tenido atención médica, y eso para nosotros es fundamental que se entienda, pues, aquí necesitamos urgentemente la reinstitucionalización en Venezuela, la reconstrucción del sistema de justicia y un sistema de justicia que funcione para el ciudadano, para la protección de los derechos humanos y no como instrumento de persecución política», sentenció Romero.
Activistas de la organización Ve Sin Filtro exigieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que levante todos los bloqueos digitales en Venezuela. Foto: @kaoru_yonekura / Cortesía X
La organización Ve Sin Filtro exigió este viernes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que se levanten todos los bloqueos digitales en Venezuela, ya que son considerados “violaciones a los derechos humanos”.
“Le pedimos al nuevo presidente de Conatel a que se integre a la convivencia democrática y restituya todos los derechos en internet para que se respete la libertad de información y de asociación”, dijo Andrés Azpúrua, director de la organización, durante una concentración frente a la sede del organismo en Caracas.
La concentración en exigencia al organismo regulador también contó por la participación de los representantes de los medios de comunicación y gremios de periodistas.
Delcy Rodríguez designó a Enrique José Quintana Sifontes como presidente del organismo regulador en días pasados.
A solo seis días de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, la organización no gubernamental Foro Penal publicó este jueves 26 de febrero su más reciente balance sobre la situación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.
Por: lapatilla.com
Según el reporte, con corte al 25 de febrero, la cifra total de presos políticos se ubica en 568 personas.
El informe, difundido a través de la cuenta oficial de la ONG en la red social X, ofrece una radiografía detallada de la población carcelaria que aún permanece tras las rejas, a pesar del nuevo marco legal publicado en Gaceta Oficial el pasado 20 de febrero.
La cifra total de 568 arrestados refleja una realidad diversa en cuanto a género, ocupación y estatus legal.
Un dato alarmante que resalta el Foro Penal es que la gran mayoría de los detenidos no cuenta con una sentencia firme. De los 568 presos, solo 179 han sido condenados, mientras que 392 permanecen sin condena, enfrentando procesos judiciales inciertos.
Desde el hito del 20 de febrero, el flujo de ingresos y salidas de los centros de reclusión ha mostrado actividad, aunque las organizaciones defensoras de DDHH mantienen la presión por una liberación total.
Hasta el momento, el Foro Penal ha registrado 126 liberaciones recientes bajo el nuevo contexto legal de la amnistía.
Por otro lado, a pesar de la amnistía, se denunció una nueva encarcelación y 49 casos de presos reportados recientemente.
El reporte incluye un asterisco crítico: 13 personas cuyo destino o paradero es desconocido, lo que eleva las alarmas sobre desapariciones forzadas.
«Desde 2014 se han registrado 18.944 detenciones políticas en Venezuela. Más de 11.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad», señala el comunicado de la ONG.
