Iván Márquez negoció la paz de Colombia durante cuatro años en La Habana, firmó el acuerdo en 2016 y entregó las armas, pero menos de tres años después cruzó a Venezuela a buscarlas de nuevo. Márquez, uno de los guerrilleros de mayor trayectoria en el país, tenía la intención de ponerse al frente de unas FARC reunificadas, entonces convocó a tres comandantes que nunca firmaron el acuerdo y que lo tildaban de traidor. Ellos acudieron al llamado, pero no por él. Fueron a buscar fusiles. Todos contaban con el respaldo de autoridades venezolanas.
Los disidentes que llegaban del monte cruzaron la frontera para encontrarse con Márquez con la excusa de que necesitaban un médico. “Cuando hicieron la propuesta de ir a Venezuela, dijimos que sí y aprovechamos la cuestión de salud”, se lee en un acta que uno de los grupos que sigue en armas escribió para sí mismo el 17 de abril de 2024. Pero el verdadero motivo del viaje lo escribe en bruto Calarcá Córdoba, el comandante de una de tres disidencias de Colombia y quien años después sería el jefe que intentó negociar un acuerdo con Gustavo Petro. En ese momento, dicen, aceptaron la invitación porque “chavez les iva a entregar un armamento y que nos davan unoa parte a nosotros no hay problema nosotros vamos [SIC]”. En aquella época, el presidente Hugo Chávez llevaba muerto al menos cinco años, pero era una promesa heredada que seguía viva.
El viaje está contado en documentos incautados a las disidencias por las autoridades colombianas. Actas, cartas y notas de trabajo a las que ha tenido acceso EL PAÍS, y que muestran no solo la tolerancia del régimen de Nicolás Maduro con los subversivos colombianos, sino un Estado vecino que recibe, escolta y promete armas. También la interlocución de los disidentes con militares venezolanos y con lo que ellos mismos llaman el “alto gobierno” de Venezuela. Entre medias, aparecen los detalles de una ruptura entre facciones que dura hasta hoy y en la que Caracas acabó ejerciendo de árbitro.
Venezuela llevaba décadas siendo la retaguardia de esa guerrilla. Su importancia creció con la llegada de Chávez al poder en 1999 y con la presión militar de los años de Álvaro Uribe, cuando las FARC se fueron arrinconando hasta la frontera. En enero de 2008, Chávez pidió que se dejara de considerarlas terroristas y se las reconociera como “fuerza beligerante”. Dos años después, Colombia llevó a la OEA imágenes satelitales de 87 campamentos de las FARC y del ELN en suelo venezolano, con unos 1.500 guerrilleros. Con Maduro el refugio se consolidó: un informe de inteligencia de este año situaba allí a 31 cabecillas y a más de 1.300 hombres del ELN. Hoy Estados Unidos presiona y ayuda a bombardearlos.
Escolta del Ejército
La cita de 2019 era para refundar las FARC bajo un solo mando, y el mando lo iba a tener Márquez. Convocó a Miguel Botache Santillana o Gentil Duarte; a Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco; y a Calarcá, el narrador de buena parte de estos documentos. Llegó con el trabajo hecho —“un orden del día y una estructuración de mandos ya hecha”, dice el acta—, los frentes y los mandos ya repartidos. Mordisco se le plantó y le dijo, además, que de estrategia y táctica no había nada que discutir. “Después de dicho esto la reunión se acabó”, anota el acta. Al día siguiente ya no volvió: le había llegado el aviso de que Márquez planeaba matarlo, una versión que el propio bando de Mordisco cuenta en los documentos. De aquel encuentro fallido salió la guerra entre disidencias que todavía deja muertos a los dos lados de la frontera.

Pero la otra negociación, la de recuperar las armas, siguió su curso. El traslado lo organizó Géner García Molina o Jhon 40, el jefe disidente asentado en el Amazonas venezolano. Puso un guía y puso escolta: “Jon 40 nos envió un guia”, dice el acta; “nos puso un guía y nos echo el ejercito”, se lee en los apuntes en bruto. Las dos versiones, escritas por separado, coinciden en que a los guerrilleros colombianos los movió el Ejército venezolano. En el campamento de Jhon 40, en el municipio de Maroa, los esperaban seis mandos más. De allí los sacó El Paisa —Hernán Darío Velásquez, uno de los dos comandantes que habían cruzado la frontera con Márquez—, que llegó, según los apuntes, “con los soldados venezolanos”. Se montaron en un helicóptero. Al bajar, “nos estaba esperando Rodrigues Chasis”, dice el documento.
Ese hombre, cuyo nombre los guerrilleros escribieron como lo oyeron, es Ramón Emilio Rodríguez Chacín, capitán de navío retirado de la Armada venezolana, ministro del Interior y Justicia de Hugo Chávez en dos etapas —2002 y 2008— y gobernador del estado Guárico entre 2012 y 2017. Desde hace dos décadas, su nombre aparece cada vez que se documenta un contacto entre el chavismo y los grupos armados colombianos. La OFAC lo marcó en 2008, ya como exministro, por ayudar materialmente a las FARC, y sostuvo que era el principal contacto de la guerrilla con el Gobierno venezolano para adquirir armas. El Departamento del Tesoro citó además una reunión con Iván Márquez en Miraflores en noviembre de 2007.
Hoy, Rodríguez Chacín figura como coacusado en el expediente que el Distrito Sur de Nueva York hizo público el 3 de enero contra Maduro y otras cinco personas, y es uno de los tres —con el propio Maduro y con el ministro del Interior, Diosdado Cabello— que enfrentan los cuatro cargos, incluido el de narcoterrorismo. La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que Maduro le encargó dar “protección y apoyo” a las FARC y al ELN, y lo sitúa llevando a dirigentes guerrilleros a Miraflores y a Fuerte Tiuna, el complejo militar que alberga el Ministerio de Defensa venezolano en Caracas.
Una promesa inmortal
Al día siguiente del vuelo en helicóptero, Rodríguez Chacín abrió un ordenador delante de ellos para leerles un viejo compromiso de Hugo Chávez con la cúpula histórica de las FARC. Eran cartas al fundador de la guerrilla, Manuel Marulanda, y a su jefe militar, Jorge Briceño, el Mono Jojoy, en las que el comandante y presidente venezolano les pedía que crearan las condiciones para un movimiento popular. Si aquello fallaba, Venezuela volvería a darles armas y dinero. “Mi comandante en vida hizo un compromiso con el secretariado y dijo que si fallaba ese compromiso, les daríamos las armas nuevamente y las finanzas”, recoge el acta. Y añadió: “Murió nuestro comandante y le vamos a dar cumplimiento a nuestra palabra”. Marulanda murió en 2008. El Mono Jojoy, en un bombardeo del Ejército colombiano en 2010. Chávez, en 2013. Los tres llevaban años muertos cuando sus herederos se sentaron a cobrar lo pactado.
Los disidentes pidieron los fusiles. “Dijo que en 10 días se daba eso”, anota el acta. Y Rodríguez Chacín explicó de dónde iban a salir: “Como se está haciendo relevo de armas entonces de esos podemos darle”. Los apuntes en bruto de la misma reunión hablan de un arsenal: “Les vamos a dar 4 mil fusiles fall”. El FAL era el fusil del Estado venezolano hasta 2005 que empezó el reemplazo por AK47. Tan solo un año después, la Federación de Científicos Americanos advirtió de que el Ejército venezolano había aportado decenas de sus viejos FAL al tráfico ilegal que abastece a la guerrilla colombiana. La promesa no se cumplió. “Fuimos a caracas nos llevaron al médico y regresamos rápido 15 días nada 20 días y nada”, dice el acta. No consta que los 4.000 fusiles llegaran.

Hay otra versión de aquel viaje, la de Mordisco, que se conserva porque la copiaron sus enemigos en sus computadores. Según ella, el viaje no fue una petición de fusiles sino un golpe de mano: “Entre Gentil, Calarcá y Márquez se presentaron como EMC (Estado Mayor Central) ante el gobierno de Venezuela en una base militar de Caracas”. “Lo mismo hicieron con el ELN”. Según Mordisco, los tres guerrilleros no fueron solo a pedir armas, sino que fueron a que el Estado venezolano los reconociera como la dirección de la nueva guerrilla.
En juego estaba la supervivencia en Venezuela. En un comunicado interno del 22 de enero de 2022, un mando de la facción de Calarcá avisa a los suyos de que los rivales hacían gestiones para que el Gobierno venezolano los atacara: “ELN y segunda marquetalia ha estado haciendo un fuerte trabajo a nuestra contra para que el gobierno venezolano nos ataque, al punto que trabajan porque nos den el calificativo de TANCON”, Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos. Y explica cómo estaban intentando defenderse: “Caso que se está trabajando con amigos allá, que trabajan por desmentir todo esto ante el gobierno V y vamos bien”. Mientras tanto, dice el mismo texto, había “un gran despliegue de tropas venezolanas, blindados, aviación tripulada y no tripulada”, pero “se han abstenido de atacarnos”.
Rodríguez Chacín, el exmilitar señalado de ser el enlace en Venezuela, no ha comparecido ante el tribunal de Nueva York. En el expediente en Nueva York aparece por última vez el 4 de enero, y desde febrero todos los escritos van encabezados solo con los nombres de Maduro y Cilia Flores. Lleva años sin aparecer en público. “Él siempre ha sido un hombre clandestino”, dicen quienes le conocen.
Aunque según los documentos la entrega de los 4.000 fusiles venezolanos se frustró, las autoridades colombianas llevan años incautando armamento a los grupos ilegales con las siglas FN FAL, el modelo ofrecido a los guerrilleros, con “escudos de la República de Venezuela”. En 2020, algunas de esas armas estaban siendo transportadas por Los Rastrojos, un grupo de origen paramilitar. Un año más tarde, en un intento de atentado que le hicieron al expresidente Iván Duque, aparecieron otras armas venezolanas. Y en los últimos dos años, varios fusiles incautados a las disidencias de las FARC de Calarcá llevan, justamente, la marca del Ejército Bolivariano. Hace solo dos semanas un nuevo fusil de ese mismo modelo fue incautado a una facción de las disidencias de Calarcá. Casi todos los protagonistas de esta historia han acabado muertos justamente en Venezuela. El refugio también fue cementerio.

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