Las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo migratorio con los demócratas reabrieron en Estados Unidos el debate sobre la Ley Dignidad, el proyecto de la congresista republicana María Elvira Salazar que daría un estatus legal temporal a millones de inmigrantes indocumentados. En esa discusión, amnistía y reforma migratoria se usan a menudo como sinónimos, aunque los documentos del propio Congreso las definen de formas distintas.
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En una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, emitida el domingo 8 de noviembre, Trump admitió que su política de deportaciones “quizás fue demasiado dura” y calificó como “algo realmente factible” un acuerdo sobre inmigración con la nueva mayoría demócrata en el Congreso, aunque no dio detalles. Sostuvo que los delincuentes deben ser deportados, mientras que otros podrían quedarse si son “buenas personas” que trabajan en jardinería u hoteles y, en algunos casos, pagan impuestos. Sin embargo, horas después de grabar la entrevista nombró jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, arquitecto de su agenda migratoria más dura.
Por su parte, Salazar llevaba semanas anticipando ese giro. El 15 de octubre, en Miami, aseguró que Trump apoyaría legalizar a algunos inmigrantes antes del final de su mandato, y a finales de ese mes recuperó el respaldo público del presidente tras la polémica que generó su propuesta entre los republicanos.
Para separar los términos se tomará como referencia un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) publicado en noviembre de 2019. El documento define la legalización como la concesión de un estatus migratorio legal a un extranjero que está en el país sin autorización, de modo que deje de estar sujeto a deportación. La palabra amnistía quedó asociada sobre todo a la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA), que abrió dos programas únicos, uno para quienes residían en el país desde 1982 y otro para trabajadores agrícolas, y que según el informe regularizó a más del 60% de la población indocumentada de entonces. La Corte Suprema, en el caso McNary v. Haitian Refugee Center de 1991, se refirió a ese primer programa como una amnistía.
En cambio, la reforma migratoria integral apunta a un paquete más amplio. El mismo informe recoge cómo la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, la describió en 2009 como un “taburete de tres patas”, hecho de una aplicación seria de la ley, mejores vías legales para familias y trabajadores, y un trato justo para quienes ya vivían en el país.
La Ley Dignidad, identificada como H.R. 4393, se mueve en ese segundo terreno. Salazar la presentó el 15 de julio de 2025 junto con la demócrata Veronica Escobar, de Texas, y un grupo bipartidista de representantes. El texto combina dinero para seguridad fronteriza, el uso obligatorio de E-Verify para todos los empleadores y la creación de al menos tres campus humanitarios en la frontera sur, donde las solicitudes de asilo se decidirían en 60 días.
Su pieza central es el Programa Dignidad, abierto a indocumentados que estuvieran en el país antes del 31 de diciembre de 2020. Según el resumen de la oficina de Salazar, deben carecer de antecedentes penales, pagar los impuestos atrasados, abonar una restitución de 7.000 dólares en un plazo de siete años y presentarse ante el Departamento de Seguridad Nacional cada dos años. A esto se suma un descuento del 1% del salario de quienes obtengan permiso de trabajo, que iría a un fondo para trabajadores estadounidenses. Durante esos siete años no tendrían acceso a beneficios federales ni a una vía hacia la residencia o la ciudadanía. Al completar el programa podrían pedir el Estatus Dignidad, que incluye permiso de trabajo, protección contra la deportación y autorización de viaje, y que se renueva de forma indefinida con buena conducta y sin nuevos pagos.
En cuanto a los Dreamers, los jóvenes llegados al país cuando eran niños, el proyecto les ofrece una residencia condicional de diez años con una vía a la residencia permanente por trabajo, servicio militar o estudios. Es el único grupo al que la propuesta abre ese camino.
Salazar resume su proyecto como “estatus legal, no ciudadanía, para quienes trabajan, pagan impuestos y contribuyen al país”, y con esa definición rechaza que se trate de una amnistía. La Ley Dignidad no ha sido aprobada y cualquier avance depende de que el Congreso la someta a votación.
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