El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, planteó este jueves 1 de octubre que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones requieren revisión, dado lo que cambió el panorama comunicacional mundial desde que se aprobaron.
En una entrevista para VTV, el funcionario precisó que no se trata de una sola ley. Explicó que algunos temas de la agenda pueden resolverse mediante medidas administrativas y otros con reformas legislativas. Su planteamiento se conoce en pleno debate sobre la Ley contra el Odio, que el Ejecutivo pidió reformar de forma parcial y que, según la oposición, debe desaparecer.
La Ley Resorte rige desde el 7 de diciembre de 2004 y en diciembre de 2010 se reformó para extender sus alcances a los medios electrónicos. El texto faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a abrir procedimientos administrativos contra los proveedores de internet.
El gremio periodístico reclama cambios en esa norma desde antes. En marzo de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) pidió reformarla para evitar ambigüedades e interpretaciones que resulten convenientes para quienes deciden. También rechazó que se mantengan bloqueados medios digitales que no tienen investigaciones abiertas en los tribunales.
Ley contra el Odio
Castillo se refirió además a la Ley contra el Odio. Cuestionó los artículos 12 y 13 porque, a su juicio, no hay razón para darles una categorización penal adicional si ya existen procesos administrativos para sancionar los llamados al odio o a la desestabilización. “¿Para qué lo íbamos a poner aquí (…) si ya existe?”, dijo.
Sus declaraciones llegan tras la carta que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió a la Asamblea Nacional, fechada el 28 de septiembre, para solicitar con urgencia la reforma parcial de esa norma. El martes 29 reconoció que “se hizo un uso abusivo” de la ley. Ese día, el Parlamento designó una comisión especial, presidida por el diputado Pedro Infante, para redactar el proyecto.
La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión. También permite revocar licencias de emisión y bloquear páginas web. La ONG Espacio Público tiene documentados más de 120 casos de aplicación entre 2017 y 2024. El bloque opositor agrupado en la PUD exige la derogación: “No se reforma la represión: se desmonta”.
El SNTP advirtió esta semana que eliminar las penas de cárcel sería un avance, pero insuficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.
El diputado Jorge Arreaza, integrante de la comisión, propuso escuchar a periodistas, víctimas y militares durante el proceso. Mientras avanza el debate, la ONG Foro Penal alerta que aún permanecen 324 presos políticos en el país.
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