El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto para agilizar los mecanismos para sancionar a las petroleras que operen en las islas Malvinas, bajo control británico y cuya soberanía reclama el país suramericano.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, busca acelerar los procedimientos para aplicar la ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011 y que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Esa norma establece sanciones para las empresas que realicen actividades sin la autorización de Argentina, país que considera a las islas Malvinas y a las aguas que la circundan como espacios comprendidos dentro de su plataforma continental.
En un mensaje por cadena nacional emitido en la noche de este jueves, Milei ya había anticipado que buscaría acelerar la aplicación de sanciones a las petroleras, sus directivos, accionistas y proveedores, con operaciones en Malvinas a partir de licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera «ilegales».
Argentina ya había aplicado las sanciones previstas en la ley 26.659 a la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, socias en el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en el Atlántico sur.
Ambas empresas fueron inhabilitadas para operar en Argentina por un plazo de veinte años.
Operado por Navitas, Sea Lion se encuentra en incipiente fase de desarrollo, después de que a finales de 2025 la israelí y su socia británica anunciaran la decisión final de inversión en el proyecto, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.
El decreto ordena a todos los organismos de la Administración pública argentina a reportar de inmediato si detectan cualquier empresa operando en Malvinas sin autorización argentina, para abrirles un procedimiento y notificarles la infracción.
La ley de 2011 no solo sanciona a las petroleras no habilitadas por Argentina, sino también a quienes tengan participación directa o indirecta en los proyectos o que presten para esos desarrollos servicios comerciales, económicos, financieros, logísticos, técnicos y de consultoría.
Todos estos podrían quedar inhabilitados por un plazo de cinco a veinte años para desarrollar actividades en Argentina.
En Malvinas operan, además de Navitas y Rockhopper, la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de varias compañías que les proveen servicios e infraestructura.
En decreto publicado este viernes establece, además, que ninguna de estas empresas que incumplan la ley de 2011 podrán tener relación con proyectos que sean admitidos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en Argentina en 2024 y del que ya se están beneficiando varias iniciativas en el sector de los hidrocarburos.
EFE
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