Hay momentos en la vida de las naciones en que las palabras se quedan cortas, no porque no existan, sino porque el peso de lo que nombran las desborda. El lanzamiento de la Alianza por Venezuela, esa nueva forma política unitaria que aspira a reunir partidos y fuerzas sociales, ocurre en uno de esos momentos. No se trata de un acto fundacional más, ni de un manifiesto de temporada: es el intento —acaso el último— de ponerle fecha a lo que todos saben inevitable, pero nadie se atreve a calendarizar. Unas elecciones presidenciales. El reto es enorme, casi quijotesco. La aspiración, en cambio, se enuncia con facilidad y se persigue con dificultad: que los venezolanos vuelvan a votar para elegir a su presidente en el menor tiempo posible.

Lo primero que salta a la vista no es la alianza en sí, sino el paisaje que la rodea. Un paisaje de relojes. En Venezuela todos parecen tener uno. Washington tiene el suyo; Delcy Rodríguez tiene otro. María Corina Machado corre contra el tiempo, pero Dinorah Figuera también. Mientras cada actor calcula sus movimientos, hay un reloj que no negocia, no se detiene y no sabe de geopolítica: el del venezolano común. Ese reloj no mide barriles ni mandatos; cuenta apagones, días sin respuesta, presos políticos, salarios que no alcanzan. Es el único que tiene veinticuatro horas, y avanza igual para quien espera en una cola de farmacia que para quien negocia en un hotel de Caracas.

La Alianza por Venezuela nace en el cruce de esos relojes. Fue lanzada oficialmente el 14 de septiembre, bajo la vocería de Noel Álvarez, coordinador nacional de Gente Independiente y expresidente de Fedecámaras. En su presentación se aclaró, con una sobriedad que agradecen los cansados, que la intención no era competir por espacios políticos ni parcelas de poder. Se trataba, más bien, de promover la discusión y presionar por un cronograma electoral claro, elecciones presidenciales con garantías, restitución de partidos, cese de inhabilitaciones, liberación de presos políticos y respeto a la soberanía nacional. En un país donde la política ha sido tantas veces un ejercicio de vanidad y reparto, ese catálogo de intenciones suena casi a confesión: esto ya no se trata de quién manda, sino de cuándo dejamos de esperar.

La Alianza funciona como vehículo político alrededor del liderazgo de María Corina Machado, con el premio Nobel de la Paz 2025 como arrastre. No es una tolda nueva; es el intento de reordenar un espacio opositor que llegaba a este tramo del año visiblemente deshilachado.

Ahora bien, ¿podrá hacer realidad su aspiración? La respuesta no está, por ahora, en la Alianza, sino en las manos de quienes tienen la decisión. Esas manos, hoy, son dos: la comisión negociadora que se sienta en el hotel Marriott y el gobierno de los Estados Unidos. Entre esos factores decisores se barajan al menos tres posibilidades: elecciones locales y regionales, elecciones presidenciales, o elecciones presidenciales con Asamblea Nacional. Las dos últimas, de darse, estarían en el marco del objetivo trazado. El problema es que la fecha de realización de cualquiera de las tres fórmulas no está, que se sepa, sobre la mesa. Y su definición dependerá siempre de la política que desarrollen la Alianza y María Corina Machado, sin olvidar que todo responde al complejo juego de intereses.

Veamos esos intereses con la frialdad que exige el análisis. Los gringos se moverán, como siempre, de acuerdo con sus intereses. Y su interés, hoy, está cifrado fundamentalmente en el negocio petrolero. El acuerdo firmado con NABEP otorga a esa empresa privada una concesión de cien años sobre diecisiete campos petroleros que albergan unos 65.000 millones de barriles de crudo, cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas. El Departamento de Defensa estadounidense tendrá una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP, y el Departamento de Estado dispondrá del derecho a adquirir, a precio de producción, el 20% del petróleo extraído para abastecer las reservas estratégicas. La empresa, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se compromete a invertir cerca de 100.000 millones de dólares —habrá que ver de dónde sacará ese monto— para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera, y pagará, durante los próximos veinticinco años, unos 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas.

El asunto tiene una lógica que trasciende a Venezuela. Como se ha señalado, el precio de la energía es un factor clave de la inflación estadounidense; si las petroleras logran llevar crudo venezolano a las refinerías norteamericanas, podrían ayudar a bajar los precios de la gasolina y mejorar el desempeño económico antes de las elecciones de medio término. Trump lo ha vinculado sin pudor: Washington necesita resultados; Caracas necesita inversiones; y la industria petrolera necesita años para recuperarse, pero la política, esa señora impaciente, trabaja con fechas. La fecha marcada en el reloj de Trump es noviembre de 2026. No es un secreto ni una especulación: es el calendario electoral estadounidense, y Venezuela, con su petróleo, ocupa un lugar estratégico en ese tablero.

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