Quizá el escepticismo y la cautela sean los términos que mejor expresen el clima del país político en la actualidad, mientras la desconfianza continúa corriendo por las veredas del país nacional. Tal circunstancia reclama una paciente y sostenida labor de orientación cívica que, desde luego, no puede ser encabezada por un gobierno carente de la autoridad moral indispensable para hacerlo: corresponde, más bien, a la oposición genuinamente democrática, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los centros académicos explicar con ponderación qué significa una transición política, cuáles son sus límites y cuáles sus propósitos.
No deja de sorprender la rapidez con la que comienza a consolidarse un imaginario según el cual la reciente instalación de una mesa de diálogo equivale a la conformación de una coalición de gobierno y, por consiguiente, cualquier asunto nacional e incluso local debe ventilarse y resolverse en esa instancia. De prosperar semejante percepción, terminará por deformar las expectativas ciudadanas sobre el difícil proceso en curso y por atribuirle responsabilidades que simplemente no le corresponden.
Toda negociación política parte de un objeto determinado y de una finalidad específica. Las legítimas aspiraciones al cambio democrático, pacífico y verificable, no pueden confundirse con la conformación de un equipo llamado a sustituir el funcionamiento ordinario del Estado ni a asumir atribuciones propias de los órganos del Poder Público. Semejante interpretación constituye un error conceptual y un evidente absurdo político.
La dirección del Estado continúa ejerciendo responsabilidades inherentes e intransferibles. La atención de las emergencias nacionales, la conducción de la administración pública, la ejecución del presupuesto, la seguridad ciudadana, la política exterior y la defensa de la soberanía territorial permanecen bajo esa responsabilidad, sin que una mesa de negociación pueda reemplazarla ni compartirla.
La transición democrática tampoco constituye una fórmula providencial capaz de resolver, simultáneamente, todas las vicisitudes nacionales. La negociación representa un instrumento extraordinario para hacer posible la recuperación institucional del país, pero no sustituye el ejercicio regular del poder ni exonera al gobierno de las obligaciones que constitucionalmente le incumben. Confundir ambos planos solo contribuye a incrementar la frustración ciudadana y a erosionar la credibilidad del propio proceso.
Conviene recordar, además, que la finalidad de la transición consiste en restablecer las capacidades institucionales del Estado, devolver la legitimidad a los órganos del Poder Público y reabrir los cauces de la vida democrática. Todo aquello que exceda ese propósito deberá ser atendido por las autoridades legítimamente constituidas, una vez culminada la etapa inicial del proceso.
La mayor contribución que hoy pueden ofrecer los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores académicos consiste en desarrollar una paciente pedagogía de la transición. Resulta indispensable explicar que una mesa de negociación no representa una asociación permanente entre gobierno y oposición, ni una coalición destinada a compartir el ejercicio del poder. Constituye, antes bien, un mecanismo excepcional para acordar las condiciones que hagan posible la recuperación de la institucionalidad democrática. Solo desde esa comprensión será posible evitar falsas expectativas y preservar el verdadero sentido del proceso político en curso.
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