El balance oficial de los terremotos del pasado 24 de junio sitúa en 17.854 el número de personas que han perdido la totalidad de sus viviendas en el país, una contingencia que concentra su mayor impacto en el área metropolitana de Caracas y el estado La Guaira. Ante este escenario, gremios inmobiliarios, ingenieros y autoridades locales iniciaron el diagnóstico técnico de las estructuras para determinar los niveles de habitabilidad, riesgo estructural y aumento de la demanda.
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En una entrevista concedida al periodista Román Lozinski, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Fernando Di Gerónimo, detalló que las inspecciones de ingeniería civil se están ejecutando bajo un sistema de etiquetado por colores para clasificar el estado real de cada edificación y coordinar los planes de contingencia.
El semáforo técnico de clasificación de daños
El protocolo de evaluación arquitectónica y de ingeniería civil divide los inmuebles en tres categorías operativas según la gravedad de los daños registrados:
- Etiqueta Verde (Instalación segura): Identifica a las estructuras que no sufrieron daños en sus elementos de carga (columnas, vigas o fundaciones) y que son aptas para ser habitadas de inmediato por sus propietarios o inquilinos.
- Etiqueta Amarilla (Reparación moderada): Aplica para edificaciones con fallas en paredes, fachadas o servicios internos, pero sin compromiso de la estabilidad del edificio. Requieren de obras de refacción y mantenimiento técnico antes de permitir el reingreso definitivo de personas.
- Etiqueta Roja (Inhabitable / Demolición): Se asigna a los inmuebles con daños estructurales severos o colapso parcial. Di Gerónimo advirtió que estas estructuras no cuentan con viabilidad técnica para ser recuperadas, por lo que deberán ser demolidas en su totalidad para proceder con una nueva construcción.
Derechos de propiedad y cambios en la demanda del mercado
Los especialistas del sector aclararon la situación legal de los terrenos en las zonas afectadas, enfatizando que el derecho de propiedad sobre la tierra prevalece de forma absoluta, incluso en aquellos casos donde el edificio residencial haya colapsado por completo. «La propiedad tiene su valor, y si se puede rescatar y rehacer el inmueble, se puede refaccionar», puntualizó el presidente del gremio metropolitano.
Por otra parte, la emergencia sísmica ha generado un cambio inmediato en los criterios de compra y alquiler en el país. La directora de Remax Venezuela, Gladys Chacín, reportó que los clientes y familias han desplazado los elementos de lujo, áreas sociales o comodidad estética para priorizar variables de seguridad técnica. La demanda actual del mercado inmobiliario se concentra de forma estricta en tres factores:
- Certificaciones de resistencia y seguridad sísmica de la estructura.
- Reputación y trayectoria de la empresa constructora a cargo del proyecto.
- Preferencia mayoritaria por apartamentos ubicados en pisos bajos.
Finalmente, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela urgió a las autoridades legislativas a acelerar la reforma de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. El gremio argumentó que la actualización de este marco jurídico es una condición indispensable para generar confianza legal en los propietarios, reactivar la oferta de viviendas en alquiler para los damnificados y coordinar un plan de reconstrucción nacional sostenible entre el Estado, las empresas privadas y los colegios profesionales de ingeniería y arquitectura.
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