El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) presentó un pliego de propuestas de carácter administrativo para oxigenar el flujo de caja del sector privado e impulsar la transición hacia la formalidad. Entre las medidas centrales planteadas por el gremio destacan la eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y la reducción de las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISLR) —actualmente fijadas en 75 %— para ubicarlas en tramos de 50 % o 25 %.
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Asimismo, la cúpula comercial aboga por extender el ciclo de declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA de 15 a 30 días), la flexibilización de las tasas municipales, el acceso al crédito bancario y la disminución del encaje legal para dinamizar la actividad productiva sin generar presiones inflacionarias.
Petitorio administrativo de Consecomercio
Para simplificar el cumplimiento tributario y dinamizar el comercio formal, el organismo empresarial plantea:
- Digitalización y automatización: Suprimir la documentación física mediante plataformas electrónicas ágiles que aceleren la recaudación sin entorpecer la operatividad de las empresas.
- Armonización tributaria y aduanera: Unificar criterios en todos los niveles de gobierno para evitar que el pago de un tributo local condicione el cumplimiento de otros.
- Importaciones y regímenes especiales: Definir políticas claras de valoración de bienes importados y exportados, respetar las licencias automáticas de Puerto Libre en Nueva Esparta y eliminar la autorización previa del Seniat en las Admisiones Temporales Pasivas y Activas (ATP) para resguardar la propiedad privada.
Acercamiento con el Seniat para un nuevo modelo fiscal
Las propuestas gremiales fueron evaluadas durante un encuentro institucional celebrado el pasado 21 de julio entre la directiva de Consecomercio y autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Consecomercio calificó la reunión de positiva y enfatizó que una reforma fiscal con criterios progresivos permitirá ampliar la base de contribuyentes informales, elevar la recaudación del Estado para financiar servicios públicos y generar un entorno favorable para la creación de empleos en el contexto post-terremoto.
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