Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron «enérgicamente» este domingo el allanamiento ilegal, actos de extorsión y la detención de, al menos, 33 hombres por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un local de entretenimiento LGTBI en el estado Lara (oeste) el sábado.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS afirmaron en un comunicado que los agentes policiales, vestidos de civiles, «acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, según relatan las víctimas».
«Este grave suceso no solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también criminaliza y somete a la humillación pública a al menos 33 hombres presentes, exponiendo su orientación sexual a familiares y amigos», advirtieron.
Según las organizaciones, continúa una política de criminalización contra las personas LGTBI en Venezuela, al asegurar que ha habido allanamientos en seis locales de entretenimiento, sin especificar desde cuándo, y la «detención arbitraria de distintas personas por su expresión de género o por estar relacionadas con personas del mismo género».
«Exigimos a las autoridades con competencia una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de esta agresión. Estos actos arbitrarios y discriminatorios son inaceptables y profundizan la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante la impunidad», expresaron.
Las ONG hicieron un llamado a que la «violencia institucional y la criminalización de la diversidad sexual y de género» cesen de inmediato y exigieron al Estado garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.
«Es hora de que se garantice la protección inmediata a las personas LGBTIQ+ y cese la persecución ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado. ¡No más homotransfobia de Estado!», agregaron.
En julio de 2023, 33 hombres fueron detenidos en un local LGTBI en el estado Carabobo (norte), acusados de «ultraje al pudor», además de «agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica», y excarcelados días después, tras numerosas protestas de distintos sectores.
El colectivo LGTBI venezolano advirtió entonces que el caso sentó un precedente que «puede dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual».
En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante «las acciones arbitrarias» y «los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela» contra personas LGTBI, por lo que urgió al país a «abstenerse de criminalizar» a este colectivo.
El pasado 9 de mayo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una «doctrina sobre la diversidad» sexual «como un derecho humano fundamental».
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de la comunidad LGTBI.
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