Tras una fuerte presión gremial, la Corporación Socialista del Cemento (CSC) devolvió los cargamentos retenidos de forma imprevista a los empresarios del sur del estado Bolívar. A pesar de recuperar el material, los afectados advirtieron que la mercancía “nunca debió estar confiscada”, ya que los despachos estaban cancelados y contaban con toda la permisología de ley para su traslado hacia la zona sur.
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Sin embargo, la restitución no resuelve el problema de fondo. Jean Franco Fabi, presidente de la Cámara de Industria, Producción y Comercio Gran Sabana, denunció que el descontento persiste porque los códigos del sistema Sacpro siguen completamente bloqueados.
Esta medida administrativa mantiene paralizadas a 17 empresas cementeras locales y afecta con igual fuerza a comerciantes de Tumeremo y El Dorado en el municipio Sifontes.
Para el gremio, este bloqueo asfixia la economía formal y deja el control del insumo en manos de la especulación. Fabi alertó que el cemento ya se comercializa en el mercado informal “a precio de oro”, y cuestionó públicamente a quienes beneficia la suspensión de los canales regulares de distribución.
Asimismo, advirtió que de mantenerse la restricción, los proyectos de infraestructura comunitaria en la región quedarán completamente paralizados.
A pesar de la gravedad de la situación, el sector comercial sigue apostando al diálogo. Una comisión de empresarios acudirá ante la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) N° 62 Bolívar, señalada como responsable de la orden de restricción. Fabi cuestionó que el organismo militar no emitiera ninguna notificación escrita ni procedimiento jurídico que justificara la medida, lo que transgrede el derecho al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución.
El objetivo de los comerciantes es instalar una mesa de diálogo con las autoridades militares para esclarecer las supuestas investigaciones de seguridad y lograr la reactivación inmediata de los códigos de despacho.
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