Estados Unidos y el nuevo Gobierno venezolano han dejado señales públicas, en los últimos días, de una coordinación operativa en materia de seguridad que ya no se mueve en el terreno de la especulación, sino en el de la acción. El 10 de junio de 2026, desde Guantánamo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anticipó que habría “grandes noticias” desde Venezuela porque Washington ya contaba con “un socio allí en Venezuela dispuesto a colaborar con nosotros”.
Coordinación operativa: EE.UU. y Venezuela avanzan en acciones conjuntas contra narcotráfico y crimen organizado.
Marco regional: Integración dentro de la estrategia del SOUTHCOM para fortalecer alianzas en el América Latina
Proyección: Podría derivar en un acuerdo de defensa con cooperación militar, inteligencia y entrenamiento conjunto.
Del relato a los hechos
Dos días después, el 12 de junio, el presidente Donald Trump aseguró que una operación estadounidense contra el líder del Tren de Aragua fue “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes trabajamos muy bien”. El teatro de esta coordinación es Venezuela, pero su alcance declarado por Washington se extiende a todo América Latina: combatir narcotráfico, terrorismo y amenazas a la seguridad regional.
Ese patrón ya tuvo una demostración concreta en Ecuador, donde Quito y Washington activaron una ofensiva conjunta en contra estructuras del narcotráfico y organizaciones catalogadas por la narrativa oficial como narco-terroristas. El 3 de marzo de 2026, SOUTHCOM informó que fuerzas especiales ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra “Designated Terrorist Organizations” en territorio ecuatoriano. En ese contexto, el comandante del SOUTHCOM, general (USMC) Francis L. Donovan, declaró: “Felicitamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por su compromiso inquebrantable con esta lucha, demostrando coraje y determinación mediante acciones continuas contra los narcoterroristas en su país”.
Pero la base estratégica de esta nueva dinámica empezó a quedar visible meses antes. El 18 de febrero, el general Donovan, viajó a Caracas y se reunió con autoridades interinas venezolanas. Emitiendo en su momento un comunicado por redes sociales en el que el SOUTHCOM informó que las conversaciones se centraron en “El entorno de seguridad”, en los “medidas para asegurar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump” y en “la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”.
En otras palabras, el canal militar bilateral entre Washington y Caracas ya había sido abierto desde febrero, y la narrativa pública de junio parece confirmar que ese canal ha pasado de la conversación a la acción. En este sentido, el general Donovan tampoco ha ocultado el marco doctrinal bajo el cual opera ese acercamiento. En su Declaración de Postura 2026 ante el Comité de Servicios Armados del Congreso de EE. UU., señaló que su Comando busca “transform our security partnerships into force multipliers for hemispheric defense.” En el portal oficial de SOUTHCOM, además, se establece que “La asociación es la base del enfoque de SOUTHCOM en materia de seguridad regional”.
Del objetivo táctico al convenio de seguridad
A la luz de los hechos, el paso siguiente de Washington podría ser un esquema de cooperación de baja visibilidad política y alta utilidad militar: enlaces permanentes entre el SOUTHCOM y el Ministerio de Defensa venezolano, intercambio más robusto de inteligencia, asistencia técnica selectiva, coordinación sobre rutas, objetivos de alto valor y capacidades de vigilancia. Esto de acuerdo con el método ya utilizado por el Pentágono con otros socios del Hemisferio y en base a la doctrina de asociación del SOUTHCOM y en el precedente ecuatoriano de marzo pasado.
La ejecución de misiones combinadas en suelo venezolano no representa un evento aislado, sino el catalizador de una arquitectura defensiva bilateral de mayor alcance. Desde una perspectiva puramente castrense, el despliegue conjunto actual genera una interoperabilidad forzada en el terreno; es decir, que las Fuerzas Militares y de Seguridad de ambos países ya comparten de nuevo frecuencias de comunicaciones, protocolos logísticos y doctrina de combate contra amenazas asimétricas (fuerzas irregulares o criminales) como el desarrollado en la segunda mitad del siglo XX.
Esta dinámica conduce de forma natural a la posible firma de un convenio de seguridad a gran escala. Y es que como lo ha reseñado Defensa en el último lustro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela requieren una reestructuración logística y tecnológica profunda, mientras que el Comando Sur de EE. UU. busca un socio confiable en el flanco norte de Sudamérica para consolidar el control aeronaval en contra del tráfico de sustancias ilícitas. El paso de la “coordinación de crisis” al “tratado de cooperación permanente” implicará la reapertura de Programas de Asistencia Militar Extranjera (FMF), escuelas de entrenamiento conjuntas y maniobras internacionales (como los ejercicios UNITAS).
Lo que sin duda puede afirmarse, y sin entrar en el terreno de la especulación, es que la Casa Blanca y Miraflores han pasado del contacto a la coordinación, y que esa coordinación se inserta en una estrategia hemisférica más amplia de presión sobre redes criminales, fortalecimiento de socios regionales y uso del Comando Sur de EE. UU. como brazo articulador de seguridad de la administración Trump. Si el proceso continúa, Venezuela podría dejar de ser solo un teatro de crisis para convertirse en un nodo de cooperación dentro de la nueva arquitectura de seguridad del hemisferio occidental lanzada en diciembre pasado.
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