La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente la creación e implementación inmediata de la línea telefónica 0800-Extorsión, una plataforma tecnológica diseñada para que los ciudadanos denuncien de forma directa las malas prácticas, cobros indebidos o extorsiones cometidas por funcionarios policiales, fiscales del Ministerio Público o jueces de la República.
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El anuncio se ejecutó durante el acto de instalación de la Gran Consulta Nacional para reformar el Sistema de Justicia Penal, transmitido en cadena por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La mandataria enfatizó que la medida responde a un clamor de la ciudadanía y busca depurar las instituciones públicas.
«Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide. No es justo que los policías, jueces y fiscales honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano», fustigó Rodríguez, al tiempo que solicitó la colaboración activa de las comunidades y de los propios organismos de seguridad para resguardar la integridad del Poder Judicial.
Consulta nacional y revisión autocrítica del sistema penal
El proceso de consulta civil e institucional, que inició formalmente este lunes, tiene como propósito adecuar la estructura jurídica a los estándares éticos que demanda el contexto actual del país. De acuerdo con el balance presentado por el fiscal general de la República, Larry Devoe, las mesas técnicas y de debate nacional abordarán nueve grandes ejes temáticos, entre los que destacan de forma prioritaria:
- El retardo procesal: Optimizar los tiempos de respuesta y descongestionar los centros de detención.
- El acceso a la justicia: Simplificar los canales de atención y recepción de causas para el ciudadano común.
- Ética e independencia: Fortalecer la transparencia y la autonomía operativa de los jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones.
El fiscal Devoe precisó que la metodología de recolección de propuestas constará de dos vertientes estratégicas. La primera será una consulta general que incluirá las voces de movimientos de derechos humanos, organizaciones feministas, movimientos juveniles, sectores campesinos, comunidades indígenas, trabajadores y comunas organizadas.
La segunda vertiente consistirá en una consulta específica dirigida de forma exclusiva a los actores internos que operan diariamente los tribunales y cuerpos de investigación, bajo un enfoque estrictamente autocrítico: «Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar», concluyó el funcionario.
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