El martes 16 de junio, el gobierno de Venezuela anunció la firma de dos memorandos de entendimiento con empresas extranjeras. El objetivo de estos acuerdos, que son preliminares, es avanzar rumbo a la elaboración de proyectos que atraigan inversión externa y mejoren la depauperada infraestructura del país sudamericano, ya sea en el campo de la producción energética o en el de la extracción de hidrocarburos.
El primero se firmó con la estadounidense GE Vernova, para incorporar capacidad de generación eléctrica. Y el segundo con la española Repsol, para el desarrollo de la zona petrolera conocida como Horcón.
No es raro que hayan sido empresas de Estados Unidos y España las que firmaron esos memorandos. En general son esos países, además de Italia y Reino Unido, los que han dado el paso de inyectar inversiones en una economía a la que cada céntimo le viene de maravilla.
«Venezuela necesita muchísima inversión extranjera», dice a DW Francisco Monaldi, economista venezolano y director del Programa de Energía para América Latina en el Baker Institute de la Universidad Rice, en Estados Unidos. Según el experto, en el campo petrolero se requieren «unos 120.000 millones de dólares para recuperar la industria a lo que era antes de Hugo Chávez, y eso va a tomar ocho o diez años. Y en materia de electricidad, estamos hablando de otros 10.000 millones de dólares».
La tutela estadounidense
«En Venezuela se prendió la locomotora petrolera y se están materializando contratos de inversión, y la historia del país muestra que cuando se prende el motor petrolero, la economía tiende a crecer de manera muy robusta», explica a DW Alejandro Grisanti, director de la consultora económica Ecoanalítica. «Nosotros estamos proyectando un crecimiento de doble dígito en los próximos cuatro o cinco años», agrega.
La mano de Estados Unidos en el impulso inversor es clara. Washington, que impuso una suerte de tutela sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, presentó un plan de tres fases cuyo objetivo es estabilizar la situación política, pero sobre todo aumentar los ingresos del país. Parte de eso se sustenta en la reforma a la Ley de Hidrocarburos de fines de enero de 2026, que abre las puertas a la inversión extranjera.
A la fecha, hay compromisos de inyección de recursos por parte de la estadounidense Chevron, que anunció 100 millones de dólares para modernizar instalaciones y aumentó su participación en la empresa Petroindependencia. La italiana Eni y la española Repsol, por su parte, anunciaron la inversión de 2.000 millones de dólares en sus empresas conjuntas con la estatal venezolana PDVSA. Y sobre la mesa hay planes de aumentar la producción e incluso incursionar en el campo del gas, donde la británica Shell ha mostrado mucho interés.
La garantía es Washington
El problema de Venezuela, de cara a las inversiones que necesita su infraestructura, es el pequeño tamaño de su economía, que Monaldi compara con la de una ciudad de Estados Unidos. «El PIB venezolano es de 90 mil millones de dólares, con una deuda externa enorme y un sector privado muy pequeño», recuerda.
Aun así Grisanti ve una ventaja. «No digamos que alguna vez Venezuela fue un país rico, pero tenía buen poder adquisitivo y buena infraestructura. Para las empresas es mucho más barato invertir en países que alguna vez fueron de clase media que en países que son pobres. Es decir, por más que el PIB per cápita de Nicaragua y de Venezuela sean parecidos, en Venezuela cuentas con muchísima mejor infraestructura. Sí, hay que mejorarla, pero aun así es más barato y seguro invertir en este tipo de países que en países pobres».
También hay que considerar que la garantía de estabilidad política no la da Venezuela, sino Estados Unidos. «Todo parece indicar que cualquier transferencia importante de activos tiene que ser aprobada por Estados Unidos. Yo creo que los primeros inversionistas están apostando un poco a eso, a que la estabilidad política la va a proveer Washington», señala Grisanti. Así visto, el riesgo de que el gobierno de Caracas, sea el actual o uno futuro, no reconozca los compromisos es remoto.
Oportunidades a la vista
Alemania tampoco quiere quedar al margen de este proceso, aunque su papel en esta historia es menos relevante. En mayo de 2026, el presidente de la Iniciativa para América Latina de la Economía Alemana, Ingo Kramer, y su par de la Cámara Alemana de Comercio e Industria, Mark Heinzel, llegaron a Venezuela para evaluar acuerdos comerciales. Ambos se reunieron con la viceministra de Política Comercial Internacional, Andreína Tarazón.
Sin embargo, no se habló de eventuales cifras de inversión, y más bien se tanteó el terreno en rubros relacionados con los fertilizantes y los metales, además de bienes de consumo como el cacao, el café y el ron. El gobierno venezolano también ha revelado contactos con Siemens «para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia», según declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Monaldi apunta que para ver resultados más concretos es necesario esperar mayor claridad sobre el futuro político del país, «porque el que está es el gobierno que ha generado toda la catástrofe económica de Venezuela», por lo que es razonable un cierto resquemor de parte de los inversionistas. De cualquier forma, más allá del sector petrolero y minero, el especialista ve espacios para invertir «en el retail y la distribución de alimentos».
Grisanti complementa: «En el sector agrícola hay activos en manos del Estado que van a ser privatizados; en el sector metalmecánico hay excelentes oportunidades, y en el comercio, por ejemplo, Venezuela tiene la mitad de las farmacias que debería tener». Para el director de Ecoanalítica, la realidad es que «en todos los sectores hay un déficit de inversión y, por consiguiente, una oportunidad para el sector privado internacional».
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