La justicia española tramita una solicitud de extradición hacia Argentina contra el excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, acusado en ese país por el presunto delito de asesinato como crimen de lesa humanidad durante las protestas de 2014 en Venezuela. Entre las víctimas representadas en el proceso se encuentra Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años que murió en febrero de 2014 en el estado Carabobo tras recibir disparos efectuados por funcionarios de la GNB durante una manifestación.
La información fue difundida este 1 de junio por InterJust, organización internacional especializada en rendición de cuentas por crímenes internacionales, que considera que el proceso podría representar un avance significativo para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de hace más de una década.
Según la organización, la solicitud de extradición se deriva de una causa abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, mecanismo que permite investigar y juzgar determinados crímenes internacionales independientemente del lugar donde fueron cometidos.
Una investigación iniciada en 2023
El caso comenzó en junio de 2023 a partir de una denuncia penal presentada por el equipo de InterJust contra 14 oficiales de la GNB por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, afirmó Orozco. “Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, se lee en el comunicado emitido por InterJust.
De acuerdo con InterJust, en febrero de 2026, el juez argentino encargado de la causa emitió una orden de extradición luego de recibir información que ubicaba a Verdú Torrelles en territorio español. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina remitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas.
La organización indicó que en marzo de 2026 el Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento y que actualmente el caso se encuentra bajo evaluación del Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2 de la Audiencia Nacional.
“La primera oportunidad real” para las víctimas
Para InterJust, el proceso representa una posibilidad inédita de que uno de los presuntos responsables de los hechos investigados comparezca ante la justicia.
“Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas”, afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de la organización.
Añadió que una eventual extradición “pondría fin a años de impunidad y serviría como un importante recordatorio de que no debe haber refugio seguro para los responsables de crímenes internacionales”.
InterJust exhortó a las autoridades españolas a cooperar plenamente con el procedimiento y a conceder la extradición conforme a la legislación vigente para que Argentina pueda avanzar en el juicio respetando las garantías del debido proceso.
Justicia, Encuentro y Perdón pide máxima diligencia
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón, también se pronunció sobre el avance del caso y destacó que el procedimiento es resultado de más de tres años de trabajo jurídico y acompañamiento a las víctimas.
La organización señaló que Rosa Orozco es una de las víctimas impulsoras de este proceso y calificó el inicio del trámite de extradición como un avance trascendental dentro de la estrategia internacional orientada a obtener verdad, justicia y rendición de cuentas.
“Resulta indispensable que las autoridades judiciales competentes actúen con la máxima diligencia, compromiso y responsabilidad para asegurar que el requerido no eluda la acción de la justicia”, expresó la ONG en un comunicado.
Asimismo, subrayó que la cooperación de las autoridades españolas será determinante para que el procedimiento llegue a buen término y permita que el exfuncionario sea puesto a disposición de la justicia argentina.
“La efectiva cooperación de la justicia española resulta fundamental para garantizar que el procedimiento de extradición llegue a buen término y que el presunto perpetrador sea puesto a disposición de las autoridades argentinas, a fin de que pueda comparecer ante los tribunales competentes y responder por los hechos que se le imputan”, indicó la organización.
La decisión final sobre la extradición corresponde a las autoridades judiciales españolas, que deberán evaluar la solicitud presentada por Argentina en el marco de este proceso de jurisdicción universal.
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