La organización no gubernamental Espacio Público, denunció a través de sus canales oficiales una grave irregularidad en el proceso de detención y registro del ciudadano Víctor Quero, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I desde el pasado 3 de enero de 2025.
Según la información difundida, el Estado venezolano justificó vacíos en el expediente del detenido alegando que Quero «no suministró datos de vínculos filiatorios» al momento de su ingreso y durante su reclusión.
Ante este argumento, la ONG recordó de manera enfática que la identificación plena de cualquier ciudadano bajo custodia de los cuerpos de seguridad o del sistema penitenciario es una obligación exclusiva e intransferible del Estado.
«El Estado maneja registros con datos filiatorios de la población. Alegar desconocimiento de la identidad de alguien bajo su guarda es inaceptable», sentenció la organización en su cuenta de X.
Expertos en derechos humanos señalan que el Estado posee las herramientas y bases de datos necesarias para verificar la identidad y los nexos familiares de cualquier individuo. Pretender trasladar la carga de la identificación al detenido no solo es una falla administrativa, sino que puede vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la comunicación con familiares y la debida asistencia legal.
El caso de Víctor Quero pone nuevamente sobre la mesa las críticas hacia la gestión de los centros penitenciarios en el país y la opacidad en los procesos de registro de quienes son privados de su libertad.
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