La reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo está regida por el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció expresamente que, si las partes no lograban alcanzar una solución negociada, el Secretario General de las Naciones Unidas podría escoger uno de los mecanismos de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU.

Durante más de sesenta años el diferendo no logró resolverse ni mediante negociaciones directas ni a través de los buenos oficios. Este último mecanismo, además, no solo fue aceptado por ambos países, sino solicitado expresamente por ellos al entonces Secretario General Javier Pérez de Cuéllar hace más de tres décadas.

Hoy el caso se encuentra en la fase oral final ante la Corte Internacional de Justicia. Hace alrededor de once años el Secretario General pidió a las partes indicar qué mecanismo preferían. Venezuela insistió, erróneamente, en prolongar los buenos oficios, algo que Guyana evidentemente no aceptaría. Se concedió un último año bajo ese esquema y, como era previsible, no produjo resultado alguno. Guyana, apoyándose en el artículo 33 de la Carta, exigió entonces acudir a la Corte.

En las audiencias actuales Venezuela intentará desmontar los alegatos presentados por Guyana y sostener la nulidad del Laudo Arbitral de 1899. Sin embargo, todo indica que la sentencia —que probablemente será dictada en los próximos meses— difícilmente declarará la nulidad de dicho laudo. Si ello ocurre, Guyana verá transformada en título jurídico definitivo la posesión efectiva que ya ejerce sobre el territorio terrestre en disputa.

Eso no resolverá automáticamente las áreas marinas y submarinas, inexistentes jurídicamente en 1899 y que deberán ser objeto de delimitación entre ambos Estados.

Por eso, la presencia de Delcy Rodríguez en La Haya no tiene ninguna relevancia para la decisión de la Corte. La CIJ decide sobre argumentos jurídicos y hechos históricos, no sobre gestos políticos ni apariciones mediáticas. Más bien pareciera que el Esequibo terminó convertido en una conveniente excusa para que el poder venezolano vuelva a pisar Europa bajo una legitimidad prestada.

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