El Gobierno encargado, con el aval de los Estados Unidos, informó este jueves, 7 de mayo, que el país alcanzó un “hito” en la demanda de energía eléctrica que alcanzó la cifra récord de 15.579 Megavatios (MW).
Según el comunicado emitido por la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas, la cifra es la más alta en los últimos nueve años, producto de las “altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso”.
El organismo señaló que el equipo técnico se mantiene desplegado ejecutando maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio.
En el texto, el Gobierno responsabiliza a las sanciones internacionales por la crisis eléctrica: “Las sanciones han golpeado al Sistema Eléctrico Nacional, coadyuvando a las dificultades en su recuperación plena”.
“Inversiones estratégicas”
En el comunicado aseguraron que en aras de continuar el proceso de recuperación del sistema eléctrico se están realizando “importantes inversiones estratégicas en infraestructura” para fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación y dar así respuesta efectiva a la demanda.
Asimismo, hicieron un llamado al sector privado que dispone de fuentes propias de generación a hacer un uso responsable de las mismas, ante las altas temperaturas pronosticadas para hoy y mañana. “Apelamos a la colaboración de todo el país para preservar la estabilidad del sistema”.
En ese sentido, insistieron en que se mantiene la “prohibición absoluta de la minería digital” en todo el territorio nacional. Y advirtieron que, quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad, “serán sancionados con todo el peso de la ley”.
El Gobierno también anunció que iniciará una convocatoria nacional con todos los sectores (privado, industrial, académico y científico, etc.) para presentar y poner en conocimiento al país el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN).
La crisis eléctrica se acentúa
El comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios se compartió después de una semana en la que, en distintos puntos del país, se ha presentado protestas espontáneas de ciudadanos que denuncian la interrupción constante y prolongada del servicio eléctrico.
En estados como Carabobo, Barinas, Mérida y Aragua se han reportado estas manifestaciones así como cacerolazos.
La Gran Caracas no está exenta del problema eléctrico. Sectores del centro, oeste y sureste de la capital están reportando interrupciones eléctricas con más frecuencia que, aunque no ser tan prolongadas como en el interior del país, sí se están presentando cotidianamente.
El pasado 7 de mayo Provea llamó la atención sobre el empeoramiento de la crisis eléctrica y recordó que las autoridades “stán obligadas a destinar el máximo de los recursos disponibles —económicos, jurídicos y políticos— para garantizar un nivel de vida adecuado a la población, ello incluye la provisión de servicios públicos de calidad y salarios y pensiones suficientes”.
Además, insistieron en que un genuino proceso de recuperación de la democracia, “convivencia y paz” y respeto a los derechos ciudadanos “solo será posible si se asume con urgencia, entre otras cosas, la enorme deuda social del Estado venezolano”, además que deben escuchar los reclamos de la población y establecer mecanismos para brindar respuestas oportunas.
Problema de fondo
Un informe de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en el Plan Nacional de Mantenimiento 22-23 precisó que de los 7000 megavatios (MW) de capacidad de generación instalados en el territorio venezolano, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) solo disponía de una capacidad operativa cercana al 31,3 %. Con esta solo podría servir el 62,7 % de la demanda máxima histórica de 18.696 MW, ocurrida en el año 2013.
En un análisis compartido en sus redes sociales el ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José de Viana, explica cómo el colapso eléctrico de Venezuela no es un problema técnico, sino más bien “un profundo fracaso institucional y financiero”.
Argumenta que a pesar de tener las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio, el sistema eléctrico del país es el más vulnerable de la región. El experto enumera como causas la desinversión y canibalización de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible para turbinas (lo cual destaca como paradoja en un país petrolero), sobrecarga hídrica, porque el Bajo Caroní asume todo el peso operando fuera de diseño, fallas de transmisión con más de 800 kilómetros de red inestable por falta de mantenimiento y la fuga de talento, o pérdida crítica de ingenieros y personal especializado.
A eso se suma la congelación de las tarifas por debajo del costo real tras la estatización en 2007 de Corpoelec. De Viana opina que este monopolio estatal eliminó la inversión privada y concentró decisiones “en una burocracia sin rendición de cuentas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Gobierno encargado, con el aval de los Estados Unidos, informó este jueves, 7 de mayo, que el país alcanzó un “hito” en la demanda de energía eléctrica que alcanzó la cifra récord de 15.579 Megavatios (MW).
Según el comunicado emitido por la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas, la cifra es la más alta en los últimos nueve años, producto de las “altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso”.
El organismo señaló que el equipo técnico se mantiene desplegado ejecutando maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio.
En el texto, el Gobierno responsabiliza a las sanciones internacionales por la crisis eléctrica: “Las sanciones han golpeado al Sistema Eléctrico Nacional, coadyuvando a las dificultades en su recuperación plena”.
“Inversiones estratégicas”
En el comunicado aseguraron que en aras de continuar el proceso de recuperación del sistema eléctrico se están realizando “importantes inversiones estratégicas en infraestructura” para fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación y dar así respuesta efectiva a la demanda.
Asimismo, hicieron un llamado al sector privado que dispone de fuentes propias de generación a hacer un uso responsable de las mismas, ante las altas temperaturas pronosticadas para hoy y mañana. “Apelamos a la colaboración de todo el país para preservar la estabilidad del sistema”.
En ese sentido, insistieron en que se mantiene la “prohibición absoluta de la minería digital” en todo el territorio nacional. Y advirtieron que, quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad, “serán sancionados con todo el peso de la ley”.
El Gobierno también anunció que iniciará una convocatoria nacional con todos los sectores (privado, industrial, académico y científico, etc.) para presentar y poner en conocimiento al país el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN).
La crisis eléctrica se acentúa
El comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios se compartió después de una semana en la que, en distintos puntos del país, se ha presentado protestas espontáneas de ciudadanos que denuncian la interrupción constante y prolongada del servicio eléctrico.
En estados como Carabobo, Barinas, Mérida y Aragua se han reportado estas manifestaciones así como cacerolazos.
La Gran Caracas no está exenta del problema eléctrico. Sectores del centro, oeste y sureste de la capital están reportando interrupciones eléctricas con más frecuencia que, aunque no ser tan prolongadas como en el interior del país, sí se están presentando cotidianamente.
El pasado 7 de mayo Provea llamó la atención sobre el empeoramiento de la crisis eléctrica y recordó que las autoridades “stán obligadas a destinar el máximo de los recursos disponibles —económicos, jurídicos y políticos— para garantizar un nivel de vida adecuado a la población, ello incluye la provisión de servicios públicos de calidad y salarios y pensiones suficientes”.
Además, insistieron en que un genuino proceso de recuperación de la democracia, “convivencia y paz” y respeto a los derechos ciudadanos “solo será posible si se asume con urgencia, entre otras cosas, la enorme deuda social del Estado venezolano”, además que deben escuchar los reclamos de la población y establecer mecanismos para brindar respuestas oportunas.
Problema de fondo
Un informe de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en el Plan Nacional de Mantenimiento 22-23 precisó que de los 7000 megavatios (MW) de capacidad de generación instalados en el territorio venezolano, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) solo disponía de una capacidad operativa cercana al 31,3 %. Con esta solo podría servir el 62,7 % de la demanda máxima histórica de 18.696 MW, ocurrida en el año 2013.
En un análisis compartido en sus redes sociales el ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José de Viana, explica cómo el colapso eléctrico de Venezuela no es un problema técnico, sino más bien “un profundo fracaso institucional y financiero”.
Argumenta que a pesar de tener las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio, el sistema eléctrico del país es el más vulnerable de la región. El experto enumera como causas la desinversión y canibalización de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible para turbinas (lo cual destaca como paradoja en un país petrolero), sobrecarga hídrica, porque el Bajo Caroní asume todo el peso operando fuera de diseño, fallas de transmisión con más de 800 kilómetros de red inestable por falta de mantenimiento y la fuga de talento, o pérdida crítica de ingenieros y personal especializado.
A eso se suma la congelación de las tarifas por debajo del costo real tras la estatización en 2007 de Corpoelec. De Viana opina que este monopolio estatal eliminó la inversión privada y concentró decisiones “en una burocracia sin rendición de cuentas”.
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