El 27 de marzo de 2026, el diario El Nacional publicó un reportaje anónimo atribuido al “Equipo de Investigaciones de El Nacional” que contiene expresiones falsas e injuriosas sobre mí, en línea con la persecución política que el régimen venezolano ha emprendido en mi contra (1).
Nunca fui contactado para este reportaje, lo que evidencia una falla en la metodología empleada y, a la vez, un claro sesgo. Tampoco se citan las numerosas declaraciones, artículos y libros que he escrito sobre mi paso por la Procuraduría Especial. No estamos, por ende, ante un genuino ejercicio de periodismo de investigación, sino ante falsos e infundados señalamientos de corte difamatorio.
En tal sentido, me permito desmentir y aclarar los falsos señalamientos que se hacen sobre mi gestión.
En primer lugar, se afirma que mi designación “generó controversia, pero no investigación por conflicto de interés. Hernández había participado como experto jurídico en el proceso arbitral contra el Estado venezolano de la empresa minera canadiense Crystallex y ahora representaría al Estado venezolano y diseñaría la estrategia contra Crystallex” (2). Más que controversia, mi designación generó una campaña de persecución política que se ha mantenido hasta hace poco y de la cual El Nacional, lamentablemente, se ha hecho eco.
Es falso que mi rol como testigo experto independiente en el proceso judicial al que se hace referencia no haya sido investigado. Por el contrario, desde julio de 2019, y debido a la campaña orquestada por el régimen de Venezuela, rendí numerosos informes a todas las instancias legítimas del Poder Público, incluida la quinta legislatura de la Asamblea Nacional, exponiendo todos los hechos pertinentes (3). Esta información fue reiterada incluso después de mi renuncia al cargo (4).
Además, el reporte omite un elemento crucial, que es, además, un hecho notorio: el 13 de marzo de 2019 me inhibí de conocer del caso de Crystallex una vez que la Presidencia Interina tomó el control de la representación legal en el proceso seguido por la Corte de Distrito de Delaware. Es totalmente falso que, como procurador, estuve a cargo de la estrategia legal de ese caso (5).
Con lo cual, también es falso que la gestión de los juicios, durante mi gestión, respondió a un “circuito cerrado, sin contrapesos efectivos, en el que no se revisaron —o se optó por ignorar— los antecedentes de José Ignacio Hernández”. Mis “antecedentes”, en relación con mi rol como testigo experto, fueron ampliamente discutidos y expuestos en diversas instancias, incluso en la opinión pública. El reporte, sin embargo, optó por ignorar todas las explicaciones públicas que he dado.
En segundo lugar, se afirma que participé “como testigo experto en el litigio iniciado en Delaware, Estados Unidos, por la empresa minera canadiense Crystallex International Corporation contra el Estado venezolano. Su declaración analiza la relación jurídica entre la República y Petróleos de Venezuela, en la consideración de Pdvsa como un “alter ego” del Estado venezolano”. Esta afirmación es falsa.
Por un lado, el reportaje omite señalar que actué como testigo experto independiente, pues mi rol no fue defender los intereses de Crystallex, sino explicar diversos aspectos del Derecho venezolano. Por otro lado, es falso que mi testimonio haya analizado la figura del alter ego. Esta es, precisamente, la misma mentira en la que se ha basado la persecución política del régimen venezolano, y de la cual ahora se hace eco El Nacional (6).
En los reportes de Derecho venezolano que presenté ante la Corte de Delaware no analicé ni habría podido analizar la figura del alter ego, pues es propia del Derecho de Estados Unidos. En realidad, mis reportes explicaron por qué el Gobierno de Venezuela violó la autonomía de Pdvsa, en contra de la Constitución y de las leyes y regulaciones que rigen esa empresa. Esa conclusión se basó en un análisis independiente, respaldado, entre otras cosas, por mi extensa obra académica sobre este tema (7). Hoy, sigo manteniendo la misma conclusión: el régimen de Venezuela violó y continúa violando la autonomía de Pdvsa. La responsabilidad por esos hechos debe recaer en quienes violaron esa autonomía, no en quienes hemos explicado, con argumentos jurídicos, dicha violación.
En tercer lugar, se insiste en la falsa afirmación según la cual “como procurador especial, a Hernández le correspondió diseñar y coordinar la estrategia del Estado venezolano frente a Crystallex y otros litigios internacionales que amenazaban sus activos. El cambio de rol generó críticas y expuso las tensiones jurídicas y políticas del sistema encargado de esa defensa”. Tal y como ya señalé, es falso que yo haya coordinado el proceso seguido por Crystallex, pues me inhibí de ese caso. Esta inhibición es un hecho comunicacional notorio, pues ha sido abordada en diversos reportes y explicada por mí en diversos artículos y declaraciones (8).
Asumiendo la buena fe de quienes redactaron este reportaje, resultan evidentes el sesgo y las deficiencias en la investigación de los hechos relacionados con mi paso por la Procuraduría Especial. No solo no fui consultado, sino que tampoco consultaron ninguno de los artículos ni entrevistas que he dado. En especial, tampoco se consultó mi libro, en el que expliqué mi gestión como procurador, incluida mi inhibición en el citado caso (9).
Asimismo, tampoco se citan las dos memorias que presenté durante mi gestión, al cumplirse un año y al renunciar al cargo (10). En estos informes se explican todos los aspectos relevantes de mi gestión, incluyendo lo relativo a la contratación de firmas de abogados y, en especial, mi inhibición en el caso señalado.
En relación con el pago de honorarios, tampoco se menciona en el citado reportaje la creación del fondo de litigio por la Asamblea Nacional, ni los controles ejercidos por sus comisiones y, posteriormente, por las autoridades de control creadas al amparo del Estatuto de Transición (11).
En tal sentido, y en cuarto lugar, el reportaje afirma que el profesor Sánchez Falcón recibió “una institución sin un registro completo y consolidado de las obligaciones financieras adquiridas con bufetes internacionales”. La afirmación es falsa. Así, el 25 de junio de 2020 suscribí el acta de entrega de la Oficina con el procurador especial designado, profesor Sánchez Falcón, con toda la información pertinente a los juicios a cargo de la Oficina y a la situación de los honorarios profesionales. Debido a trabas y retrasos en los controles parlamentarios, la Oficina del Procurador Especial a cargo del profesor Sánchez Falcón se enfrentó a dificultades para asegurar la adecuada defensa judicial del Estado, como entonces fue ampliamente divulgado. Pero ello, en modo alguno, responde a la supuesta falta de registro de los casos durante mi gestión, sino a las dinámicas del control parlamentario entonces ejercido (12).
Por último, el propio título del reportaje es otra muestra del sesgo del que se partió, al señalar que los resultados de la defensa judicial de los activos son “desconocidos”. No lo son, en realidad (13). Y ellos están a la vista. Así, durante mi gestión, y como he explicado reiteradamente, se lograron los siguientes objetivos (14):
- De acuerdo con el Estatuto de Transición, la junta ad hoc de Pdvsa logró el control efectivo de PDV Holding, Inc., al tiempo que se implementaron medidas de protección que aún hoy se mantienen, como la suspensión de la licencia general 5.
- La República, que había renunciado a su deber de comparecer en litigios clave, intervino para hacer valer los intereses de la nación. Esto fue clave, pues en el citado caso Crystallex, la República compareció por primera vez en 2019, desconociendo la transacción firmada por el régimen de Maduro, a pesar de lo cual la junta administradora ad hoc insistió en la defensa de sus intereses. De no haber sido por esa intervención, probablemente el juicio se hubiese cerrado (15).
- El riesgo más importante para Citgo, derivado de los Bonos Pdvsa 2020, fue efectivamente atendido mediante el litigio que todavía hoy continúa y, con él, se mantiene la protección de ese activo.
- La Oficina del Procurador Especial, con la asesoría de Lee Buchheit, preparó los lineamientos para la reestructuración de la deuda, que incluso hoy en día siguen siendo una referencia obligada. Asimismo, se elaboró la estrategia para la recuperación de activos derivados de la corrupción.
- La Oficina igualmente coordinó la estrategia para proteger los depósitos en oro del Banco Central de Venezuela ante el Banco de Inglaterra, incluida una sentencia de gran importancia dictada por la Corte Suprema del Reino Unido.
Por último, los sesgos e imprecisiones de este reportaje son tanto más alarmantes cuando consideramos que usted es parte demandante en diversos litigios relacionados con Citgo en Estados Unidos, junto con quienes participaron en el diseño de la campaña de difamación iniciada en mi contra en 2019. Este reporte se alinea muy bien con algunos de los falsos señalamientos formulados en el marco de estos litigios y que hacen eco de la persecución política emprendida por el régimen autoritario.
Dr. José Ignacio Hernández G.
(1) “Defensa de los activos venezolanos en el extranjero: opaca, con resultados desconocidos y facturas por cientos de millones de dólares”. El 29 de marzo se publicó una continuación del señalado reportaje bajo el título “La batalla por Citgo no ha terminado ni está perdida”.
(2) En la continuación del reportaje, de 29 de marzo, se repite la misma afirmación falsa.
(3) La campaña difamatoria comenzó a fines de julio de 2019. De inmediato, remití comunicaciones a la Presidencia Encargada aclarando todos los hechos. Desde entonces, fueron varias las comunicaciones, reuniones e interpelaciones en las que expliqué, con transparencia, los hechos relevantes a mi intervención en el señalado caso. Asimismo, fueron muchas las entrevistas en las que aclaré este asunto, desde agosto de 2019: http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/jos%C3%A9-ignacio- hern%C3%A1ndez-he-sido-difamado-y-sometido-al-escarnio-p%C3%BAblico
(4) De hecho, en 2024 El Nacional publicó el desmentido que hice a falsos reportes publicados con las mismas falsas acusaciones que ahora se repiten en el reporte de investigación sin firma. Véase: https://www.elnacional.com/2024/07/jose-ignacio-hernandez-sus-senalamientos/
(5) En el desmentido publicado por El Nacional, identificado en la nota de pie anterior, expliqué -de nuevo- que me inhibí del caso Crystallex, con lo cual, cualquier conflicto de interés que pudo haber existido quedó resuelto. Que en el reportaje de investigación no se mencione mi inhibición, por ende, solo puede responder a una grave deficiencia en la investigación o, incluso, a una omisión intencional.
(6) Mi intervención en el citado caso, basado en reportes académicos de Derecho Venezolano, es pública. Basta leer esos reportes para comprobar que no analicé la figura del alter ego. Véase: https://jusmundi.com/fr/document/other/en-crystallex-international-corporation-v-bolivarian- republic-of-venezuela-declaration-of-jose-ignacio-hernandez-monday-10th-april- 2017#other_document_7272
(7) Por ejemplo, véase mi libro La privatización de facto de Pdvsa y la destrucción del Petro-Estado venezolano, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2023, pp. 211 y ss.
(8) Por ejemplo, en julio de 2019 publiqué una aclaratoria sobre estos aspectos: https://x.com/ignandez/status/1156669169104015365?s=20
(9) La defensa judicial del Estado venezolano en el extranjero y la deuda pública legada de Chávez y Maduro (2019- 2020), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2022, pp. 309 y ss. La versión digital de este y mis otros libros es de libre acceso en mi página web.
(10) La primera memoria se presentó el 29 de febrero de 2020, y la segunda al hacerse efectiva mi renuncia, el 23 de junio de ese año. No presenté rendición de cuentas pues la Procuraduría nunca manejó recursos públicos ni emitió órdenes de pago.
(11) La defensa judicial del Estado venezolano en el extranjero y la deuda pública legada de Chávez y Maduro (2019- 2020), cit., pp. 355 y ss. Allí explicó todo lo relacionado con la contratación de firmas y la creación del fondo de litigio bajo el control de la Asamblea Nacional.
(12) La defensa judicial del Estado venezolano en el extranjero y la deuda pública legada de Chávez y Maduro (2019- 2020), cit., p. 476.
(13) En el reportaje del 29 de marzo se afirma que no existió una estrategia de defensa judicial de los activos, lo que es falso. La estrategia no solo existió sino que ha sido exitosa: hoy Citgo sigue siendo filial de Pdvsa, a pesar de que, a fines de 2018, muchos la daban por perdida. En mi libro citado en la nota anterior se explican los lineamientos de la defensa de los activos diseñada en 2019, y que, insisto, cumplió sus objetivos.
(14) No pretendo señalar que todos estos objetivos se lograron por mi actuación, pues en realidad, la defensa de los activos respondió a un esfuerzo colectivo, incluyendo los casos en los que me inhibí.
(15) La defensa judicial del Estado venezolano en el extranjero y la deuda pública legada de Chávez y Maduro (2019- 2020), cit., p. 211. La transacción firmada por el régimen de Maduro intentó poner fin al juicio, aceptando el reclamo de la empresa. La defensa a cargo de la junta ad-hoc y la comparecencia de la República, lograron dejar sin efecto esa transacción, lo que permitió que la causa siguiera, al día de hoy. Todo esto, además, es información pública, pues puede consultarse en el expediente electrónico del caso.
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