La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró este lunes que la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado, provoca una vulnerabilidad agudizada, luego de que al periodista Rory Branker le negaran esta medida.
«La aplicación selectiva de la Ley de Amnistía no ha traído libertad para todos, sino un profundo daño emocional y una vulnerabilidad agudizada para quienes han sido excluidos arbitrariamente», señaló la ONG en una publicación en X.
A su juicio, el rechazo de la amnistía a Branker es la «prueba fehaciente» de cómo la persecución judicial en Venezuela se ha transformado en un ciclo eterno de revictimización.
«Su voz representa a miles de personas que, a pesar de la puesta en marcha de una Ley de Amnistía, siguen atrapadas en un sistema que las mantiene como rehenes de una justicia discrecional», añadió.
La organización pidió que se ordene un indulto procesal como la vía inmediata y definitiva para cerrar estas causas para «detener la arbitrariedad y devolver la libertad plena y, con ella la vida, a todas las víctimas».
Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que un tribunal le negó la solicitud de amnistía de Branker, quien estuvo detenido por casi un año y fue excarcelado en medio del proceso de liberaciones iniciado en enero por el Gobierno encargado.
Según informó el sindicato en X, Branker introdujo su solicitud conforme a la Ley de Amnistía, pero el tribunal le notificó este lunes que «no procede» el sobreseimiento o anulación de su caso.
Con esta decisión, agregó el SNTP, se mantienen los cargos contra el periodista, quien fue imputado por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, en un proceso judicial que el sindicato consideró «carente de garantías».
Branker, editor del medio web La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.
El periodista fue excarcelado el pasado 4 de febrero, tras once meses de detención, en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero y que ha continuado tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
EFE
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