Un grupo de oficiales profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), se pronuncian ante la crisis política del país, atribuyendo a la coyuntura actual una “ruptura del orden constitucional” y solicitando la activación de mecanismos para “restituir el Estado de Derecho”. Proponen elecciones con previa depuración del Consejo Nacional Electoral, el Registro de votantes y la liberación de presos políticos.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
El presidente del Frente Institucional Militar es el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala; secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los que representan a los componentes son el GB Juan Ferrer Barazarte por el Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles por la Armada; GB Eduardo Arturo Caldera Gómez por la Aviación y GB Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.
El FIM recuerda que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, tal como lo señala el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, destacando que esa voluntad popular fue vulnerada el 10 de enero 2025, cuando la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moros. Según los oficiales, el ente parlamentario optó por “omitir la juramentación de quien fuera electo por mayoría absoluta”, refiriéndose al opositor Edmundo González Urrutia.
Los militares en retiro, algunos exministros de Defensa y excomandantes de componentes de la institución armada, cuestionan la legitimidad de quien actualmente ejerce el poder, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sosteniendo que “la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito”.
Por ello plantean la imperiosa necesidad del “reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral”. Como condición, el FIM solicita que la conducción del proceso recaiga en una directiva del ente rector de las elecciones “absolutamente imparcial”. En su pronunciamiento, sostiene que los rectores no deberían tener ni haber tenido militancia partidista ni afinidades políticas públicas.
El FIM propone una actualización integral del padrón electoral y pide medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora. También solicita la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas que considera arbitrarias. Denuncian afirman que persisten acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos “frente al régimen que ha oprimido a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas” por lo que piden el cese de esos procedimientos.
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