La llamada “troika de la tiranía” en América Latina ―las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua―, acuñada por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional durante la primera presidencia de Donald Trump, en realidad siempre fue una simplificación engañosa.
A pesar de compartir algunos elementos comunes por su resiliencia autoritaria, las dictaduras del siglo XXI nunca fueron un bloque homogéneo y más allá de sus fortalezas y debilidades, sus diferencias ameritan el diseño de políticas diferenciadas hacia cada país, como en efecto está ocurriendo bajo la segunda presidencia de Trump, aunque siempre bajo el sello exclusivo del interés MAGA. Tres meses después de la extracción de Nicolás Maduro por la fuerrza de Estados Unidos, lo único claro que revela el espejo de Venezuela es que los caminos de la improvisada doctrina Donroe no necesariamente conducen a una transición a la democracia.
Cuba ha sido durante más de 60 años una dictadura de Estado, Ejército y partido único, cuyo ineficiente modelo de economía estatal centralizada, agravado por el embargo estadounidense, depende de un gigantesco subsidio económico externo, primero de la URSS y después de la Venezuela chavista. Antes de llegar a la etapa de colapso en que se encuentra el país desde hace varios años, el régimen cubano descartó o fue incapaz de realizar profundas reformas económicas y políticas, después del “período especial” en los noventa, durante la apertura de Barack Obama en 2014, y tras las protestas de 2021, lo cual representa hoy su mayor vulnerabilidad ante las presiones de Trump.
Venezuela, bajo la dictadura populista de Hugo Chávez, se convirtió en el principal sostén económico de Cuba y sólo parcialmente de Nicaragua hasta 2017. Con Maduro como heredero y coordinador de una corporación autoritaria continuó el fracaso económico y la represión política, que provocó un éxodo masivo, coronado por el robo monumental de las elecciones de 2024. La intervención militar de Estados Unidos desalojó a Maduro del poder pero dejó intacto el régimen chavista a cargo de Delcy Rodríguez, para controlar el petróleo y los recursos naturales en una “innovación” autoritaria que Luz Mely Reyes describe como “una suerte de colonialismo del siglo XXI”.
Nicaragua es una dictadura dinástica, convertida en una “codictadura” matrimonial. Irónicamente, su fragilidad radica en la centralización extrema del poder en un régimen personalista que, como la dictadura de los Somoza en el siglo pasado, depende de una familia, pero tiene mucha más autonomía económica que Cuba y Venezuela. Según el último informe de Variedades de Democracia (V-Dem 2025), Nicaragua es el país menos democrático de América Latina, incluso por debajo de Venezuela y Cuba, y ocupa el quinto lugar en el ranking de las peores autocracias del mundo después de Eritrea (179), Corea del Norte (178), Myanmar (177), Afganistán (176), y Nicaragua (175). Sin embargo, en Nicaragua no hay apagones de energía, la economía es estable, y su dinamismo depende de las exportaciones del sector privado al mercado de Estados Unidos y de las remesas familiares provenientes de los los migrantes en ese país, que representan más del 50% de la economía nacional.
Con la caída de los precios del petróleo entre 2018 y 2020, las tres dictaduras latinoamericanas sobrevivieron al declive de la Alianza Bolivariana (Alba) como un club de autocracias alineadas con Rusia, China, Irán, y Corea del Norte, inmunes a las presiones diplomáticas de la OEA y de la Unión Europea, cuyo vacío político en torno a la agenda democrática lo vino a llenar la política de fuerza Estados Unidos.
La captura de Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos derivó en un régimen tutelado por Donald Trump, que cerró la llave de la cooperación económica de Venezuela con Cuba, y cortó los nexos militares y de seguridad. Bajo el cerco petrolero de Estados Unidos, Cuba no tiene salida económica, pero aún tiene reservas de represión estatal para intentar contener un nuevo estallido de protesta social, mientras se inician negociaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, lideradas por el consorcio empresarial GAESA, la fusión Ejército-partido-empresarios que se proyecta como el núcleo de la estabilidad que demanda Trump en una transición, cualquiera que éste sea el resultado.
Golpe político demoledor
La caída de Maduro en Venezuela no ha tenido ningún impacto económico en Nicaragua, pero el golpe político ha sido demoledor para Daniel Ortega y Rosario Murillo. El mensaje alto y claro dice que ante la determinación de usar la fuerza, incluso al margen de la ley internacionl, los codictadores son prescincibles y no existe ningún aliado internacional que pueda brindarles protección. Y por el otro lado, advierte a los nicaragüenses que el fin de los codictadores no representa necesariamente el restablecimiento de la libertad y la democracia. Más bien, genera algunos incentivos perversos entre los herederos políticos del poder, y coloca al país en un compás de espera que el politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, resume de esta manera: “no hay un efecto dominó ―después de Venezuela y Cuba― pero Nicaragua se mantiene en la agenda de Estados Unidos”.
El espejo de Venezuela ya disparó en Nicaragua la paranoia de la codictadora Rosario Murillo, ordenando mayor control, vigilancia y represión contra potenciales opositores, incluyendo a los más de 10.000 deportados que han sido recibidos en secreto, como parte de su colaboración con las políticas antimigrantes de Trump. Y aunque no hay indicios de que exista alguna negociación oficial con Estados Unidos, se ha desatado una actividad frenética de la oposición política y cívica en el exilio, bajo un razonamiento inapelable: si en la transacción venezolana Trump excluyó a la oposición que lidera María Corina Machado, después de que Edmundo González ganó masivamente la elección de 2024, y les desaconseja regresar al país para mantener el control de la estabilidad autoritaria en Venezuela, ¿qué se podría esperar en Nicaragua, donde el liderazgo opositor no solo está disperso pero, además, a pesar del rechazo mayoritario contra el régimen, aún no ha validado su legitimidad, y no puede manifestarse en libertad bajo el Estado policial?
Por ello, entre las cinco plataformas opositoras ―Concertación Democrática Monteverde (CxL, Unamos, UNAB), Espacio de Diálogo, Alianza Universitaria Nicaragüense, PUDE-Ruta por el Cambio, y Gran Confederación Opositora―, han surgido llamados urgentes para crear una “Comisión de transición”, consensuar una hoja de ruta de transición democrática, y asumir demandas perentorias de unidad en la acción para provocar la suspensión del Estado policial.
Como destaca el politólogo y ex preso político Félix Maradiaga, fundador de Ruta por el Cambio, al resaltar “la oportunidad que Nicaragua no puede desperdiciar: esperar que la administración Trump nos haga el trabajo a nosotros los opositores, sería un error. Washington puede ejercer presión, pero la legitimidad de la oposición y la cohesión mínima son tareas que solo los nicaragüenses podemos resolver. Externalizar esas responsabilidades es abdicación política”.
La pregunta del millón es ¿cómo se quiebra, desde el exilio, el poder de un Estado policial para restablecer las libertades democráticas, o cómo se fractura, desde adentro, un poder autoritario que ha logrado mantener el control total, a pesar de las heridas y fracturas provocadas por las purgas y la venganza política?
Sin lugar a dudas, las acciones de Donald Trump han decretado la cuenta regresiva para los dictadores, pero el desmontaje de las dictaduras y la transición democrática demanda, además de un liderazgo legítimo, una combinación de riesgos y audacia política; un programa mínimo de transición democrática; incentivos políticos para conformar alianzas que incluyan a disidentes y antiguos aliados del régimen; y un entorno internacional, latinoamericano y europeo, que le haga contrapeso a la doctrina Trump, y coloque en primer plano la democracia.
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