Las sanciones económicas contra Venezuela fueron impulsadas principalmente por Estados Unidos desde 2015 y endurecidas entre 2017 y 2019, con medidas que bloquearon el acceso del Estado a los mercados financieros, restringieron la deuda y apuntaron al corazón de la economía: el petróleo.
Esta semana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró la convocatoria a una «peregrinación» contra las sanciones que recorrerá el país desde este 19 de abril hasta el 1 de mayo, cuando llegará a Caracas, en una iniciativa que se suma a otros llamados del chavismo para exigir el levantamiento de estas medidas.
Estados Unidos, la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y el Reino Unido —que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020— han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años.
Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y mantuvieron a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado.
Según cifras que dio el Gobierno en 2023, el país dejó de percibir más de 230.000 millones de dólares en el sector petrolero debido a las sanciones, equivalentes a más del doble del PIB de Venezuela en algunos años.
La mayoría de las sanciones y restricciones han ido directamente en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Le sigue el sistema financiero estatal, con vetos al acceso a deuda soberana y a las transacciones internacionales, especialmente en dólares.
Al sector de la minería, en particular el oro, se le prohibió la comercialización en mercados globales.
Y se afectaron los activos estatales con la congelación de bienes y cuentas en el exterior, especialmente bajo jurisdicción de Estados Unidos y Europa.
Alivio parcial
La captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses y la llegada de Delcy Rodríguez al poder, el 5 de enero, han marcado un giro en la política de sanciones. Washington ha pasado de la máxima presión a una estrategia de alivio selectivo.
Esta semana, el Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones con el Banco Central, permitiendo transferencias, divisas y pagos, en una flexibilización de las restricciones financieras.
También se ha avanzado en el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de aislamiento.
En el sector energético, se autorizaron licencias para que empresas extranjeras operen y comercialicen petróleo venezolano bajo condiciones fijadas por Washington, mientras el Gobierno venezolano aprobó una ley minera que permitirá la explotación de oro y tierras raras y ampliar las concesiones hasta 30 años.
En paralelo, la UE debate un ajuste de su política de sanciones a propuesta de España. El bloque estudia iniciar el proceso para retirar las sanciones individuales contra Delcy Rodríguez, lo que requiere unanimidad de los Veintisiete.
España ha defendido que estas medidas son un instrumento para fomentar el diálogo político y que deben adaptarse a los avances en el país suramericano.
Sanciones vigentes
Pese al alivio por parte de EE.UU., persisten restricciones estructurales al petróleo y a la financiación plena del Estado venezolano.
Continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de PDVSA en EE.UU.
Además, se mantienen sanciones individuales contra parte de la élite chavista, incluidas medidas de congelación de activos y limitaciones financieras impuestas desde 2017 y 2018 por EE.UU., la UE y otros países. EFE
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