Rafael Rubio acudió a una cita rutinaria de migración en Nueva York el pasado mes de enero. Era un paso más en su proceso para regularizar su estatus en Estados Unidos, pero fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Dos meses después, un juez ordenó la deportación del venezolano, de 53 años de edad, pero su defensa tiene hasta el 17 de abril para presentar una apelación y detener el envío a su país.
El caso de Rubio ha generado reacciones. El mismo alcalde de Nueva York, Zohan Mandani, denunció públicamente su detención en su cuenta de X y calificó el hecho como «una afrenta a la justicia». Afirmó que «Rafael es un funcionario público ejemplar que cumplió las normas», al tiempo que exigió su liberación.
Rafael Rubio trabajaba como analista de datos para el Concejo Municipal de Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la detención y afirma que el venezolano ingresó a EEUU en 2017 con una visa B2 (turismo) y debía abandonar el país ese mismo año. Además, dice que tenía antecedentes penales por agresión.
La situación de Rubio no es un hecho aislado. Su caso está en medio de un cambio político que podría alterar el destino de cientos de miles de venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. Recientemente, Donald Trump notificó a la Justicia el reconocimiento de Delcy Rodríguez como «la única jefa de Estado» de Venezuela, un giro que, más allá de la política exterior, comienza a tener efectos concretos en los tribunales migratorios.
El gobierno estadounidense expone que la «normalización» facilitará la estabilidad, la recuperación económica y la reconciliación política en el país. Estas condiciones surgen tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado mes de enero, que marcó un nuevo momento político entre Washington y Caracas.
Desde que Trump asumió su segundo mandato, ha endurecido su política migratoria: desmanteló las principales protecciones humanitarias para los venezolanos en EEUU, en particular el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario. Estas medidas buscan reducir al mínimo la migración humanitaria y continuar las deportaciones masivas.
Estas decisiones se justifican bajo el argumento de que las condiciones en Venezuela ya no son «extraordinarias». No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos en migración advierten que estos mecanismos representan un duro golpe para los venezolanos y los deja en riesgo de detención y deportación.
Para Laura Dib, directora del programa de Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano (WOLA), el escenario es cada vez más desfavorable para estos ciudadanos. Explica que «en Estados Unidos se han desmantelado prácticamente todas las rutas que existían para la población migrante y refugiada venezolana».
Añade que sobre el asilo también hubo un «socavamiento» para todas las nacionalidades, no solamente para los nacionales de Venezuela.
El riesgo, alerta Laura Dib, se expande más allá de Estados Unidos. Advierte que el reconocimiento a Rodríguez y el acercamiento con las autoridades venezolanas pueden generar una lectura equivocada sobre la realidad de Venezuela en otros países de la región que también albergan a migrantes venezolanos: «Se está instalando la idea de que la situación mejoró y que ya no se necesitan medidas de protección», señala.
Más de ocho millones de venezolanos han abandonado su país de manera forzada y más de 85% permanece en América Latina. De acuerdo con la Agencia Nacional del Censo de EEUU, en ese territorio viven cerca de un millón de venezolanos, pero la representante de WOLA insiste en que la cifra puede ser superior «porque hay un subregistro de personas en situación migratoria irregular».
Las autoridades estadounidenses deportaron durante el año pasado a más de 17.000 venezolanos y mantienen la política de devolución en 2026; pero no hay cifras públicas al respecto.
Laura Dib insiste en que «no hay una transformación genuina y creíble hacia la democracia» en el país y que «el aparato represivo sigue prácticamente intacto». Como ejemplo menciona la designación de Gustavo González López como ministro para la Defensa y recuerda que es un funcionario señalado por organismos internacionales como violador de derechos humanos.
Las contradicciones entra la narrativa de «normalización» y la persistencia de los riesgos son evidentes y en los tribunales de migración se reflejan con el aumento significativo de detenciones durante citas migratorias.
El abogado de inmigración Edward Díaz afirma que los fiscales usan como argumento el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela para cuestionar la base de las solicitudes de asilo. «Si EEUU está haciendo negocios con Venezuela, comprando petróleo, abriendo relaciones, el argumento es: ¿por qué tendría miedo de regresar un venezolano?», expone.
Sostiene que esta realidad cambia el estandar de prueba y dice que ya no basta solo con demostrar el contexto general del país, sino que cada solicitante debe probar de forma más rigurosa su riesgo: «Ahora están pidiendo más evidencias», asegura el abogado Díaz y añade: «Si en apariencia el país se ve estable, el gobierno va a asumir que no hay peligro».
El caso de Rafael Rubio quedo envuelto en este contexto migratorio estadounidense; pese a que las autoridades locales lo defienden como ciudadano y trabajador ejemplar, fue detenido por ICE y enfrenta riesgo de deportación. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la orden de deportación de este venezolano como «indignante» y su equipo legal trabaja para buscar revertir la decisión.
La directora del programa de Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano (WOLA) insiste que, ante este escenario, los venezolanos deben reforzar sus casos: buscar asesoría jurídica y documentar de forma exhaustiva los riesgos que persisten en el país para robustecer sus solicitudes.
En el nuevo contexto político de Venezuela y tras el restablecimiento de las relaciones entre Caracas y Washington, el asilo y las protecciones para venezolanos en Estados Unidos no solo dependen de lo que ocurre en el país, sino de las decisiones que tome la administración Trump.
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