La transición hacia la democracia no puede evaluarse únicamente por los cambios visibles en la conducción del poder. Requiere, sobre todo, la transformación efectiva de las estructuras institucionales que han sostenido el sistema político en los últimos años.
En ese sentido, se han producido algunas decisiones relevantes: la designación de un nuevo ministro de la Defensa, la reestructuración del alto mando militar, la sustitución del Fiscal General y cambios en organismos de inteligencia, entre ellos la conducción de la DGCIM, institución que, en todo caso, requiere una revisión profunda en su funcionamiento y en sus bases.
Estos movimientos tienen importancia, pero no son suficientes para concluir que el aparato de control y represión del Estado ha sido desmontado.
El problema de fondo es estructural. Durante años, el poder se consolidó mediante el control de instituciones clave: el sistema judicial, los órganos electorales, los mecanismos de control fiscal y las instancias de seguridad interna. Mientras ese entramado no sea transformado de manera integral, cualquier cambio será necesariamente parcial.
Por ello, existen decisiones que resultan indispensables.
En primer lugar, la designación de un nuevo ministro del Interior, responsable de la seguridad ciudadana y del control de los cuerpos policiales. En segundo lugar, la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia cuyos magistrados cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y actúen con independencia. Lo mismo aplica para el Fiscal General de la República, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y las autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Estos nombramientos no pueden ser el resultado de sustituciones formales entre funcionarios vinculados a una misma lógica de poder. Deben responder a los procedimientos, requisitos y equilibrios previstos en la Constitución, que durante años han sido vulnerados.
La diferencia es sustantiva. No se trata de reemplazar personas, sino de restablecer la institucionalidad.
Una transición adquiere credibilidad cuando las instituciones dejan de ser instrumentos de control político y pasan a cumplir sus funciones propias: administrar justicia, organizar procesos electorales confiables, supervisar el uso de los recursos públicos y garantizar los derechos ciudadanos.
En ausencia de estos cambios, el riesgo es evidente: que el proceso se perciba como una reconfiguración del mismo sistema, sin alterar sus fundamentos.
Por el contrario, si las designaciones se realizan conforme al marco constitucional, con criterios de idoneidad, independencia y transparencia, se generaría una señal clara de reconstrucción institucional.
En ese escenario, el proceso de transición dejaría de estar condicionado por la desconfianza y podría avanzar sobre bases más firmes.
La conclusión es sencilla: la viabilidad de la transición no depende únicamente de decisiones políticas inmediatas, sino de la capacidad de reconstruir el Estado sobre reglas institucionales claras.
Solo así el camino dejará de ser incierto y podrá convertirse, efectivamente, en un proceso transitable hacia la democracia.
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