Estados Unidos lleva muchos años tras Vladimir Padrino López, destituido por Delcy Rodríguez este miércoles. La DEA, agencia antidroga norteamericana, abrió una investigación sobre él en junio de 2014 y Washington sostiene que, desde su posición en la cúpula militar venezolana, facilitó la salida de vuelos cargados de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica a cambio de sobornos.
Según una acusación formal presentada en 2019 en el Distrito de Columbia, cobraba una mordida, en ocasiones superior a 60.000 dólares (equivalente a 52.300 euros), para permitir el paso seguro de esas aeronaves. Si no se pagaba, la tesis de EE.UU. es que ordenaba interceptarlas o destruirlas. Esa es también la base de la recompensa que sigue vigente contra él.
Y Washington no ha cerrado ese frente. El Departamento de Estado mantiene hasta hoy una recompensa de hasta 15 millones de dólares (13 millones de euros) por información que conduzca a su arresto o condena, dentro del programa antidrogas y bajo la etiqueta del llamado Cártel de los Soles. La ficha oficial, actualizada el 10 de enero de 2025 y todavía visible en la relación de objetivos de 2026, subraya además que EE.UU. no reconoce a Nicolás Maduro, ya preso, como ganador de las presidenciales de julio de 2024 ni, por extensión, a Padrino como ministro legítimo de Defensa.
Una orden de arresto fue emitida contra López el 24 de mayo de 2019 por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, en un caso asignado al juez Randolph D. Moss. Se ordena su detención por un único cargo: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE.UU.
El cartel de su recompensa, fechado el 10 de enero de 2025, lo identifica como miembro del llamado Cartel de los Soles y sostiene que habría utilizado su cargo para facilitar envíos aéreos de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica a cambio de pagos de protección.
La Administración Trump ha pedido a Venezuela que coopere en las investigaciones abiertas en EE.UU. contra otras nueve figuras del chavismo por corrupción, blanqueo y narcotráfico. Según una fuente de ABC, Washington exige acceso a interrogatorios, documentos, rastreo de activos y, cuando sea posible, fórmulas de entrega o traslado, aunque sin usar la palabra «extradición», prohibida por la Constitución venezolana para nacionales.
La lista incluye a Alex Saab, Raúl Gorrín, Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Tareck El Aissami, Samark López Bello y Pedro Luis Martín-Olivares, además de otros dos altos cargos no identificados. La lógica de EE.UU. es empezar por quienes pueden aportar pruebas, abrir rutas financieras o ya están bajo control del aparato venezolano.
Saab aparece como la pieza central. Washington lo considera el hombre que conoce dónde está el dinero y cómo se movía dentro del sistema de contratos, comisiones y activos en el exterior. Gorrín interesa por la arquitectura financiera del control de cambios. Maduro Guerra y Gavidia por su valor patrimonial y familiar. El Aissami y Samark por la red petrolera.
La ausencia de Diosdado Cabello y Padrino de esa lista respondía, según esa fuente, a un cálculo operativo: obtener resultados rápidos sin provocar una crisis interna inmediata para Delcy Rodríguez. Cabello sí figura imputado en la macrocausa contra Maduro en Nueva York. La acusación ampliada del caso en el Distrito Sur de Nueva York lo incluye junto a Maduro y otros dirigentes chavistas por cargos de narcotráfico y venta de armas.
La Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales: su artículo 69 establece de forma expresa que la extradición de venezolanos está prohibida.
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