Estados Unidos imputó al capitán de un buque petrolero que llevó a las fuerzas estadounidenses a una persecución de varias semanas por el océano Atlántico tras ser detenido cuando se dirigía a Venezuela. Esta es la primera vez que la ofensiva del presidente Donald Trump contra el petróleo venezolano deriva en cargos penales.
Por Nicholas NehamasSeamus Hughes y Christiaan Triebert | The New York Times
El capitán, Avtandil Kalandadze, fue imputado con dos delitos federales, según la acusación del 12 de febrero, de la que no se había informado anteriormente. El primer cargo acusa a Kalandadze de colocar de manera falsa la bandera de Guyana en el petrolero —el barco no estaba registrado en ese país— en un intento de eludir su incautación por la Guardia Costera estadounidense el 20 de diciembre. La segunda acusa a Kalandadze de no obedecer la orden de la Guardia Costera de detener el petrolero y permitir que las fuerzas estadounidenses lo abordaran.
En lugar de ello, el barco, conocido entonces como Bella 1, que había estado navegando por el mar Caribe en dirección a Venezuela, dio media vuelta hacia el Atlántico, perseguido por las fuerzas estadounidenses. Por el camino, el barco cambió su nombre por el de Marinera y reclamó protección rusa. Su tripulación pintó una bandera rusa en el costado del petrolero, y este se registró en la base de datos oficial de buques de Rusia.
El gobierno ruso utilizó los canales diplomáticos para pedir a Estados Unidos que dejara de perseguir al petrolero. Pero las fuerzas estadounidenses abordaron y apresaron el barco el 7 de enero, cerca del Reino Unido, y detuvieron a Kalandadze y al resto de la tripulación.
La confiscación del barco formaba parte del intento de Trump de tomar el control de la multimillonaria industria petrolera venezolana. Hasta ahora, Estados Unidos ha abordado otros ocho barcos implicados en el comercio de petróleo venezolano. Los barcos forman parte de una denominada flota fantasma que transporta petróleo de Venezuela, Irán o Rusia por todo el mundo, violando las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.
Las autoridades estadounidenses habían obtenido una orden de incautación del Bella 1 al basarse en su historial de transporte de petróleo iraní para grupos vinculados al terrorismo. Tras la incautación del barco, la esposa de Kalandadze, Natia Dzadzama, inició sin éxito un recurso legal en el Reino Unido, al solicitar una revisión judicial de la detención de su marido, según informan los medios de comunicación locales.
Aamer Anwar, abogado de Dzadzama, dijo en una declaración el martes que “Estados Unidos ha vuelto a mostrar un desprecio total por el Estado de derecho y las obligaciones internacionales con su aliado más cercano, el Reino Unido”.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
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