Las recientes operaciones antinarcóticas lanzadas por Estados Unidos en el Caribe, desde el año pasado, han tenido un impacto directo en las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona Sur del Lago, estado Zulia. Este golpe a las rutas del narcotráfico ha obligado a la guerrilla a reactivar el cobro de “vacunas”, una modalidad de extorsión que recae sobre los productores de la región.
Por Infobae
En territorio venezolano, miembros del ELN, uniformados y armados, han incrementado su presencia en las haciendas ganaderas. Según denuncias, los guerrilleros visitan las propiedades sin previo aviso y exigen pagos bajo el eufemismo de “colaboración”, dejando claro que la negativa traería represalias tanto para los productores como para sus familias.
La situación se agravó la semana pasada, cuando los elenos o “botas de caucho” como se identifica a los guerrilleros en la frontera venezolana, comenzaron a contabilizar el ganado en las fincas, advirtiendo que el monto de la extorsión estará ahora vinculado al número de reses que posea cada propietario, estableciendo así una cuota proporcional obligatoria.
Productores afectados relataron a Infobae que, antes del auge del narcotráfico y la proliferación de pistas clandestinas en la frontera, el cobro de la “vacuna” ya era común de la guerrilla. Sin embargo, el fortalecimiento de las rutas de la droga había desplazado esa fuente de ingresos, hasta ahora.
En el estado Zulia, y especialmente en el Sur del Lago, la presencia de grupos armados irregulares es notoria. Si bien existen disidencias de las Fuerzas Armadas Revlucionarias de Colombia (FARC), es el ELN quien domina un amplio corredor que se extiende desde el Km 40 hasta el área de El Catatumbo.
El ELN ha logrado una profunda inserción en la vida cotidiana de las comunidades ubicadas en sus zonas de influencia, como el Sur del Lago. Diversas organizaciones y gremios coinciden en que la guerrilla participa activamente en actividades sociales y en el funcionamiento diario de estos poblados.
Esta situación de indefensión se agrava ante la ausencia de protección por parte de la Fuerza Armada, que en ocasiones es señalada por su presunta connivencia con los irregulares.
Las consecuencias han sido trágicas: a lo largo de los años, varios hacendados han perdido la vida, como ocurrió con Gaspar Enrique Rincón Urdaneta, productor agropecuario asesinado el 16 de noviembre de 2015 en San José de Perijá. En esa región, la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas evidencia la compleja convivencia entre la economía rural y el accionar de los grupos armados.
Un escenario transformado
Esta presencia extendida ha favorecido que muchos de sus integrantes provengan precisamente de esas mismas comunidades. Los jóvenes son reclutados directamente de los hogares locales, en un contexto marcado por el deterioro económico que el régimen venezolano ha sostenido durante más de una década y que deja a numerosas familias vulnerables ante estos grupos armados.
El fenómeno de la extorsión ejercida por grupos guerrilleros en zonas rurales de Venezuela no solo genera temor e incertidumbre entre los productores agropecuarios, sino que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. El sobreprecio que deben pagar los agricultores a los grupos armados termina trasladándose al costo final de los alimentos. “Ningún productor refleja en sus libros de costos el tributo impuesto por los insurgentes bajo el eufemismo de ‘colaboración’, pero es una realidad palpable”, reconocen fuentes del sector.
Testimonios de vecinos de la frontera revelan que el ELN ejercía funciones de seguridad para el transporte de drogas en varios municipios zulianos, escoltando cargamentos, desde los centros de producción hasta su destino final, en embarcaciones que cruzan distintos puntos del mar Caribe.
“La guerrilla obtenía beneficios considerables, lo que les permitió no solo sostenerse, sino reclutar más combatientes y adquirir armamento y propiedades. Durante años, ese sistema funcionó bajo la sombra de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, relató un productor afectado.
Todo cambió el 14 de agosto de 2025, cuando Estados Unidos inició la Operación Lanza del Sur, desplazándose con fuerzas aeronavales hacia el Caribe. Esta ofensiva logró desarticular parte de la red de narcotráfico que operaba en el Sur del Lago de Maracaibo, así como en La Guajira y las islas del municipio Insular Padilla.
Los carteles sintieron la presión militar tras el primer ataque a una narcolancha, un hecho divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el presidente Donald Trump. Según reportes del Pentágono, hasta la fecha, se han registrado 37 bombardeos y al menos 128 personas entre muertos y desaparecidos como resultado de estas acciones.
Aunque funcionarios de Estados Unidos han señalado a los miembros del llamado Cártel de los Soles, así como a la megabanda Tren de Aragua, también mencionan al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y se ha ejecutado por lo menos un ataque terrestre en la zona fronteriza de la Guajira.
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