El 17 de febrero de 1864 los legisladores de la Asamblea Legislativa Constituyente del Zulia aprobaron la primera Constitución Estadal del país. Para entender la relevancia histórica de esta fecha hay que pasarse primero por el panorama político que envolvía a Venezuela en esos días. Desde 1859, el país se desangraba en la Guerra Federal, el conflicto bélico más largo y costoso desde la Independencia.
Los federalistas, inspirados por Ezequiel Zamora, enarbolaban la bandera de la Autonomía Provincial, enfrentándose al centralismo de la oligarquía conservadora. Finalmente, con la firma del Tratado de Coche en abril de 1863, se puso fin a las hostilidades y el poder quedó en manos del General Juan Crisóstomo Falcón.
El triunfo de la Federación era una realidad, pero faltaba lo más importante: darle forma jurídica a esa victoria. El 24 de diciembre de 1863, se instaló en Caracas la Asamblea Constituyente de la Federación, con la misión de redactar una nueva carta magna que transformara las provincias en estados autónomos.
Y fue en ese preciso instante, cuando el Zulia demostró su vocación de avanzada. Mientras en Caracas debatían el futuro del país, en Maracaibo, una Asamblea Legislativa Constituyente ya había comenzado a trabajar en su proyectada constitución estatal.
Así, la Provincia de Maracaibo se convierte en la primera entidad de Venezuela en adoptar su propia Constitución Estadal, pasando a llamarse Estado Soberano del Zulia. En enero de 1864 comenzaron las actividades de la Asamblea Legislativa.
La primera Constitución del estado Zulia, fue aprobada por la Cámara Legislativa Constituyente, el 17 de febrero de 1864 y fue publicada el 8 de marzo, veinte días antes de la sanción de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela el 28 de marzo de 1864.
Desde Maracaibo el Zulia siempre ha sido epicentro de frecuentes debates sobre el devenir republicano. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1864 los zulianos nos incorporamos a las corrientes del constitucionalismo federativo, que venía tomando cuerpo en todo el sistema legislativo del país.
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