El panorama de los derechos humanos en Venezuela presenta una actualización crítica este jueves. Según el reporte más reciente de Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, se han registrado 154 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero de 2026.
A pesar de este movimiento, la organización advierte que la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos sigue siendo alarmante: 780 presos políticos permanecen en los calabozos del país. Romero destacó que este número total incluye nuevos reportes de casos que no habían sido denunciados formalmente con anterioridad.
Disparidad en las cifras y espera agónica
La actualización de Foro Penal se produce en un contexto de cifras fluctuantes. Mientras la ONG contabiliza 154 excarcelaciones, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —la mayor coalición opositora— registra 170 casos. Esta diferencia suele deberse a los tiempos de verificación y al flujo constante de personas que salen de centros como Tocuyito, Tocorón y El Helicoide.
"Más de 942 presos políticos continúan injustamente tras las rejas", escribió la Plataforma Unitaria en Instagram.
Desde que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, anunció el 8 de enero la liberación de un "número importante" de detenidos, las afueras de las cárceles se han convertido en campamentos de esperanza y dolor. Familiares han pernoctado en vigilia permanente, desafiando las condiciones climáticas y la incertidumbre.
"Pedimos que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Exigimos la liberación total, inmediata y sin condiciones", manifestó la PUD en un comunicado reciente.
El muro institucional
A pesar de las excarcelaciones, organizaciones como Provea denuncian que persisten "dilaciones indebidas y abusos autoritarios" que frenan el proceso. Por su parte, el Ejecutivo venezolano mantiene su postura oficial: asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los detenidos lo están por la comisión de "terribles hechos punibles".
Esta narrativa contrasta con la realidad de las 780 personas que, según Foro Penal, siguen tras las rejas bajo procesos judiciales cuestionados por la comunidad internacional.
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