La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra este jueves la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid en una operación que investiga un presunto blanqueo de capitales, según confirman fuentes jurídicas. La compañía fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 con 53 millones de euros. La investigación, que permanece secreta, corre a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y los agentes han detenido el presidente de la compañía, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.
Por El País
Esta causa tiene dos precedentes. Por un lado, en noviembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid acogió los argumentos de la aerolínea Plus Ultra, que había recurrido la imputación de la compañía alegando que se había vencido el plazo de 12 meses que establece la ley para acordar esta imputación desde que se inicia la instrucción del caso. Los magistrados le dieron la razón, explicaron que en “un proceso con todas las garantías” no podía citarse ya a la compañía y abocaron la causa al archivo.
La magistrada Esperanza Collazos había olvidado este trámite y llamó a declarar a la aerolínea, primero en una fecha en mayo y posteriormente en junio de ese año. Pero la comparecencia nunca llegó a producirse. “La expiración del plazo conlleva la inviabilidad de incorporar el material instructorio”, indicó la Audiencia madrileña. En enero de 2023 la juez dictó el sobreseimiento provisional.
En aquella investigación ejercían de acusación popular Vox, el PP y el pseudosindicato Manos Limpias, y se indagaba si el rescate que el Gobierno dio a la compañía como parte de una inyección de ayudas públicas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia había sido legal.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción interpuso en octubre de 2024 una denuncia en la Audiencia Nacional en la que relataba cómo el dinero público del rescate, en realidad, su había utilizado para devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela. Según avanzó ABC, el ministerio público había analizado la información recibida por autoridades francesas y suizas y había llegado a la conclusión de que se hizo un “uso indebido” de la ayuda del Gobierno lo que constituía un “indicio de una defraudación al Estado”.
La Audiencia Nacional se declaró no competente para esta investigación, pero instó a Anticorrupción a que presentara la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Las pesquisas que se han activado ahora corren, efectivamente, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, confirman fuentes jurídicas si bien todavía no han trascendido más detalles.
Empresa estratégica
El Gobierno español introdujo a la aerolínea dentro del concepto de empresas “estratégicas” para justificar el rescate, argumentando que era importante para la economía española al cubrir las carencias de las conexiones aéreas con Latinoamérica. Los expertos designados por el juzgado señalaban que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia y cierre desde 2019, lo que la imposibilitaba para optar a los fondos del rescate, mientras que el dictamen de la SEPI y de dos consultoras avalaban que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de Madrid consideraban entonces que no había indicios de delito.
El rescate estuvo envuelto en polémica no sólo por la calificación de estratégica de la empresa sino por informaciones que hablaban de su vinculación con el Gobierno venezolano.La compañía emitió un comunicado una semana después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la ayuda aclarando que eran una compañía española aunque, como “el resto de compañías del sector”, su accionariado está compuesto por “diferentes nacionalidades”.
Uno de los puntos que pretendía dilucidar la investigación que se siguió en 2022 por malversación y prevaricación fue el porqué parte de las ayudas públicas que se dieron a la compañía aérea terminaron destinadas a un pago a la compañía estatal de petróleo de Venezuela PDVSA. El equipo de peritos que asesoró la compañía defendió que ese desembolso se debía a una deuda que no se pudo pagar antes por motivo del embargo y las sanciones internacionales que la petrolera tenía. Los peritos independientes del juzgado decían, en cambio, que no era habitual que se hubiera priorizado ese pago cuando había operaciones en la mercantil más urgentes.
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