
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a cuatro personas y cuatro organizaciones colombianas a las que acusa de canalizar mercenarios para luchar en la actual guerra civil en Sudán.
Las sanciones, anunciadas el martes, buscan desmantelar una red internacional que supuestamente recluta y entrena a ciudadanos colombianos para luchar junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia sudanesa acusada de graves abusos contra los derechos humanos en el sangriento conflicto interno.
Cientos de exmilitares colombianos han sido desplegados junto a las RSF desde septiembre de 2024, cumpliendo una variedad de funciones, desde operar drones hasta entrenar a niños soldados, según el Tesoro.
“El Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)”, dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en un comunicado emitido ayer.
Las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias han demostrado una y otra vez su disposición a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas, continuó el comunicado.
El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y cuatro organizaciones vinculadas al mercenarismo en Sudán.
Personas y organizaciones sancionadas
Álvaro Andrés Quijano Becerra, Agencia Internacional de Servicios (A4SI)
Quijano, con doble nacionalidad colombo-italiana, es un exoficial del ejército colombiano residente en los Emiratos Árabes Unidos y un importante apoyo de las RSF. Es cofundador de la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, que el Departamento del Tesoro describió como el principal centro de reclutamiento de mercenarios colombianos.
Claudia Viviana Oliveros Forero, Global Staffing SA
La esposa de Quijano, Oliveros, es propietaria y gerente de A4SI, según el Tesoro. También fue presidenta y tesorera de Global Staffing SA, una agencia de empleo con sede en Panamá vinculada a A4SI, que, según el Tesoro, se utilizó para minimizar la exposición legal de A4SI y ocultar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrató a los combatientes colombianos.
Mateo Andrés Duque Botero, Maine Global Corp SAS
Duque, con doble nacionalidad colombo-española, es ejecutivo de varias empresas en Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido. Dirige la empresa Maine Global Corp SAS, con sede en Bogotá, que gestiona y desembolsa fondos para Global Staffing y A4SI. Según informes, la firma gestiona la nómina de mercenarios colombianos y estuvo vinculada a pagos electrónicos por millones de dólares en 2024 y 2025.
Mónica Muñoz Ucros, Comercializadora San Bendito
Muñoz también está asociada con Maine Global Corp y dirige Comercializadora San Bendito, con sede en Bogotá. Fue sancionada por su liderazgo en la financiación de redes mercenarias ilegales.
¿Qué significan las sanciones?
Las personas y organizaciones sancionadas enfrentarán ahora la congelación total de todos sus activos en Estados Unidos, y todos los ciudadanos estadounidenses o residentes en el país tendrán prohibido realizar transacciones con ellas. El Tesoro espera que las medidas frenen el flujo de combatientes colombianos a Sudán.
Sin embargo, el medio colombiano La Silla Vacía, cuya investigación expuso el papel de los soldados colombianos en la guerra de Sudán, informa que hasta 2.000 combatientes de la nación sudamericana ya están estacionados allí. Su destino sigue siendo incierto.
Artículo escrito por Alfie Pannell en Latin America Reports. Versión en castellano para El Nacional
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