Las solicitudes de asilo en España cayeron en picada desde la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, un desplome que golpeó especialmente a los ciudadanos de Colombia y Perú, con reducciones superiores al 68 %, pero que no alcanzó a los venezolanos, cuyas peticiones aumentaron más de 23 % y mantienen a Venezuela como la nacionalidad que más protección internacional solicita en el país europeo.
Desde que comenzó a tener efecto la reforma, el tiempo que una persona pasa en España esperando a que resuelvan su solicitud de asilo -que pueden ser años porque el sistema acumula muchos retrasos- ya no computa para pedir después un permiso de residencia por arraigo en el caso de que la solicitud sea denegada.
De esta forma, si su solicitud es rechazada después de meses o años residiendo y trabajando legalmente en España, caerá en la irregularidad y tendrá que esperar al menos otros dos años hasta conseguir los papeles, lo que muchas ONG consideran una discriminación hacia los peticionarios de asilo.
Seis meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, ya puede verse su efecto en los datos.
Según cifras del Ministerio del Interior español facilitadas a EFE, entre el 20 de mayo y el 31 de octubre de 2025 se han registrado 63.024 solicitudes, un 15,82 % menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 74.872.
La tendencia es contraria a la de los últimos años, puesto que las peticiones no han parado de crecer desde 2012, a excepción de la pandemia del coronavirus.
Se desploman las solicitudes de Colombia y Perú y suben las de Venezuela
Las bajadas más significativas son de dos de las nacionalidades que más solicitan protección: Colombia -cuyas peticiones han caído un 68,60 %, de las 16.967 de 2024 a las 5.328 de este año- y las de Perú, con una caída del 72,63 %, al pasar de 4.413 a 1.208.
Para el codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, estos datos muestran una «relación milimétrica» con la reforma del reglamento y su calculada «disuasión» de recurrir a la vía del asilo que, en su opinión, tiene un «efecto injusto» para estas dos nacionalidades.
No ocurre igual en el caso de Venezuela, que lidera el número de solicitudes en los dos periodos, con un aumento del 23,69 %. Esto se explica porque a la gran mayoría de peticiones de este país se les deniega la protección internacional pero se les concede una autorización de residencia por razones humanitarias (el 98 % en 2024).
Detrás de este aumento, Valiente ve el desvío de la ruta migratoria por parte de muchos venezolanos que estaban en tránsito o pensando en migrar a Estados Unidos y han «reorientado su decisión» ante «la estrategia de externalización» de Donald Trump y el «incremento de la desestabilización» y amenaza de guerra por parte del país norteamericano, que ha empujado a más personas a salir del país.
Más peticiones de Mali
Los datos también revelan otras subidas relevantes en el número de peticiones, que responden a otros factores, como es el caso de Mali, con un 72,01 % más de solicitudes.
Valiente apunta al agravamiento del conflicto que vive el país africano y recuerda que, aunque las llegadas en barcas a las Islas Canarias (océano Atlántico) han bajado un 63 % este año, hay «una bolsa importante» de personas que llegaron antes y que solo ahora pueden acceder al procedimiento, de forma gradual, por la saturación del sistema.
Aunque en valores absolutos afecta a menos personas, el aumento porcentual más elevado es el de Somalia, que ha multiplicado sus peticiones por más de cuatro en estos seis meses, de 144 a 626.
En este caso, desde CEAR señalan la nueva ruta detectada el año pasado y que ha crecido en 2025 desde este país a las Islas Baleares (mar Mediterráneo), donde han aumentado un 41,7 % las llegadas en patera.
Las ONG ven un «castigo» injusto a ciertas nacionalidades
Pero entonces, ¿este descenso de las solicitudes de asilo es positivo o negativo? Depende para quién.
El Gobierno lo interpreta como una muestra de que, efectivamente, había muchas personas que en el pasado estaban pidiendo asilo sin necesitarlo -como una vía para regularizar su situación en España- pero entidades que velan por los derechos de los migrantes lo ven como una medida que «castiga» a quienes solicitan protección internacional y se la deniegan.
Para CEAR, no existe un «abuso» del asilo, como esgrime el Ejecutivo, sino más bien al revés: «Hay un abuso por parte del Gobierno en la utilización del argumento del control de la extranjería para denegar el asilo a muchas personas de Colombia que sí lo necesitan», lamenta Valiente.
Defiende que si hubiera canales de extranjería «abiertos y accesibles y que no penalizaran», esta decisión sería «mucho más libre» y si el Gobierno resolviera las solicitudes de asilo en el tiempo marcado por la ley -6 meses- las personas no podrían ‘aprovecharse’ de este periodo de espera, como se les acusa.
Por estos motivos, siete organizaciones -entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Cáritas o CEAR- recurrieron esta parte de la norma ante el Tribunal Supremo, que aún tiene que pronunciarse. EFE
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