En los convulsos días de abril de 1835 el presidente José María Vargas, se enfrenta al desafío de los caudillos nacionales y regionales que veían con recelo un gobierno de civiles y doctores. Fue en este contexto donde llegaron noticias alarmantes desde la provincia de Maracaibo.
Los maracuchos, se habían alzados no solo por agravios locales, sino que su movimiento se inscribía en un malestar mayor que terminó apoyando la Rebelión de las Reformas, la misma que estallaría en julio de ese mismo año.
Este levantamiento, liderado por militares como Santiago Mariño y Diego Ibarra, buscaba restaurar privilegios militares y echar abajo el gobierno civil de Vargas, al que acusaban de abandonar el legado de la independencia. Los disturbios en Maracaibo eran un síntoma temprano de esta pugna por el poder nacional.
La petición de los alzados era la libertad de los zulianos presos por rebelión. Ante esta disyuntiva, el gobierno de Vargas y el Congreso podrían haber optado por la represión militar, la respuesta habitual para sofocar insurrecciones. Sin embargo, en un acto de notable prudencia y visión de Estado, eligieron un camino diferente: El de la conciliación y la paz.
Fue así como el 25 de abril de 1835, el Congreso de Venezuela, promulgó este decreto:
El Congreso de Venezuela, usando de la atribución que le concede el artículo 123 de la Constitución, decreta:
1° Qué es una atribución constitucional del Congreso, conceder amnistías é indultos generales, cuando lo exija algún grave motivo de conveniencia pública.
2° Que el Gobierno ha recomendado esta medida en favor de los que trastornaron el orden legal en Maracaibo, para restablecer así la paz y la tranquilidad de aquellos habitantes, decretan.
Art. único. Se concede indulto a todos los individuos que de cualquier manera hayan tenido parte en los trastornos ocurridos en la provincia de Maracaibo.
El gobierno de Vargas, en lugar de aplastar al enemigo, prefirió indultar a aquella Maracaibo insurgente. Esta decisión no fue un signo de debilidad, sino de fortaleza cívica, demostrando que la ley podía ser también un instrumento de negociación política para la paz.
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