La operación policial que el martes dejó en Río de Janeiro un reguero inédito de muertos (121, según el último balance oficial) es ya objeto de furiosa discusión política, aunque los policías caídos acaban de ser enterrados. Y muchas madres de favela esperan todavía angustiadas localizar a sus hijos o identificarlos. La seguridad pública se coloca así como tema estrella de cara a las elecciones presidenciales brasileñas dentro de un año. Pero la repercusión de la matanza —una de las peores causada por las fuerzas de seguridad en América Latina— trasciende fronteras y reaviva el debate sobre cómo combatir de manera eficaz el crimen organizado en la región más violenta del planeta.
El duelo entre los partidarios de la mano dura con golpes espectaculares y los defensores de estrategias a medio plazo más volcadas en tareas de inteligencia para asfixiar económicamente a los poderosos grupos que se arman como fieras con el dinero del narco vuelve al centro del debate político latinoamericano, sea en Brasil, en México, en Chile… Y, en lo concreto, dos vecinos, Argentina y Paraguay, han reforzado sus fronteras para impedir el paso a los fugitivos.
“Río está sola en esta guerra”, afirmó el gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, en una rueda de prensa el mismo martes, cuando la operación seguía abierta. Esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana”, sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”, añadió. Criticó la falta de apoyo del Gobierno federal. También dejó caer que quizá pedía ayuda a las Fuerzas Armadas y la palabra mágica de las últimas semanas: “Son narcoterroristas”.
Castro se hacía eco del discurso con el que el estadounidense Donald Trump ha impulsado su cuestionada política de ataques militares extrajudiciales contra supuestas narcolanchas. Desde que el magnate volvió al poder, la Administración estadounidense impulsa la designación de las grandes mafias latinoamericanas del narco como organizaciones terroristas.
Ante las críticas del gobernador fluminense, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, al que la matanza le pilló regresando de una gira por Asia, inmediatamente se puso en acción. Ya no quedan dudas de que la seguridad pública será el gran tema de la campaña electoral para 2026 y Lula acaba de anunciar que buscará un cuarto mandato. Nada más aterrizar, reunió a su equipo y anunció una comisión de coordinación con el Gobierno de Río de Janeiro.
El presidente envió a dos de sus ministras a Río a acompañar de cerca, este jueves, a los vecinos de las favelas que fueron epicentro de los tiroteos y escuchar las demandas de las familias que perdieron a uno de los suyos.
Mientras el gobernador considera que la operación policial “fue un éxito” solo empañado por la muerte de los cuatro agentes de las fuerzas de seguridad, la ministra de la cartera de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, proclamó tras visitar a los afectados que el operativo “fue un fracaso, una tragedia, un horror innombrable”. Para la ministra, “si queremos combatir el crimen organizado, tenemos que empezar por la cima”, por los que mandan.
Como ejemplo de su receta para combatir el crimen organizado, el Gobierno federal ha contrapuesto estos días la sangrienta operación de Río a una realizada en São Paulo en agosto. Si la de esta semana era contra el Comando Vermelho, un grupo criminal que trafica con drogas y armas desde Río de Janeiro, la de meses atrás fue contra la única mafia brasileña que le supera en poderío: el Primer Comando de la Capital (PCC), una hermandad de delincuentes que premia la innovación en sus filas. La Policía Federal, con información del Ministerio de Hacienda y la colaboración de las autoridades paulistas, asestó un golpe contundente al aparato económico del PCC. Sin disparar un tiro, desarticuló una red de fondos de inversión que lavaba dinero para el PCC.
Ignacio Cano, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, considera que cuando el gobernador autorizó una operación de estas características y magnitud contra el Comando Vermelho en su cuartel general “pretendía crear un hecho político, era una apuesta consciente. Sabía que [los miembros del CV] paralizarían la ciudad en respuesta, que generaría enorme visibilidad a nivel nacional y, entonces, él se presentaría como el gran paladín contra el crimen organizado”. Con eso, Castro acaba de asomar la cabeza en la campaña presidencial de 2026 en la que la derecha, con Jair Bolsonaro encarcelado e inhabilitado, no ha elegido aún candidato.
La activista carioca Eliane Sousa Silva, directora de Redes da Maré, una ONG que trabaja en la favela homónima, critica al Gobierno estatal porque sigue adelante con las incursiones violentas en las favelas haciendo caso omiso a los límites impuestos por el Tribunal Supremo, que en abril le exigió cámaras en los uniformes y le reclamó que creara un plan para reducir la letalidad policial. Esta operación “es más de lo mismo, cambia la magnitud, pero no vemos medidas para atajar el problema de manera estratégica”.
América Latina es la región más letal del planeta, con una tasa de homicidios que cuadruplica la media global. Por eso, la seguridad pública es una preocupación capital y cotidiana para sus habitantes y, con ellos, para los políticos. Un estudio que codirigió Cano, uno de los pocos que ha evaluado el amplio abanico de medidas implantadas en las últimas décadas contra la violencia en la región, tiene conclusiones llamativas. Colocar al ejército en las calles o eliminar a los líderes de los grupos armados puede ser contraproducente y elevar la violencia. Limitar la posesión de armas y la venta de alcohol destacan entre las medidas más eficaces.
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