El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que actúen como jueces temporales de inmigración, según un memorando al que tuvo acceso The Associated Press.
Las fuerzas armadas comenzarán a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia «tan pronto como sea posible», y las fuerzas armadas deberían tener la primera ronda de personas identificadas para la próxima semana, según el memorando, fechado el 27 de agosto.
Esta iniciativa se produce en un momento en que la administración Trump toma medidas enérgicas contra la inmigración en todo el país, intensificando los arrestos y las deportaciones. Los tribunales de inmigración también se enfrentan a una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años.
Sin embargo, numerosos jueces de inmigración han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración, según su sindicato. La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (FIIT) declaró en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos «sin causa» en tribunales de todo el país.
Esto ha dejado a unos 600 jueces de inmigración, según cifras sindicales, lo que significa que la medida del Pentágono duplicará sus filas.
La medida se está llevando a cabo a petición del Departamento de Justicia, y el memorando señala que los detalles no durarán inicialmente más de 179 días, pero podrán ser renovables.
Al ser preguntado sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa. Funcionarios del Pentágono dirigieron las preguntas a la Casa Blanca.
Un funcionario de la Casa Blanca declaró el martes que el gobierno está considerando diversas opciones para ayudar a resolver la importante acumulación de casos de inmigración, incluyendo la contratación de jueces de inmigración adicionales. El funcionario afirmó que el asunto debería ser «una prioridad que todos, incluidos aquellos que esperan un fallo, puedan apoyar».
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