La ONG venezolana Súmate, dedicada a temas electorales, aseguró este martes que Nélida Sánchez, su coordinadora nacional de Formación, detenida desde hace un año, es víctima de «indefensión judicial», y advirtió que la Justicia ha cometido una serie de irregularidades que hacen que el proceso sea «nulo».
En un comunicado, la organización sostuvo que Sánchez ha sido acusada de los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, con base en «pruebas falsas forjadas por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en el acta policial para justificar su detención».
Estas pruebas, prosiguió, son dos mensajes publicados en la red social X con fecha «posterior a su privación de libertad personal, que nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal».
«Con esta actuación con clara parcialidad y sin independencia de la administración de justicia en contra de la ciudadana venezolana Nélida Sánchez, incurrió en el vicio judicial de falso supuesto, por lo tanto, violentó de forma explícita y flagrante su derecho humano al debido proceso», añadió.
Súmate recordó que la activista fue detenida el 26 de agosto del año pasado «sin orden judicial y bajo engaño en la ciudad de Los Teques, estado Miranda (norte)».
Posteriormente, dijo, fue trasladada a la prisión de El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, donde permanece recluida.
«Esta situación de injusticia y castigo inmerecido por defender el derecho al sufragio y pertenecer a la Asociación Civil Súmate le ha ocasionado a Nélida Sánchez daños graves e irreparables a su salud física y mental», apostilló.
La organización indicó que Sánchez padece de patologías crónicas prevalentes como hipertensión, insuficiencia venosa, taquicardia y fibromialgia, y que «en estas últimas semanas se le ha sumado el más reciente diagnóstico: síndrome de estrés postraumático en prisión».
«El Estado venezolano, específicamente el órgano del poder público encargado de administrar la justicia, le ha violado derechos humanos fundamentales como la libertad personal, la atención oportuna a una vida saludable, la presunción de inocencia, el ejercicio de la defensa por sus abogados de confianza y ser oída con las debidas garantías», agregó.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 816 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de las presidenciales del año pasado, en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
El Estado venezolano niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -asegura- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE
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