La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) consideró este miércoles como «grilletes invisibles» la excarcelación de Martha Grajales, activista de derechos humanos del colectivo SurGentes, al subrayar que «en realidad» es una «medida cautelar» que «mantiene intacto el proceso judicial arbitrario en su contra».
«Mientras no se retiren los cargos y no se garanticen plenamente sus derechos, Martha Lía Grajales seguirá siendo una presa de un sistema que utiliza las medidas cautelares como grilletes invisibles para advertir a quienes se atreven a exigir justicia en Venezuela», afirmó el OVP en su cuenta de X.
En este sentido, aseguró que la activista «continúa bajo vigilancia, con prohibiciones que cercenan su libertad de expresión, limitan su circulación y le impiden ejercer el derecho a manifestar pacíficamente».
OVP asegura que cargos contra Grajales son «infudados»
Para la organización, Grajales está acusada de «cargos infundados», en relación a los presuntos delitos anunciados por la Fiscalía de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación, y fue imputada «sin acceso a un abogado de confianza y sometida a un proceso plagado de irregularidades».
Asimismo, indicó que su «caso es un ejemplo doloroso de cómo se criminaliza la protesta y se castiga a quienes acompañan a las víctimas», al subrayar que a Grajales la detuvieron luego de participar en una manifestación frente a la ONU, en Caracas, en rechazo a las agresiones que sufrieron activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, un colectivo que pide la liberación de sus parientes, presos en el contexto de la crisis tras las presidenciales de 2024.
Este miércoles, la ONG Provea, que acompañó el caso de Grajales, celebró la excarcelación de la defensora de derechos humanos y pidió la liberación de todos los presos políticos, que son 807 según la organización Foro Penal, aunque la administración de Nicolás maduro niega que los detengan por estos motivos, sino que asegura cometieron varios delitos, una afirmación que respalda la Fiscalía y rechazan varias organizaciones.
Provea pidió liberar a presos políticos
Para Provea, «la mayoría» de los encarcelados por motivos políticos «han sido víctimas del mismo patrón de abusos que sufrió Grajales: detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones al debido proceso e incomunicación y/o aislamiento prolongado».
Grajales estuvo en dos prisiones: la primera, en la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Maripérez, mientras que después de presentarla vía telemática en tribunales la enviaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Miranda, donde la excarcelaron la noche del martes.
Su esposo, Antonio González, consideró un montaje el proceso judicial en su contra y un atentado contra los derechos a la libre expresión y asociación, así como en contra de los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Antes de su excarcelación denunció que no le permitieron designar un abogado de confianza y la mantuvieron incomunicada hasta su traslado al Inof. El lunes, 11 de agosto, le permitieron hablar con su pareja vía telefónica.
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