El coordinador general de la ONG Programa Venezolano Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, alertó sobre las acciones del chavismo gobernante que buscan «acallar la pluralidad en Venezuela», en lo que definió como un plan deliberado.

Tras la detención de la activista de Surgentes, Martha Lía Grajales el pasado 8 de agosto, el periodista y defensor de DDHH calificó está acción como «un deliberado plan de eliminar la pluralidad, acallando las voces críticas y encarcelando el disenso».

Grajales fue víctima de una detención arbitraria, según Surgentes y Provea, después de que salía de una protesta de activistas y organizaciones de DDHH a las afueras de la ONU en Venezuela, donde pidieron un pronunciamiento por los ataques de los que fueron víctimas tanto ella como un grupo de mujeres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes el 5 de agosto realizaban una vigilia en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dónde civiles armados las golpearon y robaron.

«La detención arbitraria de la activista de @SurgentesDDHH, Martha Lía Grajales, reafirma que hemos pasamos de una represión focalizada en un sector político en particular, a un clima de persecución general que hoy alcanza a los comités de víctimas de la represión post electoral», dijo Murillo en su cuenta de la red social X este lunes 11 de agosto.

Qué pasó con Martha Lía Grajales

A Grajales la presentaron vía telemática en tribunales este lunes, tras permanecer desaparecida desde su detención el viernes anterior. Su esposo y miembro de Surgentes, Antonio González, dijo que la mantuvieron detenida en la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, lugar al que fue en cuatro oportunidades y le negaron que la mantuvieran allí.

También informó que pese a solicitar la designación de un abogado de confianza no se lo permitieron, un patrón que se repite en detenciones por motivos políticos, en el que las autoridades deciden que los apresados tengan un defensor público.

Finalmente González pudo comunicarse con ella vía telefónica este martes. La activista le informó que la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda, desde donde aseguró que se encuentra bien física y mentalmente.

Murillo recordó que como parte de ese plan hay ataques anteriores contra otras defensoras de DDHH como Sairam Rivas y Andreína Baduel, ambas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.

«El gobierno intenta resolver su problema de legitimidad a fuerza de represión y para ello intensifica sus ataques a las organizaciones defensoras de derechos humanos porque estas tienen una incidencia importante y la credibilidad suficiente para levantar la voz contra el olvido», agregó el coordinador de Provea.

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