El viernes 27 de junio el régimen de Nicolás Maduro, a través de su vocero más agresivo y disciplinado, Diosdado Cabello, volvió a activar la maquinaria del terror político. Ese día el ministro de Interior, Justicia y Paz anunció, en el programa de Youtube Sin truco ni maña que conduce con Tania Díaz, la supuesta detención de un académico venezolano, a quien acusa de “entregar coordenadas de misiles al FBI” y de estar vinculado a una operación de tráfico de armas.
Sin presentar pruebas verificables, sin mostrar una orden judicial, sin mencionar siquiera el nombre completo del supuesto implicado, el régimen busca posicionar una narrativa que ya conocemos demasiado bien: la del “enemigo interno”, el “traidor a la patria” y el “agente extranjero” que justifica una nueva ola represiva.
Este tipo de escenificaciones no son nuevas. El chavismo ha perfeccionado el arte de los montajes: desde dirigentes estudiantiles acusados de terroristas hasta militares presos sin juicio. En este caso, la novedad es que el enemigo designado no es un político ni un activista, sino un académico. Un intelectual. Un pensador.
Esto no es casual. En una dictadura, el pensamiento libre representa una amenaza tan peligrosa como las armas. Las universidades han sido desmanteladas, los profesores perseguidos y ahora, con esta acusación infundada, se pretende convertir la inteligencia en un delito.
El objetivo es claro: sembrar miedo. Advertir a la sociedad que nadie está a salvo. Que cualquier venezolano que piense, que cuestione o que simplemente hable con el exterior puede ser acusado de espionaje, terrorismo o conspiración. La dictadura ha pasado de perseguir a la disidencia política a criminalizar el pensamiento.
Más allá del absurdo de la acusación —¿misiles? ¿coordenadas? ¿FBI?—, lo que resulta realmente preocupante es el uso político de la justicia. El mensaje que se envía es que no hay Estado de derecho, que las detenciones se ordenan desde un programa de televisión y que basta una palabra de Cabello para destruir la vida de un ciudadano.
¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde está la prensa libre que investigue? En Venezuela, esas preguntas no tienen respuesta. Porque el régimen no necesita demostrar nada: solo necesita acusar, exponer y castigar. Todo con el respaldo de un aparato judicial cómplice, medios controlados y fuerzas de seguridad al servicio del poder.
Esta acusación es también un síntoma del momento político que vive Venezuela. A pocas semanas de otra farsa electoral, en la que el régimen enfrenta un creciente rechazo nacional e internacional, el chavismo necesita justificar su violencia. Necesita enemigos para sostener su narrativa. Y si no existen, los fabrica.
Por eso, el pueblo venezolano y la comunidad internacional no deben dejarse engañar. Este nuevo caso no es más que otro episodio de un libreto gastado. Un montaje torpe que busca distraer la atención, desviar las críticas y afianzar el control social.
Desde el exilio, como abogado y como venezolano, elevo mi voz para denunciar este atropello. Para rechazar la criminalización del pensamiento. Para advertir que, mientras el régimen inventa misiles y agentes del FBI, el verdadero crimen sigue impune: el secuestro de la democracia, la represión del pueblo, y la sistemática violación de los derechos humanos.
Venezuela no necesita más miedo. Necesita verdad, justicia y libertad.
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