Los derechos humanos en Venezuela van como el cangrejo: para atrás. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, así lo dejó claro en su último informe sobre la situación de las garantías en el país, en el cual denunció que entre mayo de 2024 y abril de 2025 se han producido serios retrocesos.
Aunque son muy valiosos sus esfuerzos por denunciar las graves violaciones perpetradas en Venezuela, Türk insistió en obviar el impacto y responsabilidad que tiene la gran corrupción en la violación e incumplimiento de los derechos fundamentales de los venezolanos. El Alto Comisionado no hizo una sola mención a la corrupción en su reporte ni en el discurso que ofreció el pasado 27 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La posición de Türk va a contracorriente de lo que otros organismos internacionales han señalado. “La corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”, declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/18, titulada “Corrupción y derechos humanos”.
En ese instrumento, la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) formuló una serie de recomendaciones a los Estados de la región para combatir este flagelo, entre las cuales figura “garantizar la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia”. De allí que la CIDH publicara el 6 de diciembre de 2019 el documento Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.
La corrupción y el crimen organizado buscan controlar, capturar o intervenir el sistema de justicia para garantizar su impunidad, lo que en los Estados autoritarios y corruptos -como es el caso de Venezuela- hace inoperativo el sistema de garantías de equidad, justicia y reparación, imponiendo la represión, la persecución y las violaciones al Estado de derecho como mecanismo para mantener los privilegios de la pequeña élite en el poder.
Esta no es la primera vez que el Alto Comisionado evita pronunciarse sobre la corrupción. En su informe de 2023, tampoco hizo ninguna mención al tema.
Los retrocesos en derechos humanos en Venezuela
Al iniciar su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk declaró: “Me preocupa que la situación de los derechos humanos en Venezuela se haya deteriorado”. Y como ejemplo, en su informe denunció que la gestión de la cárcel de El Rodeo I (Miranda) fue entregada a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), e indicó que recibió reportes de que tanto este organismo como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) vuelven a tener presos en sus calabozos.
“El traspaso de la gestión de los centros de detención a los servicios de inteligencia civiles y militares refleja un retroceso en la aplicación de la recomendación previa del Acnudh de transferir a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros bajo autoridad civil”, expuso Volker Türk.
En 2021, Nicolás Maduro dictó un decreto mediante el cual ordenó al Sebin y a la Dgcim que traspasaran a todos las personas que tenían bajo su custodia al Ministerio del Servicio Penitenciario. Esta decisión fue adoptada meses antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara su decisión de abrir una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014.
Pero esta no fue la única regresión observada por Türk. El Alto Comisionado denunció que las desapariciones forzadas no solo continúan siendo habituales en Venezuela, sino que además se viene extendiendo el tiempo durante el cual se desconoce el paradero y la condición de las personas detenidas.
“El Acnudh documentó 84 casos de desapariciones forzadas (62 hombres, 15 mujeres y siete adolescentes) por periodos que van de uno a 159 días”, se lee en el reporte, en el cual también se revela que la suerte de “unas 28 personas que fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales (…) sigue siendo desconocida”.
Estas situaciones no habrían ocurrido si la justicia venezolana fuera independiente e imparcial. Como lo han denunciado otras instancias, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU, los jueces y fiscales han dotado “de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos” cometidas por el Gobierno en los últimos años.
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