Los hermanos colombianos no solo cuentan con instituciones sólidas construidas para apelar a ellas cuando la política es usada para desviar los procesos de sus cauces correctos. En el vecino país la sociedad está atenta a los desmanes de los políticos de manera de corregirlos o impedirlos. Lo estamos viendo en el episodio actual en el que el propio presidente de la república le ha dado por descalificar el proceso comicial de su país que apenas despunta, con el ánimo de sembrar inquietud y desconfianza en el electorado o, incluso, con el fin de promover un estado de excepción para justificar su suspensión. ¡Todo se vale, pensará el cordobés!
Ya en el ambiente ha comenzado a hacer mella la descalificación que se está armando desde la Casa de Nariño, pero Colombia no se deja. Una alerta generalizada a través de los medios y de las redes le ha puesto volumen a una nueva actuación estrafalaria de Gustavo Petro en la que dice desconfiar del proceso electoral. Precisemos que Colombia deberá acudir a las urnas en dos vueltas de votaciones presidenciales a partir del 31 de mayo de 2026, precedidas estas de la elección parlamentaria que tendrá lugar en marzo.
La aseveración presidencial sobre la poca transparencia del proceso que a él mismo le toca vigilar y hacer cumplir legalmente no puede ser calificada sino de burda estrategia política. El momento no pudo ser mejor seleccionado por el mandatario: esto ha ocurrido luego de la adjudicación por parte de la Registraduría, del contrato público que servirá de marco logístico al proceso comicial. 10 oferentes se habían presentado a concurso y solo la empresa ganadora presentó su propuesta dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso. Pero, además, esta resulta ser la misma que, en su momento, también cubrió los comicios en el que el propio Gustavo Petro fue electo alcalde, parlamentario y presidente. Así es como una maniobra de este género sin duda siembra desconfianza en el electorado y contribuye a viciar los resultados electorales.
Pero allí no se detiene el empeño presidencial por pervertir la justa electoral. Una ley mordaza para las encuestas también se ha puesto en marcha y está ya para firma del mandatario. El principal cambio es que las encuestadoras no pueden publicar datos recabados sobre intención de voto sino 90 días antes del primer día de inscripción de los candidatos. Ninguna encuestadora, por demás, fue contactada para recabar su opinión sobre un tema de tanta relevancia. Un golpe nuevo a la información y la democracia está siento impulsado desde el palacio presidencial.
A fin de cuentas, son relevantes dos cosas: la primera es que en lo que queda de tiempo hasta las elecciones, desde lo alto del poder no se escatimarán esfuerzos para deslegitimar el proceso sembrando dudas sobre su justeza. La otra es que tanto las instituciones como la oposición política están superlativamente atentas a estas desviaciones y harán lo necesario por alertar sobre los desmanes presidenciales y corregir sus efectos. El país colombiano está aprendiendo con dolor las consecuencias de haber traído al poder a un gobierno de izquierda inescrupuloso, desenfocado, atrabiliario y empeñado en mantenerse en el poder a cualquier costo.
Lo lamentable es que mientras esto ocurre el país anda a la deriva y continúa huérfano de gobierno, enfrentando la desinversión de propios y ajenos, sometido a los altibajos de cambios en el equipo que acompaña al presidente y, peor que nada, viviendo los avatares de una política exterior plagada de ataques a quienes deben ser sus mejores socios.
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