Luz Mely Reyes y Rafael Uzcátegui analizaron el uso del término «desaparición forzada» en Venezuela

La segunda emisión del espacio Efecto Paz, una iniciativa conjunta del Laboratorio de Paz y Efecto Cocuyo, puso el foco este jueves en un tema polémico y sensible en Venezuela: las desapariciones forzadas.
Los presentadores del programa, Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Rafael Uzcátegui, fundador del Laboratorio de Paz, desglosaron el reciente informe de Amnistía Internacional que documenta 15 casos de esta situación, considerado crimen de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
Los presentadores del programa, Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Rafael Uzcátegui, fundador del Laboratorio de Paz, desglosaron el reciente informe de Amnistía Internacional que documenta 15 casos de esta situación, considerado crimen de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
El informe de Amnistía Internacional, publicado recientemente, no solo pone nombres y apellidos a las víctimas —venezolanos y extranjeros de países como Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay—, sino que señala un patrón claro: las desapariciones forzadas son parte de un ataque «sistemático y generalizado» contra quienes el régimen considera disidentes.
«Desde detenciones sin información sobre el paradero, hasta casos como el del periodista Rory Branker, la persecución se ha intensificado, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024. En Venezuela, la desaparición forzada no es solo un término técnico. Es el dolor de una madre que no sabe dónde está su hijo, de un amigo que busca respuestas en comisarías vacías”, explicó Rafael Uzcátegui.
Según el informe, 11 de las 15 personas documentadas siguen desaparecidas, un recordatorio de que este crimen no es cosa del pasado, sino una práctica que se ha «normalizado» en el país.
“Grabar un video sobre seguridad o cubrir una protesta se ha convertido en un delito”, lamentó Uzcátegui.
El informe de Amnistía Internacional no solo documenta, sino que exige acción. Pide a la Corte Penal Internacional (CPI), que ya investiga al gobierno de Nicolás Maduro, y a tribunales con jurisdicción universal, que procesen a los responsables, incluyendo a la cadena de mando.
«Venezuela es el primer país de América Latina donde la CPI inicia una investigación y en este momento todos estamos sumando elementos para que finalmente se decida cuál es el caso concreto. No es solo la responsabilidad del Estado, sino de personas con nombre y apellido”, subrayó Uzcátegui.
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